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Por Irina Hauser
Lo que para el megaempresario Francisco Macri empezó como una
acusación por contrabando agravado de autopartes, cuando presidía
la ex empresa Sevel, está por convertirse en algo mucho peor. La
fiscal en lo penal económico Gabriela Ruiz Morales pedirá
en los próximos días que se amplíe la investigación
y que sea indagado como sospechoso de evasión impositiva junto
con otros doce viejos directivos de la firma. El lunes pasado el juez
Carlos Liporace trabó un embargo preventivo de 36 millones de pesos
contra Peugeot (que compró Sevel) como parte de este expediente.
Macri, que tiene la concesión del Correo Argentino y preside el
grupo Socma, fue procesado por contrabando agravado reiterado en setiembre
del año pasado junto con uno de los directivos de Sevel Uruguay,
Doménico Ferraris. Para ese entonces la investigación había
dejado en claro cuál era la maniobra que utilizaban para beneficiarse
económicamente: Sevel Argentina vendía piezas de autos –especialmente
de Fiat Uno y Duna– a la firma homónima uruguaya y las declaraba
como exportaciones “definitivas” cuando en realidad volvían
al país como importaciones en vehículos armados que la empresa
se compraba a sí misma. De acuerdo con el sistema aduanero, cuando
una firma local vende algo a otro país en forma “definitiva”,
tiene derecho a cobrar un reintegro. O sea, Sevel cobraba sumas millonarias
que no le correspondían. A su vez, también se arrogaba un
arancel preferencial del 2 por ciento, previsto en el régimen automotriz
por importar (aunque en este caso se trataba de lo mismo que había
exportado).
La Justicia registró despachos aduaneros sospechosos con fechas
que abarcan desde 1993 hasta 1995. La pesquisa inicial, que comanda Ruiz
Morales, se centró en los movimientos de unos cuatro meses del
año 1994. La fiscalía detectó que en unos 1500 casos
coincidían los números de motor y de chasis exportados a
Uruguay como piezas con los de los autos terminados importados desde allí.
Sólo por ese paquete, Macri y su equipo habrían cobrado
6 millones de dólares de reintegros de la Aduana, informó
a Página/12 un funcionario allegado a la causa. Pero en realidad,
el beneficio escalaría a 500 millones al sumar las ganancias logradas
por haber mantenido un equilibrio ficticio en su balanza comercial.
Macri y Doménico apelaron sus procesamientos. El delito de contrabando
que se les adjudica tiene una pena de 2 a 10 años de prisión
y, en este caso, por estar calificado como “reiterado” podría
dejarlos tras las rejas. La Sala B de la Cámara debe resolver la
situación procesal de ambos empresarios en los próximos
días. Si ratifica los procesamientos, la fiscal –según
pudo saber este diario– pedirá instantáneamente la
ampliación de la causa, la indagatoria, el procesamiento y la prisión
preventiva de Macri y el directorio de la ex Sevel por haber evadido impuestos.
Los camaristas también deben revisar la falta de mérito
que favoreció a Mauricio Macri y al ex titular de la Unión
Industrial Argentina (UIA) Jorge Blanco Villegas, entre otros. Con todo,
pese a las idas y vueltas, dos ex gerentes de exportación la empresa
automotriz, Iván Santos de Nadai y Alfredo Ernesto Marenghi, ya
tienen procesamiento firme.
Esta causa que involucra al magnate también conocido por su romance
ya caduco con la actriz Flavia Palmiero nació en 1997 como un desprendimiento
de otra similar contra la firma Ciadea, que representaba a Renault, y
pertenecía a Manuel Antelo (que fue procesado en Córdoba
por contrabando) y empresarios brasileños. Los directivos de Ciadea
habían acusado sin vueltas a sus competidores de Sevel de apelar
a las mismas artimañas que ellos. El expediente contra Macri estuvo
primero en manos del juez Guillermo Tiscornia, quien fue destituido por
juicio político por el Senado, y pasó al juzgado de Liporace.
El embargo de 36 millones que esta semana ordenó el juez contra
la ex Sevel generó un enorme malestar entre los directivos actuales
de la compañía, que hicieron trascender que ellos no tienen
“nada que ver” y responsabilizaron a sus antecesores. Hasta
ahora la investigación no avanzó demasiado sobre la Aduana,
que se presentó como querellante recién después de
que Macri fuera procesado. Sin embargo, se trata de un eslabón
clave para que Sevel Argentina sacara provecho de su comercio con Uruguay.
Se sabe que existieron dictámenes contrarios al pago de reintegros.
Alguien, sin embargo, los refrendó.
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