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Por Horacio Cecchi 
Gustavo Morales y Aldo Bravo, dos santiagueños que el miércoles
pasado fueron arrancados de sus viviendas por una banda de encapuchados
y dados por desaparecidos, fueron blanqueados como detenidos por la policía
de Santiago del Estero. “No ordené procedimientos, no sabemos
nada de ellos”, había asegurado Néstor Mario Godoy, jefe
de la policía local. Pero, dos días después, el mismo
Godoy reconoció que Morales y Bravo se encontraban detenidos nada
menos que en el Departamento de Investigaciones, ubicado en el cuartel central,
a pocos metros de su despacho. “No necesitamos usar capuchas. El personal
policial va de frente”, defendió el comisario. Por las dudas,
Godoy abrió un sumario de resultado incierto: busca capuchas en el
Departamento Central de Policía.El caso amenaza con otra tormenta política en el ya cuestionado gobierno del eterno Carlos “Tata” Juárez. El jueves pasado, alrededor de las 5.30 de la madrugada, Gustavo Fabián Morales, de 27 años, changarín del Mercado Norte, fue arrancado de su vivienda, en el barrio La Isla Oeste, localidad de La Banda, a siete kilómetros del centro de Santiago. Entre diez y doce hombres, con sus rostros cubiertos por pasamontañas y armas en la mano, abrieron a patadas la puerta de la casa, esposaron y arrastraron de los pelos a Morales, hasta introducirlo en una camioneta sin patente que se esfumó en la oscuridad junto a otros vehículos. “No tenían uniformes ni identificaciones”, aseguró Carmen del Rosario Díaz, pareja del detenido. Una hora más tarde, la misma escena se desarrollaba en el barrio Avenida, también de La Banda: Aldo Bravo, albañil de 44 años, que dormía junto a su esposa María Barraza y sus nueve hijos, era también arrancado de los pelos por un grupo de entre diez y doce encapuchados. “Me hicieron acordar de los peores momentos de la dictadura”, aseguró a Página/12 el abogado Raúl Romero, contactado por la familia de los hasta entonces desaparecidos. El mismo jueves, a las 11.30, el letrado presentó un recurso de hábeas corpus ante el juez del Crimen con jurisdicción en La Banda, Mario Castillo Solá. “De mi juzgado no salió orden de captura”, aseguró el magistrado, antes de enviar oficios a la jefatura del comisario Godoy, a las unidades regionales I y II, y al juez de turno en la capital, César Turk. El resultado fue desalentador. Nadie había ordenado los operativos ni existían pedidos de captura. Nadie sabía quiénes eran Morales ni Bravo. La pista que recibieron los familiares fue dada por un menor, apodado “Tego”, detenido junto a Morales y que, según el diario El Liberal, apuntó a la Brigada de Investigaciones, también  conocida
como D-6, y ubicada en la jefatura de policía. La D-6 hizo causa
común con Godoy y salió a desmentir la acusación. Pero
las evidencias reproducidas por los medios amenazaban con un tembladeral
político. Todavía sensibilizado por otro escándalo
–la censura sobre la obra de teatro El Cartero– y sin tiempo para
reponerse de las denuncias de pinchaduras telefónicas al diario El
Liberal, el gobierno decidió cambiar su imagen. El viernes, Godoy
anunció que, en realidad, conocía el paradero de Morales y
Bravo. Estaban detenidos en el D-6.“Se aclararon 16 hechos delictivos. El robo de 16 ciclomotores y bicicletas. Son 16 familias que habían quedado sin sus elementos de trabajo”, aclaró Godoy, después de cargar la responsabilidad del robo sobre Morales. El jefe policial desmintió a los testigos de las detenciones y a la larga lista de casos semejantes (ver aparte): “No tenemos necesidad de trabajar con capuchas. Las detenciones se realizaron en la calle”. Después agregó: “Investigaciones tenía conocimiento de un pedido de captura sobre Bravo por un hecho cometido en el ‘98”. El hecho pareció extinguido porque ese mismo día Bravo salió en libertad. Con lesiones a la vista, el albañil fue conducido ante el juez Castillo Solá a quien aseguró que había recibido “un buen trato”. “Cuando salió en libertad –dijo Romero a este diario–, me confesó: ‘Creía que iba aseguir preso, por eso dije que me habían tratado bien. Tenía miedo de que me molieran a palos’. Pero dijo que lo torturaron, le hicieron el submarino seco, lo golpearon”. Por su parte, el otro reaparecido, Morales, continúa detenido, ahora en la seccional 2ª de Santiago y a disposición del juez Turk. “De sus declaraciones se aclaró el robo de los 16 ciclomotores. La policía no es quien para juzgar a estos delincuentes -afirmó Godoy–, pero sería bueno que se escuchara la opinión de los damnificados”, sin dejar en claro si se refería a los dueños de las bicicletas o a los detenidos. De todos modos, y para calmar los reclamos, el jefe policial aseguró que “aquellos que se excedan no tendrán cabida dentro de la institución. Si hay irregularidades, serán sancionados con el máximo rigor”.
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