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Los presos de La Tablada empezaron a sentir en sus cuerpos las consecuencias
de la huelga de hambre que realizan desde hace más de cuarenta días.
Tres internos del penal de Ezeiza sufrieron ayer mareos y calambres y uno
de ellos se habría desmayado. Dos de los afectados -Claudio Rodríguez
y Miguel Aguirre– podrían ser internados hoy. Una versión
indica que el destino sería el hospital de la cárcel de Devoto.
Pero los huelguistas exigen ir a un hospital público. “Eso lo
va a decidir la Justicia”, dijo a Página/12 la subsecretaria
de Política Criminal, Patricia Bullrich. Familiares y amigos de los
presos pedirán hoy una entrevista urgente con el ministro de Justicia
y Derechos Humanos, Ricardo Gil Lavedra. “Los tres poderes del Estado son responsables de lo que pase con su salud. Si hay un desenlace fatal, se va a sumar a los crímenes que ya cometió el Estado argentino con los fusilamientos y desapariciones de La Tablada”, manifestó Adrián Wittemberg, vocero de los presos. Wittemberg fue quien informó del deterioro físico de los tres huelguistas, que bajaron entre once y trece kilos. El cuadro fue confirmado después por Bullrich. El parte médico del Servicio Penitenciario Federal de ayer, sin embargo, indicaba que los internos no tenían signos de descompensación clínica. Sobre Aguirre se especificó sólo que “presentaba mareos”. Y sobre Rodríguez, que “refería cefaleas”. Por la tarde, un médico del Servicio Penitenciario volvió a revisar a los internos y estableció que Aguirre y Rodríguez fueran trasladados. Wittemberg había manifestado que otro preso, Carlos Motto, también tenía síntomas de descompensación. Según relató el vocero del MTP, los huelguistas se resistirán a ser trasladados a un hospital carcelario y también se negarán a ser alimentados. Pero el Gobierno cuenta con una resolución judicial que habilita a suministrarles comida por la fuerza. Los presos por el ataque a La Tablada iniciaron la huelga de hambre para reclamar por su libertad en base a un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que indicó que durante la recuperación del cuartel se cometieron torturas y asesinatos. La CIDH reclamó que los condenados puedan apelar su sentencia a un tribunal superior. Los miembros del MTP –menos Enrique Gorriarán Merlo y Ana María Sívori– no pudieron acceder a una revisión de su condena porque fueron juzgados bajo la Ley de Defensa de la Democracia. El jueves podría tratarse en Diputados el proyecto que modifica esa ley e implica en la práctica la liberación de los presos. Pero la aprobación de la iniciativa no está asegurada. El proyecto del frepasista Ramón Torres Molina es resistido por algunos miembros de la Alianza y por casi todo el PJ. Hasta ahora, los miembros del bloque peronista tendrían libertad de acción, pero igual sería una mínima minoría la que votaría a favor. Los cavallistas Alfredo Castañón y Guillermo Francos reclaman que los presos de La Tablada no puedan acceder al beneficio del “dos por uno” (que computa dos días de condena por cada uno de prisión sin sentencia firme), lo que impediría su liberación. Por otro lado, en el Senado hay una propuesta de Alberto Rodríguez Saá que plantea la obligación de atender los reclamos de organismos internacionales que regulan los tratados de derechos humanos que fueron incorporados a la Constitución. Este proyecto también beneficiaría a los miembros del MTP.
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