Por Adriana Meyer
 El ex presidente del PAMI sigue intentando sin éxito obtener su libertad. El juez federal Adolfo Bagnasco le negó el beneficio de la excarcelación a Víctor Alderete, en consonancia con la opinión de los fiscales Guillermo Montenegro y Paulo Starc. A su vez, ellos apelarán hoy la falta de mérito decretada por Bagnasco en relación al delito de asociación ilícita. El magistrado lo procesó por defraudación y lo dejó preso por su peligrosidad, pero entendió que aún no hay en la causa elementos suficientes como para procesarlo como jefe de una banda que defraudó al PAMI, tal como denunció la Oficina Anticorrupción (OA) y como siguen afirmando los fiscales.
En el dictamen que presentaron ayer a Bagnasco para rechazar el pedido de excarcelación planteado, Alderete, Montenegro y Starc destacaron que en el caso �hay una asociación ilícita� y el ex funcionario menemista fue su jefe. La denuncia de la OA describió que Alderete montó una estructura de �poder discrecional� con amigos y parientes, que se beneficiaron con una serie de ilícitos que defraudaron al PAMI. La banda desactivó todos los mecanismos de control de la obra social y habría abusado del mecanismo de la contratación directa. A modo de ejemplo, los investigadores presentaron cinco casos testigo. Ante los avisos de los empleados de la obra social sobre el deterioro de la calidad prestacional y el manejo financiero las autoridades �cajoneaban� esa información en forma sistemática y selectiva. La OA concluyó que esto redundó en condiciones infrahumanas de trato a los ancianos y puso en riesgo la continuidad de las prestaciones.
Para fundamentar la necesidad de que el ex presidente del PAMI siga preso los fiscales mencionaron su �situación global�. El razonamiento es el siguiente: Alderete ya fue procesado en tres causas diferentes (por los jueces Claudio Bonadío, Jorge Ballestero y Adolfo Bagnasco en otro expediente), y en caso de ser condenado en este proceso la ejecución de la pena no sería condicional sino efectiva, es decir, en la cárcel. Bagnasco decidió dejarlo encerrado en el escuadrón Buenos Aires de la Gendarmería aplicando el artículo 319 del Código Procesal, que establece las restricciones para el otorgamiento de la excarcelación, basadas en una �objetiva valoración de las características del hecho�. Según el juez, �la gravedad de los hechos� cometidos �en perjuicio de las arcas del Estado nacional� no permite la concesión de la libertad del acusado.
Además consideró la �relevancia social� de las conductas ilícitas imputadas a Alderete que habrían perjudicado a los sectores más indefensos de la sociedad. La excarcelación puede negarse para asegurar el éxito de la investigación, si el juez sospecha que el imputado puede darse a la fuga o seguir delinquiendo. Ahora, tras el rechazo del pedido de excarcelación, sus defensores apelarán ante la sala I de la Cámara Federal y sus integrantes podrían disentir con la apreciación de Bagnasco, lo que implicaría la liberación del ex funcionario.
Los fiscales afirmarán que la asociación ilícita que encabezó Alderete no estaba conformada sólo por sus colaboradores y otros ex funcionarios del PAMI sino también por los directores de las empresas prestadoras, al apelar esa parte de la resolución de Bagnasco. Por su parte, su abogado León Arslanian apeló todo el procesamiento. En el escrito que presentaron el lunes para pedir la excarcelación, Arslanian y su socio Carlos Beraldi se quejaron del �alto grado de contaminación extrajurídica que padece este juicio� y también de la supuesta condena mediática que sufre su cliente. Y advirtieron que recurrirán a la Corte Suprema y a los tribunales internacionales �en caso de no remediarse en forma inmediata la grave situación planteada� por la prisión preventiva de Alderete.
El juzgado ordenó ayer una veintena de declaraciones indagatorias de ex jefes de área y ex directores del PAMI que comenzarán el 14 de agosto y seextenderán hasta el 17 de octubre. Bagnasco, su secretaria Olga Chaves y los fiscales interrogarán en primer término a los integrantes de la denominada �Unidad Presidente�, es decir, a los colaboradores más cercanos de Alderete, entre quienes se encuentra su cuñado, Ramiro Porto y su hijo, Alejandro. Mientras tanto, el ex funcionario va perdiendo las esperanzas de volver a su casa y trata de acostumbrarse a su celda en Gendarmería.
Citaron a declarar al peluquero de María Julia
El que hacía las extensiones
El peluquero de María Julia Alsogaray, beneficiario de una extensión de la tarjeta de crédito de la ex funcionaria, fue citado a declarar como testigo en la causa en la que se investiga a la ex titular de la Secretaría de Medio Ambiente por presunto enriquecimiento ilícito.
El hombre que solía peinar a María Julia se llama Diego Impagliazzo y fue convocado a declarar por el juez Federal Juan José Galeano. En la audiencia de mañana, será interrogado sobre sus gastos con esa tarjeta de crédito. La convocatoria tiene un sentido: la ex secretaria de Medio Ambiente intenta demostrar que los gastos que figuran en los resúmenes de cuenta de su tarjeta American Express Gold �número 376410188871005� no le pertenecen en su totalidad, ya que muchos fueron efectuados por las personas que tenían �extensiones�, como Impagliazzo.
Según consta en el expediente, el peluquero habría efectuado gastos importantes con la extensión de la tarjeta de Alsogaray entre agosto de 1996 y diciembre de 1999. Entre ellos, la compra de cuadros y alojamiento en importantes hoteles en Nueva York. El peluquero deberá presentarse ante el juzgado de Galeano, en los tribunales federales de Comodoro Py 2002, mañana por la mañana.
En el marco de esa causa, Galeano resolvió indagar a Alsogaray el próximo ocho de agosto, y hasta esa fecha hasta la ex funcionaria no podrá abandonar el país sin previa autorización judicial. El 3 de agosto declarará el empresario Arnaldo Martinenghi, a quien María Julia señaló como el hombre que le pagó 500 mil dólares por el asesoramiento sobre un astillero. Las medidas fueron dispuestas a pedido de los fiscales federales Eamon Müllen y José Barbaccia, quienes quieren que Alsogaray explique cómo hizo para incrementar su patrimonio durante su paso por la función pública. Según el expediente, María Julia declaró hace un par de años un mayor número de propiedades, inmuebles y acciones societarias que las que tenía a principios de 1990.
A las acciones penales contra Alsogaray se sumó hace unos días otra denuncia por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos e incumplimiento de los deberes de funcionario público: la presentó el diputado nacional Héctor Polino y fue radicada ante el juez Federal Gabriel Cavallo. El legislador le atribuye a Alsogaray irregularidades en la contratación de la empresa Sisteval, en septiembre de 1995, para la informatización del registro de generadores, transportistas y operadores de residuos peligrosos. Para el diputado, el contrato fue �deliberadamente ambiguo�, y recordó que Sisteval �funciona en el Ministerio de Defensa, pero opera como una verdadera consultora privada�, y que fue seleccionada �eludiendo la convocatoria a licitación pública�.
FRENTE AL PAPER DEL GOBIERNO
QUE LOS CUESTIONA
Guiño de Gil Lavedra a los
jueces
�Esta forma de quejarse es absolutamente inapropiada y ciertamente comprendo la molestia de los jueces�, dijo ayer Ricardo Gil Lavedra. Con estas palabras, el ministro de Justicia intentó morigerar las críticas de los magistrados federales. Indignados, los jueces habían protestado en bloque luego de que Página/12 publicara en exclusiva un informe secreto que recorre algunos despachos del Gobierno y que evalúa lapidariamente su accionar en la investigación de las causas de corrupción.
Todo comenzó el lunes pasado, cuando este diario reveló la existencia de un non paper, un documento que se maneja en estricta reserva en algunos despachos oficiales, en el que se evalúa el trabajo de los diez jueces federales en la investigación de las causas vinculadas con los delitos de corrupción.
Luego de la publicación del informe �que describía dilaciones, maniobras de distracción y desprolijidades varias�, los magistrados respondieron con indignación. Se reunieron en el despacho de Rodolfo Canicoba Corral, uno de los más cuestionados. Y Adolfo Bagnasco, virtual portavoz de los jueces, respondió asegurando a Página/12 que se trataba de una �intromisión del Ejecutivo en la Justicia� y señalando que el memo circulaba por el Ministerio que dirige Gil Lavedra.
Ante la polvareda que levantó el tema, el ministro reaccionó ayer de manera espontánea, negando que el informe haya pasado por su cartera. �Me parece que si alguien está disconforme con el comportamiento de los jueces federales debe acudir al mecanismo constitucional que es el del Consejo de Magistratura�, sostuvo el ministro.
Con el gesto, el funcionario intentó esquivar las críticas de los jueces y poner distancia con el informe que circula por los despachos aliancistas. Es que Gil Lavedra se encuentra en un lugar difícil, en el que debe equilibrar el respeto a la independencia de los poderes con la necesidad de mostrar avances concretos en la lucha contra la corrupción. �Jamás lo vi�, dijo el ministro, quien, de todos modos, no pudo negar la existencia del documento publicado por este diario.
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