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El Gobierno, entre el guiño a Brinzoni y la condena a las presiones
�Los caminos de la Justicia están abiertos�
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El ministro de Justicia dijo que una eventual mesa de diálogo entre militares y organismos de derechos humanos, como quiere el Ejército para poner un nuevo punto final a la Justicia, no debe reemplazar a los juicios de la verdad. De la Rúa no se definió y el Ministerio de Defensa se mantuvo en la postura de dejar que las Fuerzas Armadas sigan avanzando.
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Ricardo Gil Lavedra, ministro de Justicia, dijo que una mesa sería sólo
complementaria. En su Ministerio aclararon que de allí no salió ninguna iniciativa
oficial de punto final.
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Por Nora Veiras
 La avanzada del Ejército para lograr mediante la intermediación de la Iglesia Católica una mesa de diálogo que permita �aportar información� sobre el destino de los detenidos-desaparecidos a cambio de impunidad cosechó ayer más cautela que respaldo de parte del Gobierno. �Depende de la voluntad que todas las partes pongan�, dijo el presidente Fernando de la Rúa, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas aunque deslizó: �En Chile está dando buenos resultados�. El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ricardo Gil Lavedra, advirtió que �los caminos de la justicia están abiertos y hay que respetarlos plenamente� y consideró que �no es bueno� que el Ejército respalde a quienes se niegan a declarar. La intención de los uniformados, que tienen vía libre del Ministerio de Defensa, apunta exactamente en sentido contrario: clausurar la vía judicial.
�Si en el futuro hubiera una mesa de concertación que sumara a la búsqueda de la verdad �no que reemplazara a los Juicios por la Verdad�, basada en un gran consenso y sirviera como otro camino para llegar a la verdad, no me opondría, pero ahora es prematuro hablar de ese tema�, dijo Gil Lavedra. En el edificio de Sarmiento y Reconquista, los colaboradores del ministro abundaron en que esa idea �no salió de acá�. La subsecretaria de Derechos Humanos, Diana Conti, quien a fines de abril fue severamente cuestionada por los organismos de derechos humanos por decir que el juicio por la verdad que se desarrolla en Córdoba era �poco serio�, prefirió esta vez mantenerse en silencio. Sus allegados parecieron pensar que las Fuerzas Armadas son externas al poder político y dijeron que �ésa es una iniciativa del Ejército, hay que ver cómo evoluciona�.
En rigor, apenas asumió, Conti insinuó la posibilidad de formar una comisión de la verdad y tuvo que abandonarla ante el rechazo de los familiares de las víctimas del terrorismo de Estado. En esos meses de verano, los generales que sucedieron a Martín Balza al frente del Ejército empezaron a comentar off the record que �estaban cansados� de tener que seguir dando explicaciones por las aberraciones cometidas durante la última dictadura. �Nuestros hombres no saben en calidad de qué son citados �si como testigos o como imputados� y después terminan queriéndolos procesar por falso testimonio. La Corte Suprema tiene que ordenar todo esto�, dijo por entonces un general a Página/12, anticipando la estrategia con la que empezaron a actuar ante el silencio concesivo del ministro de Defensa, Ricardo López Murphy.
El secretario general del Ejército, Eduardo Alfonso, fue el encargado de llevar la solidaridad de cuerpo a los detenidos por negarse a declarar en Córdoba y Bahía Blanca en los juicios abiertos para conocer el destino de los detenidos-desaparecidos. Ayer, Alfonso tuvo que posponer nuevamente �por el mal tiempo� la visita al suboficial Santiago Cruciani detenido hace un mes en Mendoza. Cruciani ha sido identificado por numerosas víctimas como torturador de �La Escuelita� de Bahía Blanca. Para los uniformados �es una aberración jurídica que siga detenido este hombre por negarse a declarar� y presionan para que avance hacia la Corte Suprema el cuestionamiento del oficial Corres a ese proceso.
El ministro del Interior, Federico Storani, se mostró más proclive que su par de Justicia sobre la utilidad de la mesa de diálogo que impulsa el Ejército y respaldan las otras fuerzas. �Es positivo que se esté estudiando alguna forma de que todos los sectores colaboren� para llegar a la verdad sobre el destino de los detenidos-desaparecidos, dijo, y rescató como �un buen ejemplo� la experiencia chilena para que �este capítulo se cierre definitivamente, para lo cual se necesita una voluntad política muy firme para que esta situación llegue al esclarecimiento total�.
La comparación con la situación de Chile es, en realidad, una confirmación del retroceso que puede sufrir el desarrollo de la política de derechos humanos en la Argentina. En el país trasandino nunca serealizó un juicio como el que en el �85 tuvo lugar en Buenos Aires para condenar el plan criminal de las Fuerzas Armadas que ejercieron el poder entre el �76 y el �83. Luego, las leyes de Punto Final y Obediencia debida y los indultos mutilaron la aplicación de la justicia pero la insistencia militante de las víctimas y familiares permitieron abrir nuevos caminos judiciales que ahora desquician a los uniformados. En Chile, el poder militar enquistado en los poderes democráticos impidió el avance de las causas judiciales y sólo después de la detención en Londres �el 16 de octubre del �98� de Augusto Pinochet en el marco del Juicio de Madrid por Genocidio permitió avanzar por la huella del esclarecimiento de los crímenes.
El 7 de junio del año pasado, el sucesor de Pinochet, general Ricardo Izurieta, propuso un �gran acuerdo nacional� para zanjar definitivamente el tema de las violaciones a los derechos humanos. Tras un año de conversaciones, algunos abogados de los organismos defensores de los derechos humanos aceptaron integrar una mesa de diálogo y ahora los militares tienen seis meses para aportar información a cambio de mantener �el secreto profesional� sobre el origen de la misma, es decir sin identificar a los culpables de las más de 3000 desapariciones registradas durante los 24 años de mandato pinochetista. Es obvio que los militares tratan de conjurar mediante ese mecanismo el avance del centenar de causas abiertas en la Justicia. Sin embargo, nada les garantiza hasta el momento la posibilidad de eludir las condenas. Hasta Pinochet está expectante por el desafuero que abrirá el pase a su juzgamiento después de ser liberado en Londres por �razones humanitarias�.
La Iglesia argentina de mano del arzobispo porteño, Jorge Bergoglio, mira con simpatía la mesa de diálogo chilena y aconseja a Brinzoni para transformarse en la garantía de �la reconciliación�. En una entrevista con Página/12, el pasado 28 de mayo, en las vísperas del Día del Ejército, el titular de la fuerza destacó que pertenece al prelado la frase: �un recuerdo parcial es tan injusto como el olvido�, interpretación que se transformó en muletilla para explicar que �los Juicios por la Verdad no son un mecanismo feliz�. Los hombres cercanos al titular de la Conferencia Episcopal, Estanislao Karlic, dejaron trascender su beneplácito por asumir un rol protagónico en ese diálogo pero antes de pronunciarse públicamente esperan contemplar la evolución de la idea.
�Nosotros no nos vamos a sentar con militares, con genocidas ni con represores, de ninguna manera. Si hay abiertos juicios por la Verdad, que vayan, justamente en ese marco tienen hasta el beneficio de no quedar detenidos, salvo cuando se empeñan en no querer hablar cuando tienen la obligación de hacerlo�, dijo Nora Cortiñas de Madre de Plaza de Mayo-Línea Fundadora. El �diálogo� impulsado por las corporación castrense y la eclesiástica por sobre la Justicia aparece como imposible. Los hombres de Brinzoni repiten: �La información la tienen los retirados y para que hablen hay que darles condiciones�. Es decir olvido y perdón.
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opinion
Por Horacio Verbitsky |
| Vía muerta
En dos décadas, cuatro gobiernos distintos lo han intentado todo, siempre en vano. La dictadura sancionó su ley de autoamnistía, Alfonsín y Menem sus leyes y decretos de impunidad. Sin embargo, las confesiones de Scilingo y Balza, la imponente movilización popular en el vigésimo aniversario del golpe, el juez Garzón en España, forzaron la agilización de los expedientes por el robo de bebés, e impulsaron las causas para investigar la verdad cuando las víctimas no eran niños sino sus padres. Además, las dos salas de la Cámara Federal de la Capital han dicho que los delitos de lesa humanidad no son amnistiables ni prescriben y se han basado para ello en la Constitución Nacional y en fallos de la propia Corte Suprema de Justicia. Es insostenible que los genocidas argentinos puedan ser juzgados en otros países pero no aquí.
Cuando la Corte intentó cerrar la vía de la verdad, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respondió que el Estado debe satisfacer la demanda de los familiares por el destino de sus seres queridos. El Estado nacional reconoció ante la OEA que el rol primordial en ese cometido corresponde a la Justicia. Quienes ambicionan que la Corte vuelva a cerrar el acceso de las víctimas a los tribunales pueden pecar de un exceso de optimismo. ¿Por qué habría de cubrirse ese tribunal de ignominia, contradiciendo sus propios fallos en casos similares, cuando los actores eran nazis alemanes?
Por primera vez hay al frente del Ejército un general que desempeñó funciones políticas durante la dictadura, como secretario general de la intervención en la provincia de El Chaco, cuando se produjo la masacre de trece prisioneros en Margarita Belén. Brinzoni impulsó el ascenso a coronel de uno de los responsables de aquellos asesinatos, pero el Senado lo rechazó. Al mismo tiempo, otorgó refugio en el Comando de Institutos Militares al primer torturador identificado por sus víctimas en los juicios por la verdad, el teniente coronel Julián Corres, alias Laucha. A Brinzoni le convendría estudiar en serio la experiencia chilena, donde ninguna de las decisiones políticas recientes ha garantizado impunidad. Hay allí más militares detenidos que en la Argentina.
El gobierno ha dejado hacer a los gorilas del Ejército, que cuentan con un guiño eclesiástico. Esta ambigüedad no puede prolongarse. La Alianza no incurre en los exabruptos de Menem, quien reivindicó el terrorismo de Estado. Pero tampoco la aparente prescindencia de De la Rúa es admisible. La conclusión natural de los juicios es el único modo de dejar atrás los momentos más dolorosos de la historia contemporánea. Todos los intentos por imponer el olvido, la impunidad y la mal llamada reconciliación produjeron el paradójico efecto opuesto. En vez de fantasear con la creación de comisiones especiales que sólo traerán desgaste y descrédito a quienes las propicien, ¿por qué no probar de una vez con el tan declamado respeto a la justicia? |
PEDIDO DE INFORMES EN LA CAMARA DE DIPUTADOS
¿Iniciativa propia o instrucciones?
Por F.Y.
�¿Cree (el jefe del Estado Mayor del Ejército, Ricardo) Brinzoni que son el Ejército y la Iglesia quienes deben resolver el drama de los desaparecidos? ¿Cree que las opiniones de obispos y generales tienen más valor que las decisiones del Poder Judicial?� Estas dos preguntas forman parte de los fundamentos del proyecto de resolución que presentaron seis diputados de la Alianza para que el Ministerio de Defensa justifique la actitud asumida por Brinzoni de solidarizarse con los subordinados que se negaron a declarar en los �juicios de la verdad� y los contactos que realizó con la jerarquía católica para organizar una �mesa de diálogo� que genere �una solución a la búsqueda de la verdad por el destino de los desaparecidos�.
El pedido de informes lleva la firma de los legisladores Jorge Rivas, Alfredo Bravo y Héctor Polino por el Socialismo Democrático, los frepasistas Marcela Bordenave y Gustavo Cardesa y el radical Jorge Orozco, y fue presentado ayer a última hora de la tarde de ayer. Seguramente el proyecto producirá otro remezón en la conflictuada relación interna que tiene el bloque oficialista en Diputados ya que el que funcionario que deberá responder es el ministro de Defensa, Ricardo López Murphy.
Los diputados sostienen en su fundamentación que la actitud del jefe militar �lejos de intentar influir en el ánimo de sus subordinados� para que brinden información sobre la suerte de los desaparecidos �se pone a su disposición y les hace llegar la solidaridad�.
Para estos legisladores del oficialismo se hace imperioso �establecer si Brinzoni actúa por iniciativa propia, en cuyo caso se impone investigar seriamente si su conducta no infringe las leyes de la República y los reglamentos militares, o si lo hace en cumplimiento de instrucciones superiores�. Es por ello que los firmantes del proyectos aseguran que en caso de que Brinzoni actúe de acuerdo a órdenes recibidas �el Poder Ejecutivo debe dar a esta Cámara detalladas explicaciones al respecto�.
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Cinco voces contra el pacto de impunidad |
Carlos Slepoy*.
�Destinado al fracaso�
�No hay reconciliación posible si no hay justicia. Este intento de convocar a una �mesa del diálogo� es una reedición de las anteriores iniciativas para lograr la impunidad de los criminales. Además, está destinado al fracaso. Es una respuesta a la lucha de los familiares y organismos de derechos humanos y a la persecución internacional a los genocidas del pueblo argentino y chileno. Lo que se intenta es paralizar los juicios, a pesar de los efectos limitados que tienen. Pero en la medida que prosigan, se profundizará la justicia necesaria.
La Iglesia tiene algunos mártires como los obispos Angelelli y Ponce de León y los sacerdotes palotinos, pero la jerarquía de la Iglesia Católica y la mayor parte de los vicarios castrenses han sido cómplices de la dictadura, y en algunos casos, han tenido participación activa en los crímenes cometidos. No es de extrañar, por tanto, que busquen la impunidad de los genocidas porque es un modo de procurar su propia impunidad.�
* Abogado de la acusación popular en el juicio que lleva el juez Baltasar Garzón. Miembro de la Asociación Argentina Pro-Derechos Humanos de Madrid.
Juan Pablo Cafiero*.
�La sociedad pide justicia�
�No creo que haya resultados positivos ni en materia de verdad, ni en materia de justicia. La naturaleza de la propuesta (del jefe del Ejército Ricardo Brinzoni) está basada en el concepto de la reconciliación. Pero yo creo que acá no se trata de la reconciliación. Esa no es la demanda de la sociedad. Hay una demanda de justicia, de que la verdad no se licue.
La solución se debe seguir buscando en el campo de la Justicia con las herramientas que se tienen. El consenso hay que buscarlo para lograr la anulación de las medidas que trajeron impunidad y no para lograr la reconciliación. Repito: no creo que la reconciliación sea la demanda de la sociedad.
El Gobierno tiene que seguir ayudando a la vía judicial. Hay que fortalecerla. Todo esto es distracción de los juicios de la verdad y por el secuestro y apropiación de niños. Esos juicios tiene que seguir y llegar a condenas. El gobierno no está complicado, los que están complicados son los que están imputados en los juicios.�
* Diputado nacional Alianza.
Hugo Cañon*.
�Claudicaciones éticas�
�La alta criminalidad merece respuestas desde el ámbito de la Justicia que es el único en el cual se puede obtener una respuesta a futuro para la sociedad. En la Argentina, han mediado una serie de claudicaciones éticas y jurídicas respecto de los crímenes cometidos durante la dictadura militar. Dentro del espacio que el actual sistema jurídico imperante permite, el Estado debe garantizar que sea la Justicia la que asuma la actividad destinada a esclarecer el destino de los desaparecidos. Cualquier otro mecanismo importa añadir una cuota suplementaria de impunidad a los crímenes cometidos en el período 76-83.
Los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino demandan que este principio de autonomía de la Justicia sea respetado. Cualquier otro intento es peligroso para la salud de la República.�
* Fiscal general de la Cámara Federal de Bahía Blanca
Martin Abregu*.
�Una respuesta tardía�
�Esta iniciativa del Ejército está buscando tardíamente dar una respuesta a la demanda social por Verdad y Justicia. Desgraciadamente, la propuesta del Ejército aparece como un intento por detener lo que está en curso. Sería interesante que las Fuerzas Armadas transformaran en hechoslos dichos del general Balza y decidieran brindar información cierta sobre el destino de los desaparecidos. Pero una �Comisión de la Verdad� constituida alrededor de la Iglesia no es el espacio apropiado para esto. La Iglesia tiene que dar serias explicaciones por su papel durante la dictadura. No es un actor imparcial. Por ello, para los organismos de derechos humanos una iniciativa como ésta es muy cuestionable. El ámbito para la determinación de qué pasó con los desaparecidos es la Justicia: los juicios por la Verdad. Cualquier iniciativa de las Fuerzas Armadas que signifique un verdadero aporte a estos juicios será bienvenida. Pero de ninguna manera vamos a apoyar iniciativas cuyo fin sea sacar otra vez de los Tribunales el juzgamiento de los crímenes de la dictadura.�
* Director ejecutivo Centro de Estudios Legales y Sociales CELS.
Alfredo Bravo*.
�Un monólogo de cómplices�
�No es casual que Fuerzas Armadas e Iglesia converjan nuevamente, pero hoy �a diferencia de aquellos años de dictaduras y crímenes de lesa humanidad� tratan de instrumentar una nueva trampa, un nuevo punto final a la acción de la Justicia. Las Fuerzas Armadas, que durante un cuarto de siglo usurparon el poder, y la Iglesia del silencio, que en un documento del 8 de mayo de 1977 auspiciaba �una legítima represión sacrificando, si fuese necesario, derechos individuales, en beneficio de bien común�, pretenden ahora formar una denominada �mesa de diálogo� entre victimarios y víctimas. Esta �mesa de diálogo� se convertirá en un monólogo de cómplices para crear un nuevo punto final que impida la continuidad de los juicios de la Verdad. Por eso, sostengo que le corresponde sólo al Estado democrático intervenir en la investigación, profundización y solución de los reclamos de los familiares de las víctimas del terrorismo de Estado, cumplir con los Pactos y Tratados Internacionales, y con las demandas judiciales formuladas por España, Francia, Italia, Suecia y Alemania.�
* Diputado nacional (Alianza). |
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El Ejército quiere que una mesa de diálogo sirva de escenario para un punto final de todas las causas abiertas por violaciones a los derechos humanos.