La �reconciliación nacional� en las dictaduras del Cono Sur parece requerir conocer el destino final de los desaparecidos. Y eso implica la cooperación de las fuerzas armadas. En Chile, cuando la Mesa de Diálogo obtuvo ese compromiso, los familiares de las víctimas se opusieron de inmediato a una medida que amenazaba con sellar la impunidad de los represores además de la �reconciliación�. En Uruguay �donde la ley de amnistía es mucho más excluyente y no hay procesos judiciales contra militares� fue un representante informal de los familiares quien anunció ayer que el ejército de ese país colaboraría con las pesquisas sobre las víctimas de la dictadura de 1973-85. Luis Pérez Aguirre, un sacerdote jesuita asociado al Movimiento de Familiares de Desaparecidos (Fedefam), aseguró a varias radios que las fuerzas armadas entregarían los restos que poseían de los desaparecidos. Y el presidente Jorge Batlle ya aseguró que su gobierno costearía los exámenes de ADN para identificarlos.
El mecanismo para este proceso será la Comisión para la Paz, una entidad que será creada en los próximos días. Pérez Aguirre, a quien Batlle le pidió personalmente que participara, aseguró que �Uruguay va a ganar conciencia en materia de derechos humanos�. Además de los uruguayos desaparecidos en el país, la comisión también investigará los casos de uruguayos desaparecidos en el exterior, los extranjeros desaparecidos en Uruguay, así como de los cuerpos encontrados en costas uruguayas a mediados de la década de 1970 y sepultados como �NN�. Esto último teóricamente podría incluir restos de desaparecidos argentinos arrojados al río, pero ayer no se precisó. En Uruguay, la comisión preparará una lista de los desaparecidos y podrá recibir pedidos adicionales de investigación. Pero Pérez Aguirre señaló que eso era improbable dado que los familiares ya recolectaron por su cuenta gran parte de la información. �Nosotros tenemos el 90% de la información. Si la comisión lo que va a hacer es a corroborar ese 90%, es un fracaso. No puedo ir a los familiares a decirles lo que ya saben.� Y, para obtener ese 10 por ciento restante, la cooperación de militares y policías es �fundamental�.
El presidente Batlle ya estuvo preparando el terreno para que eso fuera posible. El 10 de junio sostuvo una reunión con el ministro de Defensa, Luis Brezzo, y el comandante en jefe del ejército, Juan Geymonat. Dos días después, el presidente pudo informar a su gabinete que en el ejército había �buena disposición� para cooperar en el tema. Batlle también �está haciendo un trabajo muy interesante, no sólo con los oficiales en actividad y con los mandos, sino con los clubes militares donde están los retirados que vivieron esa época traumática�, precisó Aguirre. La Casa Militar del presidente actuará como enlace entre el ejército y la Comisión para la Paz. Utilizando sus propios datos, los militares entregarán los restos de los desaparecidos que sean recuperables y los entregarán a la comisión. Para identificarlos, se utilizarán pruebas de ADN. Pérez Aguirre aseguró que el costo de esa operación sería limitado. �A diferencia de la Argentina, donde analizar el ADN de más de 30.000 personas es económicamente inviable�, el número mucho menor de desaparecidos uruguayos (175) posibilita que el Estado afronte los gastos, de unos 100.000 dólares. �El presidente nos dijo que para nosotros es accesible y que de ser necesario lo vamos a hacer, nosotros podemos tomar el ADN de los 100 familiares que tenemos implicados y confrontarlos con los restos (que entreguen los militares)�, concluyó el sacerdote.
EN LAS AUDIENCIAS DE LA CORTE SUPREMA
Pinochet sería re-desaforado
Después que la defensa de Augusto Pinochet apele este viernes la resolución de la Corte de Apelaciones de Santiago que le quitó su inmunidad parlamentaria, el destino del ex dictador estará en manos de los 20 jueces que componen actualmente la Corte Suprema, todos ellos �salvo tres� promovidos a este cargo durante los gobiernos de la Concertación.
La mayoría de los pronósticos �de los querellantes, dirigentes oficialistas y de la derecha� coinciden en que el resultado de la vista del desafuero en el Tribunal Superior será probablemente más estrecho que en la Corte de Apelaciones, pero favorable al desafuero del general, si se considera lo que ha sido la actitud reciente de estos jueces en las causas relacionadas con violaciones a los derechos humanos.
Entre los abogados querellantes confían en un resultado de 12 a 8 contrario a Pinochet, pero en la prensa de derecha se ha especulado sobre un posible resultado de 11 a 9, también adverso al ex dictador y otros creen en un empate. El presidente de la pinochetista Unión Demócrata Independiente (UDI), Pablo Longueira, después del fallo de la Corte de Apelaciones, criticando el carácter �político� del juicio contra Pinochet, sostenía que no tenía sentido apelar al Supremo, porque ya se sabe cómo va a sentenciar.
La Corte Suprema chilena ha cambiado profundamente respecto de cómo era en dictadura, cuando rechazó miles �prácticamente todos� de recursos de amparo presentados por parientes de las víctimas. Cuatro de los 20 magistrados fueron nombrados mientras era jefe de Estado Patricio Aylwin (1990-1994) y los otros trece durante el gobierno de Eduardo Frei (19942000), con el apoyo de dos tercios del Senado. Es en una sala de este tribunal, la penal, donde surgió la interpretación que permite esquivar la ley de amnistía promulgada en dictadura, pues mientras los cuerpos de las víctimas no aparezcan existe el secuestro permanente, y estos jueces son los que han declarado la preeminencia de los Convenios de Ginebra sobre la ley interna, que impide la prescripción de los crímenes.
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