La Cámara de Diputados dio ayer media sanción, y giró al Senado, el proyecto de ley antievasión. La iniciativa limita en 10.000 pesos las transacciones en efectivo, castiga a las empresas que desvíen aportes patronales e impone un control electrónico en el mercado de la carne y al almacenamiento de trigo. También prevé fuertes multas en los casos de evasión de cigarrillos y combustibles y crea un régimen previsional simplificado para las pequeñas y medianas constructoras. �La norma es importante porque cierra huecos por donde se cuela la evasión�, opinó en diálogo con Página/12 Rodolfo Terragno, jefe de Gabinete e impulsor del proyecto.
La media sanción se produjo cinco meses después de que el Gobierno presentara el proyecto. Ante el retraso, Fernando de la Rúa firmó un decreto de necesidad y urgencia hace dos semanas limitando las operaciones en efectivo. Pero una vez que el Senado convierta en ley el proyecto, el decreto presidencial quedará derogado.
El proyecto fue aprobado en general a mano alzada por los legisladores debido a que había consenso entre las distintas bancadas. �El combate de la evasión no es patrimonio de un partido, sino la obligación del Estado nacional�, definió el justicialista Oscar Lamberto. �Esto no es Todo por dos pesos. Cada capítulo del proyecto representa al menos 300 millones de evasión�, remarcó Raúl Baglini (Alianza). El momento más tenso de la sesión fue cuando los diputados analizaron la iniciativa en particular. La reacción provino de los patagónicos al momento de votar el Capítulo séptimo. En él, se prevé ponerle un tope al subsidio que reciben los estacioneros de la Patagonia por el combustible que expenden. Según el proyecto, ese límite tomará en cuenta, entre otras variables, la venta promedio de cada estación de servicio. �El fraude en este subsidio alcanza a los 100 millones de pesos anuales�, señaló a este diario Ricardo Paterson (Alianza). Según la iniciativa, cuando una estación venda por encima del promedio, deberá justificarlo ante la AFIP para cobrar el reintegro. Finalmente, el artículo se aprobó 98 contra 84.
Los principales puntos del proyecto antievasión son los siguientes:
Tope al dinero en efectivo. Todo pago superior a los 10.000 pesos deberá realizarse obligatoriamente mediante operaciones bancarias, sean éstas depósitos, giros, cheques o tarjetas de crédito. �Yo sé que esta obligación va a traer resistencias. Este es un país donde todo se paga con la valijita�, graficó Terragno. De esta manera, el Gobierno tendrá bajo control las operaciones de compra-venta de inmuebles, autos, aviones y barcos, por ejemplo. A través de esta ley, el Gobierno quiere ponerle coto al lavado de dinero.
Cheque cancelatorio. Podrán utilizarlo las personas que no posean cuentas bancarias o tarjetas de crédito. Será emitido por el Banco Central y expendidos por los bancos. Cada uno costará, como máximo, el 0,25 por ciento del importe total de la operación. Con la utilización de este instrumento se evitarán los fraudes ya que, al emitir el cheque, en forma instantánea el monto quedará acreditado en un fondo fiduciario y el receptor podrá cobrarlo.
Control electrónico. Involucrará a los matarifes, frigoríficos y las plantas de molienda de trigo. �Hubo un lobby fenomenal, pero vamos a controlar uno de los focos de evasión�, admitió Terragno a Página/12.
Sistema de identificación tributaria y social (SINTyS). Se entrecruzarán los datos de la AFIP con los distintos organismos oficiales para detectar evasores.
Pymes de la construcción. Habrá un régimen especial simplificado para las pymes del sector que facturen hasta 12 millones de pesos anuales. El objetivo es blanquear trabajadores.
Aportes. Cuando una empresa despida a un trabajador (o se extinga el contrato) y tenga atrasos en el pago del aporte a la seguridad social, deberá seguir abonando el sueldo hasta la cancelación total de la deuda con el organismo correspondiente.
Cigarrillos. Si se detectan atados que debieron venderse al extranjero y no lo fueron, habrá fuertes multas (cinco veces el valor del impuesto interno). Además, cada paquete destinado a la exportación deberá contar con la siguiente leyenda: �Consumo Externo�. �Sólo para exportación- Prohibida su venta en el territorio argentino�.
Las tabacaleras justifican el alza de cigarrillos
�Podrían haber subido el doble�
�Si no hubiésemos conseguido este acuerdo, el precio de los atados habría aumentado el doble, puesto que no se trasladaron a precios la suba impositiva de diciembre del �99.� Así explicó un vocero de las empresas tabacaleras el aumento del 12,5 por ciento que aplican desde el miércoles merced al �convenio de recaudación� alcanzado con el Ministerio de Economía y mediante el cual también se comprometieron a abandonar las exportaciones de marcas nacionales a países limítrofes. El buen ánimo de las compañías se reflejó en el anuncio de Massalin Particulares de mantener las operaciones de la fábrica correntina de Goya, la misma que amenazó cerrar en diciembre. �Es una gran noticia para todos�, declaró el presidente Fernando de la Rúa.
La elevación del gravamen extraordinario a los cigarrillos del 7 al 21 por ciento, destinado al Fondo de Asistencia Social, estuvo dentro del primer paquete impositivo anunciado en diciembre del �99. En aquel momento las tabacaleras optaron por no confrontar con el gobierno entrante y no trasladaron a precios los mayores costos implícitos. Pero las negociaciones con economía continuaron y el resultado fue el presente convenio que consigue la extraña alquimia, ansiada por la ciencia tributaria, de bajar impuestos y subir la recaudación. Claro que la alquimia no es magia y los recursos deben salir de algún lado, en concreto del aumento de precios pagados por los consumidores.
Mediante el acuerdo firmado entre Economía y la Cámara Argentina del Tabaco �integrada por Massalin Particulares y Nobleza Piccardo� el Estado se compromete a una baja progresiva del 21 al 7 por ciento del impuesto destinado al Fondo de Asistencia Social, mientras que las compañías se obligan a ingresar al fisco 1800 millones de pesos anuales y, paralelamente, abandonar las exportaciones de marcas nacionales a los países limítrofes. El convenio, que de cumplirse aportará al Estado 275 millones más que en 1999, operará mediante bajas cuatrimestrales progresivas atadas a cumplimiento de recaudación. La primera reducción, vigente desde el miércoles, fue del 21 al 16 por ciento. Si las empresas cumplen con la recaudación comprometida, a partir del 20 de octubre se reducirá al 12 por ciento y, desde el 20 de febrero del 2001, al 7 por ciento.
Pero el aspecto más conflictivo continúa siendo el del contrabando. El argumento de las tabacaleras es que el 70 por ciento de impuestos que se paga en Argentina contrasta demasiado con, por ejemplo, el 16 por ciento que se abona en Paraguay. La solución encontrada fue la eliminación lisa y llana de las exportaciones de marcas nacionales a países limítrofes a fin evitar el reingreso del mismo producto como contrabando. Así, la única tabacalera del mercado local que exporta perderá un importante negocio. Sin embargo la firma confía en que no deberá despedir a ninguno de los 200 empleados en su área de comercio exterior.
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