Por Julio Nudler
 Si la Unión Europea, Estados Unidos, Japón y otros países eliminaran todas las distorsiones que introducen en el comercio mundial agroalimentario, vía aranceles y subsidios, la economía argentina crecería 0,5 por ciento más rápido cada año. A los niveles actuales, ello implicaría anualmente cerca de 1500 millones de pesos adicionales. Además, las exportaciones argentinas serían un 25 por ciento mayores, es decir, entre 6000 y 7000 millones más altas. Estas son dos de las conclusiones más contundentes a las que llega un estudio realizado por el Instituto de Estudios (Ieral) de Fundación Mediterránea por encargo de la Copal, federación de industrias alimentarias. Otro dato es que, por las mismas causas, la Argentina pierde entre 30 y 70 mil empleos, aunque este número no surge directamente del estudio.
El Ieral utilizó para el caso un modelo conocido como GTAP, Global Trade Analysis Program (Programa Analítico del Comercio Global), desarrollado por Thomas Hertel en la Universidad Purdue, de Illinois. Australia y otros países similares a la Argentina se valen del GTAP en las negociaciones comerciales para fundamentar sus reclamos contra las prácticas distorsivas. Ese modelo permite calcular el impacto de cualquier cambio en las condiciones del comercio, pero no los efectos sobre la ocupación porque parte de suponer que las economías están en pleno empleo (supuesto poco acorde con la situación argentina).
Una de las conclusiones más interesantes, pero también más controversiales, es que el impacto de liberalizar el comercio agroalimentario exclusivamente con la Unión Europea sería para la Argentina casi tan alto como el de liberalizarlo con todo el mundo. Esto es así porque los europeos están entre los más �ofensores� del libre comercio. La deducción política parece obvia: en lugar de desgastarse en discusiones con todo el planeta, a la Argentina le convendría concentrar su escasa energía negociadora en Europa. Dicho de otra forma: menos bolilla a la OMC y más a la Unión Europea. Sin embargo, otros creen que con ésta se pierde el tiempo porque tiene muy poco margen político para desmontar sus subsidios.
A todo esto, la UE es el principal destino de las exportaciones agroalimentarias argentinas, y en especial del complejo oleaginoso, que en cambio se topa con grandes restricciones para ingresar a Estados Unidos. Diferencias sectoriales como ésta generaron desacuerdos al interior de la Copal sobre la investigación de los mediterráneos, lo cual demoró indefinidamente su difusión. Según algunos, no es casual que Estados Unidos salga bien parado del trabajo porque el modelo aplicado es made in USA. Esta objeción es rechazada de plano por Carlos Sánchez y Gabriel Casaburi, coordinadores de la tarea.
El estudio ofrece, entre otros, estos datos de interés:
 Los productores agropecuarios de la OCDE �que es básicamente el conjunto de países prósperos identificado como Primer Mundo� recibieron en 1999 más de 360 mil millones de dólares en subsidios. Esta suma es casi un 30 por ciento más alta que el PBI total de la Argentina.
El 45 por ciento del ingreso de un agricultor de la UE proviene de subsidios fiscales. Para el caso de los japoneses la proporción trepa al 63 por ciento, y en EE.UU. es del 22 por ciento.
Cada colono de la UE y de EE.UU. recibe subsidios anuales por entre 15 y 20 mil dólares.
Los subsidios son de tres clases. 1) Ayuda monetaria para garantizar que los ingresos de los labriegos superen a los que obtendrían vendiendo su producción a precios de mercado. 2) Incentivos especiales a la exportación. 3) Protección arancelaria frente a la competencia importada.
La UE les depara un trato especialmente desfavorable a las exportaciones argentinas. Mientras que sus barreras no arancelarias (restricciones de diverso tipo al ingreso de productos) afectan al 47 por ciento de lasimportaciones totales del bloque europeo, las importaciones desde la Argentina se ven afectadas en un 83 por ciento.
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