|
EXCLUSIVO: EL INFORME SECRETO
SOBRE LOS JUECES QUE LLEVAN LAS CAUSAS DE CORRUPCION
Demorados, mediáticos, sospechados
Página/12 revela el contenido de un �non paper� secreto
que circula por algunos despachos de alto nivel y evalúa lapidariamente
el trabajo de la mayoría de los diez jueces federales que investigan las
peores causas de corrupción.
María
Romilda Servini de Cubría: �Aparentemente tiene mal direccionada
(una causa) sobre la UTE de gerenciadoras de ópticas del PAMI�.
|
Claudio
Bonadío: �¡¡Dice que no hubo afectación del patrimonio del Estado...!!�
en el caso Yoma.
|
Jorge
Urso: �Hizo maniobras notorias para el público� en una causa
contra María Julia y �no se supo de ninguna medida de avance�.
En otra�jamás citó a los presuntos responsables ni hizo nada
útil�.
|
Por José Natanson
 Carlos
Liporaci realiza “maniobras dilatorias” en las causas contra
Gerardo Sofovich y Julio Mahárbiz. Jorge Urso “hizo maniobras
notorias para el público” en un proceso contra María
Julia Alsogaray y “no se supo de ninguna medida de avance”.
Claudio Bonadío “¡¡dice que no hubo afectación
del patrimonio del Estado...!!” en el caso Yoma. Adolfo Bagnasco
es “una de cal y una de arena”. Página/12 accedió
en exclusiva a un non paper, un documento secretísimo que circula
por algunos despachos del Gobierno, en el que se realiza una evaluación
oficiosa –y en la mayoría de los casos lapidaria– del
accionar de los diez jueces federales que investigan causas de corrupción.
“Sin duda, es el que encabeza la lista”, dice el texto sobre
Carlos Liporaci. Y detalla las causas por corrupción que involucran
a ex funcionarios menemistas. Además del caso de Gerardo Sofovich
(ver recuadro), el documento describe el desempeño del juez en
el proceso contra el ex titular del Instituto del Cine, Julio Mahárbiz.
“Está realizando maniobras dilatorias, con el sistema de pedir
peritajes inconducentes, etc., que consumen el tiempo hasta la llegada
de la prescripción”.
Jorge
Ballesteros: En la investigación de la �privatización fraudulenta
de Tandanor está apuntando a las empresas, más que a los funcionarios�.
|
Rodolfo
Canicoba Corral: Desestimó �una grabación telefónica formalmente
inatacable como indicio probatorio con la simple desmentida de
su interlocutor� en una causa contra Roberto Dromi.
|
Adolfo
Bagnasco: �Una de cal y una de arena como postura permanente�.
|
La segunda se refiere a las 94 cajas que Víctor
Alderete se llevó del PAMI en diciembre pasado, poco antes de renunciar,
y que fueron encontradas en un departamento de Morón. Entre otras
cosas, contenían carpetas con sospechosos informes sobre políticos
como Elisa Carrió y Aníbal Ibarra. “Liporaci –señala
el documento– tiene las 94 cajas. No se sabe que haya hecho nada
al respecto.”
De los diez magistrados observados, Liporaci es el único del que
se mencionan tres denuncias en su contra. “Una –señala
el estudio– por la exención de prisión al banquero
(Raúl) Moneta, un día después de empezar a subrogar
al juez (Gustavo) Literas, cuando estaba imputado de asociación
ilícita y prófugo en una causa complejísima. La otra
está relacionada con Yacyretá, donde hubo cuestionamientos
muy fuertes de la Cámara”, que según el documento el
magistrado habría dejado prescribir por inactividad.
La tercera “está en discusión en el Parlamento, en
el asunto de haber intervenido ilegalmente el teléfono de un secretario
suyo, que quería apartarse de sus ‘arreglos’, al que
luego obligó a renunciar”. El memo elaborado por funcionarios
del Gobierno que analizan full time tanto el comportamiento de la Oficina
Anticorrupción como el destino de las causas generadas durante
la Administración Menem cuestiona que, al procesar al empresario
Alberto Samid, Liporaci haya evaluado que el jefe de la asociación
ilícita era, justamente, un muerto.
El segundo juez mencionado es Jorge Urso. Al igual que Liporaci, el informe
describe presuntas dilaciones de Urso en la investigación de una
ex funcionaria menemista: María Julia. En la primera causa, vinculada
a una conferencia ambiental, la “Oficina Anticorrupción (OA)
realizó una denuncia con pruebas contundentes”, ante lo cual
Urso “hizo unas cuantas medidas notorias para el público”.
Después, “no se supo de ninguna medida de avance”.
La segunda es una “denuncia de un liquidador de Entel por pagar 11
millones sin causa a PecomNet en el 91/92”, ante lo cual María
Julia “denunció al síndico por haber certificado existencia
de esas deudas”. De acuerdo con el documento, la actitud de Urso
fue similar: “Juntó las dos causas y jamás citó
a presuntos responsables ni hizo nada útil”.
El informe recuerda que Urso “tiene la causa de las armas”,
que compromete a varios ex funcionarios del menemismo como el ex ministro
de Defensa Antonio Erman González. Según el memo, el magistrado
“atrajo enriquecimiento ilícito de los involucrados, por lo
que la OA, dado que tenía ese tema en carpeta en relación
con Erman González, le pidió susdeclaraciones juradas: se
las negó”. De todos modos, reconocen los comentaristas oficiales,
“acompañó prueba relativa a este punto”.
Gabriel
Cavallo: �Tuvo a la Oficina Anticorrupción como querellante de
inmediato�.
|
Carlos
Liporaci: Realiza �maniobras dilatorias� en la causa de Sofovich
y Mahárbiz y �no se sabe que haya hecho nada� con las cajas del
PAMI.
|
El último caso objetado por el informe es un subsidio
de “32 millones y medio” del Ministerio del Interior para realizar
el edificio de la Legislatura de Formosa. Aunque el documento no precisa
los funcionarios imputados, señala que “está probado
que no se hicieron ni los cimientos”, ante lo cual “el juez
hizo siete cuerpos sin que como resultado haya nadie involucrado”.
Curiosamente, la única causa en poder de Urso que “ha avanzado”
–la del PAMI y la Editorial Plus Ultra– “está delegada
al fiscal”.
Rodolfo Canicoba Corral actuó en sintonía con sus colegas
desestimando una denuncia contra otro ex funcionario menemista: el ex
ministro Roberto Dromi. Según el informe, Canicoba Corral aprovechó
“la simple desmentida de su interlocutor” para desestimar “una
grabación telefónica formalmente inatacable como indicio
probatorio” en una causa por la concesión de peajes. Dice
el documento que la causa finalizó luego de esta medida.
Hay dos jueces –Adolfo Bagnasco y Claudio Bonadío– a
los que el informe no objeta tanto por su actuación en las causas
de corrupción como por su postura contraria a la intervención
de la Oficina Anticorrupción.
La caracterización sobre Bagnasco en la detención de Alderete
(ver recuadro) es “una de cal y una de arena como postura permanente”.
Después de detenerse en los antecedentes de Claudio Bonadío
–”fue empleado de (Carlos) Corach”, recuerda–, el
documento reconoce que fue el primero en procesar a Alderete, en el caso
Medicsystem, pero menciona lo que dijo el magistrado en la causa del Grupo
Yoma. “¡¡Dice que no hubo afectación del patrimonio
del Estado...!!”, se enoja el informe. Aunque no lo aclara, el Grupo
Yoma contrajo créditos incobrables con el Banco Nación por
un monto cercano a los 75 millones.
Gustavo
Literas: En la causa relacionada con Funeral Home �procesó a un
integrante de la empresa por cohecho, mientras hizo un falta de
mérito a los restantes y los funcionarios del PAMI denunciados�.
|
Juan
José Galeano: �Recordar que tiene la causa AMIA y sus innumerables
legajos paralelos�.
|
Luego del pelotón de jueces más objetados,
el informe analiza la actuación de Juan José Galeano. Recomienda
“recordar que tiene la causa AMIA y sus innumerables legajos paralelos”,
aunque no queda claro si ese registro es en su favor o va en su contra,
y describe su trabajo en el proceso contra María Julia por enriquecimiento
ilícito (ver recuadro).
A continuación engloba a tres jueces bajo una actitud “ambigua”
(ver recuadro). Y concluye destacando la actuación de Gabriel Cavallo,
el único magistrado que no recibió objeciones. Adepto al
bajo perfil, Cavallo investiga causas contra otros jueces, aceptó
a la Oficina Anticorrupción como parte querellante y además,
cuando el fiscal incluyó “un pedido de inconstitucionalidad
de la ley que la creaba”, respondió con “una resolución
muy dura”.
|
Los
jueces ambiguos
Por J.N.
El documento engloba a tres jueces –María Romilda Servini
de Cubría, Jorge Ballesteros y Gustavo Literas– como
caracterizados “por sus actitudes ambiguas”. El texto
del Gobierno afirma que los tres a veces imprimen ritmo a sus investigaciones
y otras veces “denotan cierta reticencia a avanzar, o bien
son simplemente ineficaces”.
En el juzgado de Servini de Cubría “la causa que ha
avanzado algo es una derivada a la fiscalía acerca de (la
ex funcionaria menemista) ClaudiaBello”. Sin embargo, “aparentemente
tiene mal direccionada otra causa sobre la UTE (Unión Transitoria
de Empresas) de gerenciadoras de ópticas del PAMI”.
Finalmente, el documento indica que Servini de Cubría “indaga
en una denuncia por un asunto menor a funcionarios del Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos”. Por la denominación
del ministerio, puede inferirse que se trata de funcionarios de
la actual administración, porque antes era simplemente Ministerio
de Justicia.
Ballesteros investiga dos causas por el PAMI. El informe asegura
que en la primera “indagó, declaró falta de mérito
y dispuso medidas sugeridas por la Oficina Anticorrupción”.
En la segunda, por maniobras en pagos de deudas del PAMI, Ballesteros
“procesó a Alderete por encubrimiento y ha llamado a
indagatoria por exacciones ilegales al autor”. Al mismo tiempo,
el juez investiga la “privatización fraudulenta de Tandanor”.
Según el informe, “está apuntando a las empresas,
y no a los funcionarios”.
El tercer juez de actitud definida oficialmente como “ambigua”,
Gustavo Literas, también lleva dos causas del PAMI. En una,
relacionada con Funeral Home, “procesó a un integrante
de esta empresa por cohecho, mientras hizo un falta de mérito
respecto de los restantes y los funcionarios del PAMI denunciados”.
En la otra investiga irregularidades en la contratación de
una red odontológica en Paraná.
|
|
Las
causas llamativas
Por J.N.
El informe analiza las tres causas más famosas contra ex
funcionarios menemistas. La primera, en el juzgado de Adolfo Bagnasco,
investiga a Víctor Alderete. Según el documento, Bagnasco
“dicta el procesamiento de Alderete, pero en una causa menor,
mientras que no lo hace en la grande por asociación ilícita,
aunque sí le niega la exención de prisión y
le impide la salida del país. Después de ello detuvo
a Alderete y le está tomando declaración indagatoria”.
El memo fue redactado antes de la semana pasada, por lo que no tuvo
en cuenta lo ocurrido el viernes. Aunque había detenido a
Alderete por asociación ilícita, Bagnasco decidió
procesarlo sólo por defraudación (un delito con una
pena más leve que la asociación ilícita), pero
de todos modos negó la eximición de prisión.
La segunda causa notable es la que Carlos Liporaci sigue contra
Gerardo Sofovich. El documento sostiene que “desde el ‘96
está efectuando maniobras dilatorias sin tomar decisión
alguna. Cuando la OA se presentó pretendiendo ser parte querellante
(el juez determinó), la inconstitucionalidad, de oficio,
de la reforma de la Ley de Ministerios. De todos modos con lo que
tenía en la causa ya podría indagar a Sofovich y a
varios más. La Sala II (de la Cámara Federal porteña)
revocó su decisión de un modo muy duro”. El documento
no llegó a poder incluir el dato de que, también el
viernes pasado, finalmente Liporaci citó a Sofovich para
indagatoria, aunque el ex titular de ATC logró postergarla
para los primeros días de agosto.
La última gran causa, en el juzgado de Juan José Galeano,
imputa a María Julia Alsogaray. “En la causa por enriquecimiento
ilícito, ella está en situación muy precaria
y, habiendo el juez dispuesto indagatoria, no le puso fecha y no
la concreta. Pidió nueva pericia, que está en curso”.
Aquí también el documento quedó desactualizado:
el miércoles, Galeano fijó para el 8 de agosto la
indagatoria en la causa por enriquecimiento ilícito y leprohibió
salir del país a la ex secretaria de Recursos Naturales y
Ambiente Humano de Carlos Menem.
|
|
Oficina
Anticorrupción
Una de las primeras decisiones del Gobierno fue inaugurar la Oficina
Anticorrupción que conduce José Massoni. Resultado
final de una vieja idea de Carlos “Chacho” Alvarez, el
organismo fue creado mediante la Ley de Ministerios. Allí
se estableció su dependencia de la cartera de Justicia y
la facultad de “intervenir como parte querellante en los procesos”,
lo que le permite acceder a los expedientes.
La contraofensiva fue inmediata. En febrero, los abogados de Víctor
Alderete presentaron un pedido para que la Oficina se apartara de
la causa. Argumentaron que su creación fue inconstitucional,
ya que sus facultades se superponen con las del Ministerio Público
e interfieren la independencia de los poderes. Como se infiere del
documento obtenido por Página/12, la mayor parte de los jueces
federales adoptaron este razonamiento –u otros similares–
impidiendo al organismo participar de los procesos. Una postura
que fue desestimada por la Cámara Federal, que avaló
la constitucionalidad de la Oficina y le permitió seguir
los procesos como querellante.
Pero, más allá de la disputa jurídica, lo cierto
es que el tema también tiene un costado político.
En efecto, el informe funciona como respuesta a una pregunta que
se hacen muchos funcionarios: ¿por qué no avanzan
con más velocidad las causas por corrupción? Es que,
aun después de la detención Alderete, la primera línea
del Gobierno sigue ansiosa por concretar aquella promesa electoral
que decía que “esta vez, los corruptos irán a
la cárcel”. Una tarea nada sencilla. Varios altos funcionarios
de la Casa Rosada consultados por Página/12 dijeron que,
aunque siempre destacarán el principio de independencia del
Poder Judicial, su diagnóstico es que muchas causas se están
dilatando. Desde la otra vereda, muchos dirigentes justicialistas
sostienen que la Oficina centraliza la persecución contra
los ex funcionarios menemistas. “Es una Oficina Antiperonista”,
la definió Carlos Menem.
|
|
