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Parece que está todo listo para que el acuerdo de la Mesa de
Diálogo chilena, esa que permitiría que se conozca el destino
de los desaparecidos durante el régimen militar (1973-1990), empiece
a tener resultados concretos. Según el diario chileno La Tercera,
el jefe del Ejército, general Ricardo Izurieta, se reunió
la semana pasada con el alto mando de las Fuerzas Armadas para definir el
mecanismo que utilizarán los militares para encontrar los cuerpos:
formar una red de recolectores de antecedentes a lo largo del país,
en vez de encomendar la tarea de búsqueda a un solo grupo. Esta semana,
el representante del Ejército en la Mesa de Diálogo, general
Juan Carlos Salgado, se encontrará con militares retirados de baja
graduación que estuvieron en servicio durante los primeros años
de la dictadura. “Quisiera recalcar que estamos en presencia de un
paso tremendamente importante”, declaró ayer el presidente Ricardo
Lagos.El encuentro de Salgado con sus camaradas tiene un objetivo muy claro: entrar en contacto con los que más probablemente tengan información sobre el destino de los desaparecidos. En ese “entrar en contacto”, el general Salgado buscará convencer a los uniformados retirados que entregar información no será ningún peligro para ellos. Ocurre que, cuando se firmó el acuerdo de la Mesa de Diálogo, fueron los oficiales en retiro los que señalaron que el documento no garantiza que los tribunales vayan a aplicar la Ley de Amnistía de 1978. Esta ley, una vez encontrados los cuerpos, volvería a aplicarse porque cesa el delito de secuestro calificado, permanente en tanto la víctima sigue desaparecida. Salgado tendrá como tarea convencer a estos oficiales retirados que este mecanismo es el único que puede frenar el desfile de los militares por los tribunales. Esto es lo que critican las organizaciones de derechos humanos y algunos partidos de izquierda como el Comunista. Según ellos, la fórmula aprobada por la Mesa de Diálogo prepara el terreno para una Ley de Punto Final. Las sospechas aumentan si se tiene en cuenta que el acuerdo llega justo cuando la Corte Suprema chilena debe resolver si confirma o no el desafuero contra el ex dictador y actual senador vitalicio Augusto Pinochet, dictado por la Corte de Apelaciones de Santiago. Al acuerdo de la Mesa de Diálogo le siguió la aprobación de una ley de secreto profesional para que los represores pudieran dar información como si estuvieran en un confesionario delante de un cura: todo en secreto y sin posibilidad de que la justicia caiga sobre ellos. Las Fuerzas Armadas tienen seis meses para entregar la información requerida pero, según lo que ayer publicó La Tercera, ya se fijaron con el gobierno los pisos mínimos. Dada la terrorífica variedad de métodos utilizados para deshacerse de los cuerpos, es imposible que se encuentren los 1200 desaparecidos que figuran en el Informe Rettig. Los militares se habrían comprometido a entregar informaciones de no menos de 300 cuerpos, entre ellos los de algunas figuras simbólicas: Carlos Lorca (miembro de la comisión política del Partido Socialista), Waldo Pizarro (marido de la ex presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, la fallecida Sola Sierra), Víctor Díaz (subsecretario del PC y padre de la actual presidenta de la AFDD, Viviana Díaz), y Jorge Muñoz (marido de la secretaria general del PC, Gladys Marín).
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