|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Las cárceles bonaerenses están de nuevo en el banquillo, esta
vez a partir de una denuncia formulada por detenidos en la Unidad Penal
de Bahía Blanca. La Justicia bonaerense investiga la existencia de
una organización de reclusos que, en complicidad con algunos guardias
penitenciarios, someten a otros detenidos, a los que les roban, los amenazan
con armas y, en algunos casos los violan. También se investiga si
la muerte de un preso, asesinado en esa unidad el 27 de junio último,
tiene alguna vinculación con la denuncia. Se trata de una nota de dos carillas impresas, dirigida en forma anónima al fiscal federal de Bahía Blanca, Hugo Cañón, con fecha del 27 de junio, por un grupo de internos que se autodenominan "los paisanos", por ser naturales de esa ciudad del sur de la provincia o de sus alrededores. Los paisanos denuncian que son víctimas de otro grupo, en su mayoría provenientes del Gran Buenos Aires, quienes constantemente les piden alimentos y otros bienes que sus familiares les llevan al penal, en concepto de "protección". "Son personas de una maldad extrema, expulsados de otras cárceles por su conducta", los describen. Este diario anticipó en mayo pasado la existencia en las cárceles bonaerenses de presos que someten a otros presos con la complicidad del Servicio Penitenciario. Según los internos que hicieron la denuncia que ahora investiga la Justicia, los agresores en Bahía Blanca cuentan con la complicidad de "cierta parte de los integrantes del Servicio Penitenciario, del escalafón más alto", quienes con este acuerdo mantendrían el control de la cárcel, de manera de evitar que se produzcan motines. Los denunciantes también acusan a los guardias de beneficiarse económicamente ya que "por medio de sus socios consiguen vender en un precio que oscila entre 400 y 600 pesos el paso a otros pabellones más tranquilos". Ante la gravedad de la denuncia, el fiscal Cañón dio intervención a la Fiscalía de Bahía Blanca y al defensor ante la Cámara de Casación bonaerense, Mario Coriolano. La denuncia recayó en el fiscal de instrucción de turno, Eduardo D'Empaire. Coriolano, en declaraciones a Página/12, consideró que si bien la denuncia es anónima, sus términos resultan "verosímiles" y estimó que situaciones similares podrían darse en otros penales bonaerenses. Después de registrar el caso en el Banco de Datos contra la Tortura, que implementa la Defensoría, Coriolano dio instrucciones al secretario de ejecución penal de Bahía Blanca "para que realice un seguimiento del trato que reciben los internos en esa unidad penal". La denuncia que recibió Cañón coincidió con el asesinato dentro del penal del interno Walter Ariel Salto Villalba, de 26 años, quien había llegado a la cárcel de Villa Floresta, en Bahía Blanca, trasladado desde Batán, en jurisdicción de Mar del Plata. Según la información que brindó el Servicio Penitenciario, el reo fue apuñalado con una faca, en medio de una presunta riña entre internos por una tarjeta telefónica. Villalba estaba acusado de homicidio, hurto, tenencia de munición de guerra e infracción a la Ley de Drogas. Ahora, la Justicia investiga si existe alguna vinculación entre el crimen y la denuncia formulada por los detenidos. En la nota, los denunciantes clasifican a la población carcelaria en tres grupos: los damnificados, los castigadores o victimarios y los controladores. "Los damnificados son gente que tiene asiduamente visita, de la que recibe alimentos y otros elementos, y que pasan a ser blanco de los victimarios, que les piden las cosas que recibieron, bajo amenazas verbales o de armas blancas". En tanto, los victimarios "cuentan con el respaldo de los guardiacárceles". Estos se encuentran entre los "controladores", quienes tienen "intereses comunes con los internos abusadores".
|
