Por Victoria Ginzberg
Representantes de organismos de derechos humanos intentaron llegar al
presidente Fernando de la Rúa para pedirle por la libertad de los
presos de La Tablada. Pero no fueron atendidos ni siquiera por un funcionario
de mediano rango y debieron dejar una carta para el Presidente en la Mesa
de Entradas. “Ante la lentitud de los caminos judicial y legislativo,
y teniendo en cuenta que trece presos realizan una huelga de hambre desde
hace 40 días, acudimos a usted como la más alta autoridad
de la Nación para solicitarle que arbitre las medidas necesarias
para cumplir con el deber del Estado hacia las recomendaciones de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos de la OEA”, dice el mensaje destinado
a De la Rúa.
Los miembros de las agrupaciones de derechos humanos trataron de acercarse
a De la Rúa luego de que el jueves no se tratara la ley elaborada
por el diputado frepasista Ramón Torres Molina –que permitiría
la libertad de los presos– y que no haya tampoco seguridad de que la
iniciativa, al menos, se considere la semana próxima. Miembros del
PJ aseguraron que para apoyar esa ley esperan que el Presidente se expida
públicamente sobre el tema. No hay señales de que De la Rúa
vaya a hacer tal cosa, pero el senador radical, delarruista por añadidura,
José María García Arecha señaló el jueves
que el proyecto “no expresa el pensamiento del Presidente”.
Allegados a los presos manifestaron ayer su preocupación sobre la
situación de los huelguistas, que consideraron “crítica”.
El senador mexicano del Partido de la Revolución Democrática,
Mario Saucedo, que vino al país para interceder por los detenidos
de La Tablada, se entrevistó con el vicepresidente Carlos Alvarez,
quien se comprometió a gestionar ante el ministro de Justicia, Ricardo
Gil Lavedra, el tratamiento del proyecto de ley. Saucedo también
se reunió con el senador justicialista Eduardo Menem, quien “se
mostró reacio a que los presos sean excarcelados”, pero dijo
que “aceptaría una ley donde se contemple la segunda instancia
judicial siempre que no se aplique el ‘dos por uno’ (el cómputo
de dos días por cada uno de sentencia cumplida)”, que permitiría
que los presos queden en libertad.
Mientras estaban en el país los miembros de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH), Gil Lavedra se había comprometido a impulsar
el proyecto de Torres Molina. Ayer, en confusas declaraciones, afirmó
que “el Ejecutivo apoya que se cumpla con la recomendación de
la CIDH, pero esto no quiere decir que se apoye un proyecto en concreto
determinado”. aunque luego agregó que “la única
manera de cumplir con la recomendación de la CIDH es a través
de una norma que establezca la posibilidad de recurrir a un tribunal superior”,
que es lo que establecería la iniciativa en cuestión.
El Consejo Mundial de Iglesias envió ayer una carta a De la Rúa,
en la que le expresan su “profunda preocupación por la actitud
tomada por el Gobierno ante la situación imperante de los presos
de La Tablada”. Si bien el informe del Servicio Penitenciario Federal
indica que los huelguistas “no tienen signos de descompensación
clínica” –menos Enrique Gorriarán Merlo y Roberto
Felicetti que los últimos dos días se negaron a realizarse
los controles médicos–, los abogados y miembros de organismos
de derechos humanos se mostraron muy preocupados por la salud de los huelguistas.
“Me dio la sensación de que están dispuestos a llegar
hasta las últimas consecuencias, incluso a morir si no se atienden
sus reclamos”, manifestó el senador mexicano.
Preso por reticente
La Cámara Federal de Bahía Blanca
ordenó el arresto de un militar que se negó a declarar
en el juicio en el que se investiga el destino de los desaparecidos
del V Cuerpo del Ejército. Se trata del suboficial principal
retirado Armando Barrera y es la segunda persona que queda tras
las rejas por estos motivos. El tribunal presidido por Augusto
Enrique Fernández consideró que no tomar medidas
ante la reticencia de este testigo implicaría renunciar
al objetivo de la causa, que es la averiguación de la verdad
sobre los desaparecidos. El 31 de mayo pasado los camaristas bahienses
dispusieron el arresto “sin límite de tiempo”
de Santiago Cruciani –denunciado como torturador del centro
La Escuelita–, quien también se había negado
a declarar. Cruciani sigue detenido. Su familia presentó
un hábeas corpus, pero el jueves el juez federal Alfredo
Manuel Rodríguez lo rechazó. “No se puede dudar
formalmente de la competencia de la Cámara Federal de Bahía
Blanca en la causa en la que se dispuso el arresto de Cruciani”,
manifestó el magistrado. Ayer, también se presentó
ante la Cámara bahiense Nélida Luchi, quien se refirió
a su propio secuestro y mencionó el caso de una embarazada
que tuvo familia en La Escuelita. Dijo que uno de los represores
–a quien no pudo identificar-le mostró una foto de
quien se había llevado al bebé.
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OPINION
Por Daniel Drago*
El
drama del Posadas
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El 6
de julio, el Dr. Rafael Bielsa, síndico general de la Nación,
publicó una nota de opinión que nos merece una profunda
reflexión. No pretendo responder puntualmente ese artículo,
que considero impecable, pero no quiero dejar de expresar algunas
ideas que creo son necesarias para entender la situación que
atraviesa nuestro hospital. De no ser así, correríamos
el riesgo de intentar conocer una realidad histórica a través
de una imagen fotográfica.
No se resuelve nada con melancólicas citas literarias que bien
pueden transmitir impresiones subjetivas. Lo que se precisa son decisiones
políticas claras en el marco de un proyecto de hospital que
no admite más dilaciones.
Hay que escuchar a la comunidad hospitalaria sin posturas soberbias,
sin prejuicios, manteniendo la debida consideración hacia nuestra
institución, hacia nuestros miles de pacientes, hacia nuestros
once compañeros desaparecidos y hacia la lucha de sus trabajadores
que resistieron innumerables agresiones y que, pese a todo, mantuvieron
al Hospital en pie.
Sabemos cómo reconstruir el Hospital. Cuenten con ello. Pero
admítannos desconfiar de cualquier proyecto que no cuente con
nosotros. Resistimos la dictadura, soportamos el vaciamiento en épocas
de la hiperinflación, nos opusimos a los intentos privatistas
del Banco Mundial, rechazamos cualquier tipo de arancelamiento, defendimos
el carácter público y gratuito de la atención,
denunciamos hechos de corrupción durante el menemismo y actualmente
nos encontramos exigiendo una pronta y definitiva normalización
del Hospital.
A diario y en condiciones difíciles –tanto nuestras como
de quienes se atienden aquí–, intentamos resolver o acompañar
verdaderas tragedias cotidianas de pacientes que no tienen otra contención
que no sea el hospital público.
Con recortes indiscriminados esto no se va a solucionar sino que va
a empeorar. Y le garantizamos que la situación va a ser entonces
mucho más patética que la imagen de Tánger a
la que hace referencia. Es prioritario resolver la grave cuestión
presupuestaria actual. Le agradeceríamos la posibilidad de
discutir públicamente el problema de la salud pública
y de los hospitales en particular. Lo invitamos a conocer por dentro
nuestra institución. Valoramos sus aportes y nos gustaría
sumarlo a la trabajosa tarea de poner en marcha al Hospital Posadas.
* Médico de terapia intensiva de adultos. Vicepresidente
de la Asociación de Profesionales del Hospital Posadas.
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