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Por A.M. 
Víctor Alderete seguirá preso, aunque por ahora no está
probado que haya sido el jefe de una asociación ilícita que
defraudó al PAMI. Así lo resolvió ayer el juez federal
Adolfo Bagnasco, quien dictó el procesamiento del ex presidente de
la obra social de los jubilados por defraudación a la administración
pública y lo embargó en cinco millones de pesos. Ese delito
es excarcelable y el ex funcionario podría haber recuperado su libertad,
pero el magistrado lo impidió por “la gravedad” y la “relevancia
social” de los hechos. Según Bagnasco, las conductas ilícitas
de Alderete afectaron a “los sectores más indefensos y olvidados
de la ciudadanía: integrantes de la tercera edad, enfermos de sida,
veteranos de guerra y enfermos mentales”. Ahora se abre un interrogante
sobre la actitud que tomará la Cámara Federal porteña,
tribunal ante el cual seguramente apelarán los defensores de Alderete.Si bien los camaristas de la sala I le habían negado a Alderete la posibilidad de estar en libertad mientras avanzaba la causa –porque argumentaron que en la denuncia estaba fundamentado sólidamente su presunto rol de jefe de una banda ilícita–, fuentes judiciales consultadas por este diario no parecían tan seguras de que sigan sosteniendo esa posición. Para dejarlo preso en el escuadrón Buenos Aires de la Gendarmería, donde está desde hace algo más de un mes, Bagnasco aplicó el artículo 319 del Código Procesal Penal que establece las restricciones para el otorgamiento de la excarcelación, basadas en una “objetiva valoración de las características del hecho”. Según el juez, Alderete es algo así como la quintaesencia de la maldad y la corrupción. “La gravedad de los hechos que nos ocupan, los que se cometieron en perjuicio de las arcas del Estado Nacional, obstaría a todas luces a la concesión de la libertad del acusado, por cuanto dichas conductas ilícitas adquieren una relevancia social más que trascendente (...) nos encontramos ante una multiplicidad de conductas ilícitas que formarían parte de una compleja maniobra delictual”, escribió en la resolución. Bagnasco también citó antecedentes en tal sentido de la propia Cámara. Pero la resolución puede ser cuestionada por sus superiores y Alderete podría volver muy pronto a su casa. La excarcelación puede negarse para asegurar el éxito de la investigación, si el juez sospecha que el imputado puede darse a la fuga o que pueda seguir delinquiendo. “¿Cómo hace para seguir delinquiendo quien no está más en la administración pública?”, se quejó el defensor de Alderete, León Arslanian. La denuncia de la Oficina Anticorrupción (OA) describió que Alderete montó una estructura de “poder discrecional” con amigos y parientes, que se beneficiaron con una serie de ilícitos que defraudaron al PAMI. La banda habría desactivado todos los mecanismos de control de la obra social y habría abusado de las contrataciones directas. “Cuando el personal encendía luces rojas sobre el deterioro de la calidad prestacional y el manejo financiero esa información era sistemática y selectivamente cajoneada, lo que redundó en condiciones infrahumanas de trato a los ancianos y puso en riesgo la continuidad de las prestaciones”, dice el escrito inicial de la OA. A modo de ejemplo, presentaron cinco casos testigo. En relación a las prestaciones médico asistenciales, el denunciante refirió que “la contratación de servicios médicos no estuvo regulada en ninguno de los puntos esenciales que hacen a la garantía de calidad y continuidad”. Las declaraciones testimoniales de ex empleados del PAMI y las ocho cajas de pruebas documentales –contratos, resoluciones, actas de directorio– llevaron a Bagnasco a considerar comprobados estos hechos, aunque la investigación continúa. Sin embargo, el delito de asociación ilícita requiere de la existencia de un conjunto de delincuentes. El juez determinó que no hay elementos suficientes para procesar a Alderete como jefe de esa banda porque aún no se han concretado numerosas medidas de prueba solicitadas por los fiscales Guillermo Montenegro y Paulo Starc. Al momento de defenderse en la indagatoria, el ex presidente del PAMI insistió en el estado de caos en que encontró a la obra social y en la naturaleza de la misma como ente público no estatal. Bagnasco descartó ambos argumentos. “Víctor Alderete concentró en su persona el poder necesario a fin de efectuar diversas contrataciones, despojadas de todo tipo de control”, dice la resolución. El juez verificó “irregularidades de trascendencia que implican una obligación abusiva para el Estado nacional y el consecuente perjuicio a sus arcas, de los contratos celebrados entre el Instituto con las firmas Advertising Image, Instituto de Macropsicología, CER.CO.MAN., IMARA y Bureau Veritas Argentina”. Desde su cargo al frente de la intervención y luego del directorio del PAMI, Alderete suspendió el Régimen de Compras y Contrataciones, y dictó una resolución que lo autorizaba a hacer contrataciones directas de servicios médicos. Pero el juez consideró que esas empresas no brindaban precisamente un servicio médico. Por lo tanto, concluyó que Alderete hizo “un intento forzado de demostrar la procedencia de la inclusión de las contrataciones entre las excepciones que el reglamento contemplaba”. Tras escuchar las explicaciones de sus colaboradores, entre quienes está su hijo Alejandro y su cuñado, Bagnasco decidirá si conformaron la banda denunciada por la OA. Mientras tanto, el ultramenemista seguirá tras las rejas pero esto no pareció preocupar demasiado a su abogado, León Arslanian. “Ha cambiado el escenario”, expresó luego de conocer la resolución, sin ocultar su alegría por la falta de definición del magistrado respecto del más “pesado” de los delitos que se endilgaban a su cliente.
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