Por David Cufré
El equipo económico tiene en carpeta cinco proyectos para alentar el crecimiento económico de implementación inmediata y discute otros tres con el Congreso y el Grupo Productivo. Un estrecho colaborador de José Luis Machinea confirmó ayer a Página/12 las iniciativas que marcarán el curso de acción de Economía. �Hay un flujo permanente de medidas, no un shock productivo�, prefirió definir el alfil del ministro, relativizando la afirmación del asesor jefe, Pablo Gerchunoff, quien anteayer hablaba de ese �shock� que no será tal.
Sin embargo, en privado Machinea les dice a los máximos dirigentes de la Unión Industrial que su intención es dinamizar el mercado interno. Y para ello, avanzará con propuestas elevadas por el Grupo Productivo. Página/12 anticipó el domingo que una de las medidas que entusiasmó al ministro era la prórroga de vencimientos de las facturas de servicios públicos para las pymes. Es una forma indirecta de financiarlas a una tasa razonable, del 12 por ciento anual. �Es una vieja idea de José Luis (Machinea) y de Pablo (Gerchunoff)�, recordó el amigo-funcionario del titular de Hacienda.
El proyecto consiste en alargar los plazos de pago a 90 o 120 días, �eso lo estamos viendo�, dijo el funcionario. Los bancos Nación, Provincia y Ciudad serán los primeros en facilitar la operación, pero podrían sumarse entidades privadas. Los bancos cobrarán las facturas a las pymes, aplicando la tasa de interés. No existen demasiados temores a la morosidad, puesto que si las empresas no pagan sufrirán el corte del servicio de agua, luz, gas o teléfono, según la factura de que se trate.
Economía se puso en contacto con los bancos oficiales y las privatizadas y encontró eco favorable para avanzar con la medida. Su importancia reside en que las pymes se beneficiarán con un desahogo financiero, estimado en mil millones de pesos.
En cambio, Machinea & Gerchunoff rechazan la propuesta del GP de reimplantar aportes patronales a las privatizadas. Si bien reconocen que en algunos casos, como peajes (�todo lo que se hizo en el pasado fue un papelón�) y telefonía (�también fue espantoso�), las empresas no trasladaron a tarifas la rebaja de aportes, prefieren encarar nuevas negociaciones. �En peajes hay que discutirlo todo de nuevo, y en telefonía se abre la competencia�, dijo el funcionario. Para ejemplificar por qué Economía se inclina por negociaciones puntuales con las privatizados, donde además del tema tarifas se discutan nuevos planes de inversión, el funcionario señaló que �en agosto bajará el precio de la electricidad por mayor producción de las hidroeléctricas, y eso abre una nueva instancia para el diálogo�, afirmó. Y que en gas �habrá novedades importantes�.
Otros proyectos en los que avanzó Economía son los siguientes:
Nuevo régimen de promoción. Se reemplazará así el mecanismo de diferimientos impositivos. Economía plantea que se extienda a cualquier rubro productivo o de servicios, en lugar de limitarlo a la industria como en el pasado. Se planea identificar sectores y regiones postergados y asignarles un monto específico de asistencia, que deberá figurar en el Presupuesto. �Podrán ser 60, 80 o 100 millones, pero deberá quedar claramente establecido en el Presupuesto, porque de lo contrario, con diferimientos impositivos, había un desmanejo de recursos y falta de eficiencia en los resultados�, subrayó el hombre de Economía.
En lo conceptual, los diputados Horacio Pernasetti y Beatriz Nofal redactaron un proyecto de ley similar. Es el Programa de Desarrollo Regional, donde también se seleccionan regiones necesitadas de radicación de empresas y se permite que sean de cualquier rubro. Sin embargo, el incentivo fiscal es de más de 300 millones de pesos, muy por encima de lo que pretende Economía. �Vamos a discutirlo y buscar la forma de llegar a un acuerdo�, señaló el funcionario.
Fondo de Infraestructura bajo el �sistema inglés� por 20 mil millones de dólares. El Estado licita la construcción de obra pública y delega en elconcesionario ganador la financiación de ésta. Una vez finalizada, el Estado le paga un canon durante 25 años. De ese modo, en principio no tiene costo fiscal y resulta una herramienta útil para apuntalar la reactivación. Para que el concesionario vea reducido su costo de financiamiento, el Estado creará un fondo de garantía, integrado por parte del presupuesto anual de obras públicas, la recaudación adicional del Impuesto a la Transferencia de Combustibles (no se subirá la tasa del gravamen, sino que se supone que los ingresos subirán por mayor consumo) y algunos bienes del Estado. También podrían conformarlo fondos de préstamos del Banco Mundial, del BID y de bancos privados.
Comercio exterior. Economía pretende encarar una reestructuración a fondo de la Aduana. �Es una deuda muy grande que tenemos con el sector industrial�, admitió. �Los vamos a invitar a aportar ideas y a que nos ayuden a mejorar los controles; habrá cambios importantes muy pronto�, prometió.
Baja de 3 puntos en el arancel externo común del Mercosur a los bienes de capital. Brasil accedió a esa antigua demanda argentina. El Gobierno busca abaratar los costos de producción. Esta medida va en línea opuesta al reclamo en ese sentido del Grupo Productivo, de elevar las barreras proteccionistas.
Además de esos proyectos, Economía analiza otras propuestas sugeridas por diputados de la Alianza y el Grupo Productivo. Una de ellas es crear un fondo fiduciario con dinero aportado por las AFJP para financiar planes de inversión del sector productivo. Otra iniciativa es lanzar un plan de viviendas, con una nueva utilización de las partidas del Fonavi, para financiar la tasa de interés de proyectos particulares de construcción de viviendas. Otra alternativa es que haya un aporte directo de capital por parte del Estado a los particulares. Los beneficiarios seguirán siendo seleccionados por las provincias.
opinion
Por Dr. Espínola Vera * |
El Estado debe intervenir ante el abuso
El decreto que fija un tope a la cantidad de horas extras ha abierto una discusión necesaria en cuanto a la procedencia de fijar normas en las cuestiones referidas al trabajo. ¿Cuándo corresponde que una legislación ponga límites a la voluntad de las personas expresada individual o colectivamente en materia laboral? No cabe duda que allí donde hay un abuso la ley debe intervenir, entonces, ¿por qué ha generado tanto revuelo el tope a las horas extra que ha fijado el decreto 484/2000?
Después de casi diez años en los que los niveles de ocupación fueron cayendo en forma permanente, y el empleo precario pasó a ser una realidad para los trabajadores argentinos, es entendible que algunos hayan querido mantener esta situación, con la creencia errónea de que era ventajosa para los empleadores y empleados.
La Argentina era el país que más horas extra autorizadas tenía en el mundo (320 anuales), mientras países similares al nuestro tienen un límite de 200. En el caso de los países desarrollados como España el mismo es de 60. En promedio, además, los argentinos trabajan anualmente la mayor cantidad de horas, superando entre otros a Brasil, Estados Unidos, Japón, llegando al extremo de superar en un 50 por ciento a países como Alemania (2250 de Argentina frente a 1559 de Alemania).
Estos datos serían más que suficientes para tomar la decisión de revertir esta situación irregular, de claro abuso a los derechos de los trabajadores. Sin embargo, existieron otras razones de peso al momento de tomarla: una sobrecarga de horas de trabajo atenta contra la productividad y la eficiencia en el trabajo, además de ser la causa de accidentes y enfermedades laborales, con secuelas sociales en la vida y la salud de los trabajadores y sus familias. En definitiva, la fatiga laboral no sólo provoca accidentes, sino también envejecimiento prematuro.
Condenar a un trabajador a realizar jornadas interminables de labor, además de perjudicar notablemente su salud, es condenarlo a no poder mejorar el nivel de su empleo, y por ende su situación económica.
Un solo dato ayuda a ilustrar esta situación: el nivel de remuneraciones (incluidas la horas extra) es mejor en los países con menor cantidad de horas suplementarias.
Con respecto a los empleadores, se argumenta que aumentará el costo de producción, por tener menos horas de trabajo disponibles por parte de los trabajadores. Este argumento, además de incorrecto, puede ser una puerta abierta para cometer abusos de toda índole. El costo de producción no aumenta por respetar la norma que limita las horas extra. Si fuera menos costoso tener a un empleado trabajando catorce horas por día, ¿habría que permitirlo? Si la evasión disminuye costos, ¿habría que fomentarla? Desde que asumió, el gobierno de la Alianza ha dejado bien claro que no habrá tolerancia para la falta de cumplimiento de las leyes, que ha producido pérdidas multimillonarias para el Estado, y una degradación creciente del empleo y la producción.
Por otra parte, como ya hemos señalado, la nueva Ley de Reforma Laboral dispone una baja en los costos de contratación de los empleados, además de agregar beneficios adicionales en los casos en que se contrate a quienes tienen más dificultad para conseguir trabajo (jóvenes de menos de 25 años, mujeres jefas de hogar y mayores de 45). Por lo tanto, ese argumento queda sin sustento.
En países que han establecido límites a las horas extra la productividad es de tres a cuatro veces más alta que en la Argentina.
El complemento imprescindible de lo expuesto es la política llevada adelante por el Gobierno para reconstruir la administración laboral. Es nuestra prioridad ejercer el contralor del cumplimiento de las normas laborales y de la seguridad social, en especial en lo relativo al régimen de jornada y descansos y de condiciones de salud e higiene en el trabajo. El límite a las horas extra es una medida que tiene como objetivo la humanización del trabajo, y en esa dirección también está la recuperación del empleo, para lo que este Gobierno está destinando todos sus esfuerzos.
Hemos empezado a transitar un camino de crecimiento económico, pero es muy importante que cada paso que avancemos se apoye en bases de equidad. Esta es la única forma de garantizar que nuestro país no crezca sólo para unos pocos.
* Subsecretario de Relaciones Laborales. |
Desconfían del crecimiento
Miguel Angel Broda desconfía de los pronósticos de la conducción económica. Según los datos del consultor ultraliberal, el Producto Bruto crecerá este año menos del 2 por ciento, la mitad de lo previsto por José Luis Machinea. Broda también descree que se puedan cumplir las metas fiscales pautadas con el FMI, pese a la notable recaudación impositiva de junio, �salvo que el Gobierno saque un as de la manga�. �Para crecer este año al 3,5 por ciento, tienen que alcanzarse niveles de crecimiento anuales del 14 por ciento en el tercer y el cuarto trimestre�, evaluó. El que no pierde el optimismo es Daniel Marx, secretario de Finanzas, quien consideró que el Gobierno viene cumpliendo sin sobresaltos el programa de financiamiento previsto a principios de año. Pese a ello, adelantó que se solicitará a los organismos multilaterales de crédito (Banco Mundial y BID) que aceleren los desembolsos que tienen previsto otorgarle a la Argentina, con el objetivo de conformar un �colchón adicional�. Ese pedido, estimó, �no afectaría de manera relevante nuestra salida a los mercados� financieros. |
La UIA y la CGT disidente
buscan compartir el bote
Por Raúl Dellatorre
La CGT disidente y la Unión Industrial Argentina apuran el paso para llegar juntos a la mesa de concertación convocada por la Pastoral Social y, desde allí, llevar su propuesta de reactivación económica al gobierno nacional con bendición de la Iglesia. En el camino, intentarán sumar a otros sectores productivos �nucleamientos empresarios� y del trabajo -CGT oficial y CTA�, pero el núcleo impulsor quedará en manos de las organizaciones que encabezan Hugo Moyano y Osvaldo Rial. El próximo viernes, ambas entidades sellarían sus coincidencias en un documento conjunto. Así quedó acordado en un encuentro reservado que el martes a la noche mantuvieron el propio Rial, Ignacio de Mendiguren y Pablo Challú, por la UIA, y un terceto de sindicalistas encabezados por el colectivero Juan Manuel Palacios.
En la última semana de junio, los equipos técnicos de la CGT disidente y la UIA consensuaron las respectivas propuestas económicas, que ya en principio contaban con varios puntos de coincidencia. La política activa que buscan impulsar de parte del Gobierno tiene como eje la reactivación por vía del estímulo de la demanda, a través del refuerzo de los ingresos de los sectores más castigados por el modelo. Según coincidieron técnicos de uno y otro sector, �de poco sirve que se facilite el acceso de las pymes al crédito, si no va acompañado de medidas que le aseguren una salida a la producción�.
Ambos nucleamientos comparten un diagnóstico marcadamente distinto del que esgrime el oficialismo: no hay signos de reactivación y, por el contrario, el paquete de ajuste y las medidas impositivas puestas en práctica no han tenido otro efecto que deprimir más la demanda interna, afirman. La evolución de la economía no sólo va profundizando las diferencias con esa mirada optimista del oficialismo sino que, fundamentalmente, amplió la distancia con respecto a la posición de los sectores financieros y los grupos económicos más concentrados.
Pero más que las coincidencias programáticas, lo que acerca a la CGT de Moyano y a la UIA es el temor compartido a una nueva y definitiva vuelta de tuerca en el modelo neoliberal: la dolarización, propuesta que ven avanzar con más fuerza a medida que el plan sigue sin cosechar resultados positivos en la economía real.
La propuesta conjunta contemplará una �inyección� de fondos en el mercado interno a través de un seguro de desempleo para jefes de familia. Por tratarse del estrato más bajo de ingresos, se estima que el �efecto multiplicador� del consumo de estos sectores será mucho mayor que si los beneficiarios fueran sectores de ingresos altos o medios. Adicionalmente, se propondrá un aumento de los aranceles externos �acercándolos al límite del 35 por ciento admitido por la OMC� para evitar que la mayor demanda efectiva huya hacia productos importados.
�Fue una forma de eludir el debate sobre la devaluación, pero el argumento será la necesidad de compensar la pérdida de competitividad por la revaluación de la moneda local, que sólo con respecto a Europa alcanzó al 25 por ciento en el último año�, confesó uno de los técnicos que participa en la elaboración de la propuesta. Ello se complementa con una batería de medidas de apoyo a la pequeña y mediana industria en materia impositiva y crediticia, para posibilitar que puedan responder a la mayor demanda interna.
La forma de financiación inicial del seguro de desempleo fue aportada por la UIA: volver a aumentar los aportes patronales de las grandes empresas de los sectores no transables, incluidos los servicios privatizados. En etapas posteriores, los fondos provendrían del aumento de ingresos fiscales por el efecto reactivación.
La UIA, la CGT disidente y la Iglesia (a través de la Pastoral Social) aparecen como las tres patas en que se apoya una propuesta que, lo saben, podría generar un cimbronazo al interior del Gobierno, pero que serviríade respaldo al sector que se resiste a la �obediencia debida� con los dictados del mercado. Pero todavía los socios de la inminente alianza multisectorial se siguen mirando con desconfianza: los sindicalistas temen que los empresarios se dejen seducir por algún �paquete de medidas de apoyo� del Gobierno; los empresarios no descartan que Moyano termine �utilizándolos� para obtener réditos políticos y la Iglesia trata de preservar su imagen para no quedar �pegada� a una propuesta de confrontación con el Gobierno. Con pies de plomo, todos avanzan por ahora tomados de la mano, pero conscientes de que �no los une el amor, sino el espanto�.
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