Por Victoria Ginzberg
 El juicio por la Verdad que lleva adelante la Cámara Federal de Bahía Blanca corre peligro de quedar paralizado. La Cámara de Casación está estudiando una queja presentada por el teniente coronel Julián Oscar Corres, que fue denunciado por falso testimonio. El Tribunal de alzada pidió el expediente, pero no sólo la parte relacionada con ese militar, sino que reclamó todo el material sobre los desaparecidos de la zona, que fue recopilado por la Cámara bahiense desde 1986 y comprende más de diez mil fojas. Hace tres meses que la Cámara de Bahía Blanca y la de Casación intercambian escritos y la discusión podría terminar en la Corte Suprema. Importantes funcionarios judiciales confirmaron que los miembros del tribunal bahiense están gravemente preocupados porque entienden que hay una estrategia para obstaculizar su investigación y, a partir de allí, embarrar procesos similares que se tramitan en el país.
Si los jueces de la sala IV de la Cámara de Casación Penal, que preside Gustavo Hornos e integran Amelia Berraz de Vidal y Ana María de Durañona y Vedia, hicieran caso de la queja presentada por Corres, su decisión sería un precedente peligroso para impedir que otros responsables de violaciones a los derechos humanos sean llamados a declarar.
�¿Cómo vamos a saber el destino de los desaparecidos si cada vez que alguna investigación prospera, desde el propio poder �Ejecutivo, Judicial o Legislativo� se articula un mecanismo para impedirlo?� se preguntó indignada Mirta Mántaras, representante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Bahía Blanca y Neuquén, querellante en esta causa. Mántaras no es la única irritada con la movida de los jueces de Casación. Página/12 pudo saber que el tribunal en pleno está en estado de alerta. Al recibir la convocatoria para declarar, Corres presentó un escrito para impugnarla, pero los camaristas le contestaron que su condición de testigo impugnaba su �legitimación procesal para plantear recusación o incompetencia del tribunal� y que estaba obligado a presentarse. El militar .-el primero en años que debía concurrir a la Justicia para responder por su responsabilidad por las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura-. no faltó a la cita.
El 13 de diciembre del año pasado Corres admitió ante los jueces Augusto Enrique Fernández, Angel Algañaraz, Ricardo Planes y Luis Alberto Cotter haber �prestado servicios� en el centro clandestino de detención conocido como La Escuelita, pero desconoció todo lo que lo pudiera vincular con torturas y desapariciones. El actual jefe del Destacamento de Inteligencia XI del Ejército en Río Gallegos se ocupó además de recalcar que recibía órdenes de su superior, el entonces comandante del V Cuerpo Acdel Vilas. La Cámara de Bahía Blanca lo denunció por falso testimonio.
A pesar de que al sentarse ante los jueces su impugnación había dejado de tener sentido, Corres presentó una apelación ante la Cámara de Casación. Los magistrados bahienses volvieron a rechazar sus argumentos, pero poco después recibieron un escrito del presidente de la Sala IV de Casación pidiendo un informe sobre el caso. Luego, Hornos solicitó todos los expedientes: el abierto por la queja planteada por el militar, el iniciado el año pasado con el fin de averiguar lo ocurrido con los desaparecidos del Quinto Cuerpo de Ejército y el que comenzó en 1986 y fue truncado por las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.
Los magistrados bahienses mandaron la parte vinculada a Corres, pero recordaron que las otras causas eran imprescindible para llevar delante el juicio que se está realizando en Bahía Blanca. Además, reiteraron que rechazaban la competencia de la Cámara de Casación para actuar en este asunto. Con fecha 8 de junio, Casación contestó reivindicando su competencia y reclamó �en el término de diez días� todos los documentos. Hace diez días los magistrados bahienses mandaron para Buenos Aires una copia de las diez mil fojas que estaba resguardada en el Banco Nación de Bahía Blanca. Pero recordaron por escrito a sus colegas que el 1º de junio del año pasado, al admitir el inicio del juicio por la verdad, dijeron que �el derecho que les asiste a los presentantes de conocer acabadamente lo realmente ocurrido con las personas que sufrieron y sufren una desaparición forzada se extiende a toda la sociedad como una necesidad vital para mantener una organización que contenga elementales presupuestos que hagan posible una convivencia civilizada asentada sobre la verdad y la justicia�. Los magistrados que investigan el destino de los desaparecidos están decididos a sostener su competencia. Pero si la Cámara de Casación le da la razón a Corres, la causa terminaría en la Corte Suprema. Esto es justamente lo que reclaman desde hace tiempo los militares, retirados y en actividad, �preocupados� por las consecuencias de procesos abiertos entre otros lugares en Buenos Aires, La Plata, Córdoba, Rosario y Santa Fe.
A los represores, Bahía Blanca les debe parecer ideal para empezar a meter la cola. La Cámara de esa ciudad y el fiscal ante la Cámara �Hugo Omar Cañón� se manifestaron en su momento por la inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y los indultos. Este tribunal además encerró hace un mes por tiempo indefinido a Santiago Cruciani, un ex suboficial, conocido como �El Tío�, señalado como torturador del centro clandestino La Escuelita. El viernes ocurrió lo mismo con otro militar, Armando Barrera, arrestado hasta que colabore con la investigación. La familia de Cruciani presentó un hábeas corpus que fue rechazado por un juez federal y denunció a la Cámara por �privación ilegal de la libertad�.
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opinion
Por Mirta Mántaras * |
| La verdad y la casta militar
El suboficial Santiago Cruciani, alias �Mayor Mario Mancini�, alias �El tío�, conocido torturador de �La Escuelita� de Bahía Blanca, denuncia que lo atormenta el arresto que le impusieron los jueces de la Cámara Federal por negarse a declarar en los juicios por la VERDAD. Es paradójica su queja, ya que la Cámara se fundó en el artículo 260 del Código de Justicia Militar que se aplica a los uniformados renuentes a dar su testimonio, arresto que cesa de inmediato cuando el testigo revierte su actitud.
Decenas de militares ya declararon en la causa por la VERDAD que tramita en Bahía Blanca la que tiene por objeto conocer el destino de los desaparecidos, en cumplimiento del compromiso del Estado argentino de informar a los familiares y a la sociedad sobre qué ha sido de ellos.
El primer militar que se presenta y se niega a responder ha sido Cruciani, alegando que lo sindican como sospechoso y sus dichos pueden perjudicarlo. Justamente los sospechosos, los que actuaron en funciones represivas, son los que más saben qué pasó y por eso se los cita para esclarecer tales sucesos. Sabido es que en los juicios por la VERDAD no se imponen condenas. Con Cruciani se tuvo especial consideración, ya que se aceptó que no concurriera a Bahía Blanca por padecer enfisema. Por ello la Cámara Federal se constituyó a más de mil kilómetros, en la ciudad de Mendoza donde reside Cruciani, para recibirle declaración, a lo que se negó el testigo y mereció por ello el arresto.
No podía ser de otra manera, ya que la obligación de declarar es una carga pública, igual para todos los ciudadanos, bajo pena de ser traído por la fuerza pública y procesado por desobediencia. Los testigos militares no tienen ningún privilegio. Es más, por estar comprometidos los fines de las Fuerzas Armadas, si se niegan a declarar, tienen una sanción más severa todavía, que es el arresto hasta que depongan su actitud.
Los tribunales superiores a los que pretende llegar Cruciani debieran ratificar el arresto que le impuso la Cámara Federal de Bahía Blanca para que sea posible saber la VERDAD sobre el destino de los desaparecidos, teniendo en cuenta que voluntariamente ninguno colabora para hacer posible la defensa de los derechos humanos que asume el país en los foros internacionales. Un ejemplo de ello ha sido el rechazo a la convocatoria del general Balza que citó a los militares a su despacho para que, sin dar sus nombres, dijeran lo que sabían, pero ninguno concurrió. Es evidente que sólo el temor de quedar presos es lo que ha permitido que declaren y así se esté muy próximo a esclarecer casos ocurridos en el V Cuerpo de Ejército, a partir del cruzamiento de los testimonios de represores y víctimas.
La decisión de mantener la política de defensa de los derechos humanos del Estado argentino compete a los tres poderes, pero especialmente al Poder Judicial. Son los jueces quienes pueden ejercer la potestad coercitiva que les otorga la ley para evitar que se frustre la averiguación de la VERDAD por la simple decisión de quienes aún creen que tienen privilegios de casta.
* Abogada de Derechos Humanos. |
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