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Interior se quedó sin plata para
pagarles a los partidos políticos

Con las distintas reducciones presupuestarias, la cartera se quedó sin recursos. Apelan a que si mejora la economía ingrese dinero.

Plata: En un decreto firmado la semana pasada, el Gobierno decidió que el 50 por ciento del fondo más los remanentes adeudados se transfieran al 2001.

El Estado debe aportar al funcionamiento de los partidos.
Pero, ajuste tras ajuste, los partidos están en bancarrota.


Por Fernando Cibeira

t.gif (862 bytes) A partir de noviembre, el Ministerio del Interior no tendrá más dinero para sostener a los partidos políticos que, de esta forma, se quedarán sin recursos para pagar el alquiler, luz, teléfono y demás gastos corrientes. La culpa la tiene José Luis Machinea y su último ajuste, que podó del Fondo Partidario Permanente de 8,5 millones de pesos. Con todo, en Interior sueñan con una última carta salvadora: que los recientes números auspiciosos de los indicadores económicos aflojen al ministro de Economía y acepte abrir la billetera.
En Interior aseguran que agotaron las posibilidades para que el ajustazo no incluyera el Fondo Partidario. El subsecretario César Martucci se reunió en más de una ocasión con el secretario de Hacienda, Mario Vicens, pero sus argumentos no alcanzaron para convencer a Economía. Martucci intentó hacerle entender a Vicens que los representantes de los partidos ya estaban bastante enojados por los recortes que venían sufriendo y que ajustar más el cinturón los llevaba a un enfrentamiento seguro con los mismos dirigentes que el presidente Fernando de la Rúa quiere sumar al diálogo político. 
Es que en los últimos años del menemismo el Fondo Partidario contó con 21 millones de pesos, que se redujeron a 17 millones en el primer presupuesto aliancista. Con el nuevo recorte quedó en la mitad. En un decreto firmado la semana pasada, el Gobierno decidió que el 50 por ciento del Fondo, más los remanentes adeudados, se transfieran al 2001. 
El Fondo se reparte entre los partidos según un complicado cálculo que incluye los votos obtenidos en la última elección, número de afiliados más cantidad de legisladores y se destina a pagar los gastos ordinarios que demanda el funcionamiento de cualquier agrupación, ya sea que funcione a nivel nacional o provincial. Tiene su razón de existir en el artículo 38 de la Constitución, que reconoce a los partidos políticos como �instituciones fundamentales del sistema democrático� y que establece que el Estado tiene que contribuir a su sostén. La discusión por el financiamiento de los partidos �que abarca también la continuidad de este Fondo� está incluida dentro de lo que se dio en llamar la �reforma política� que hoy se conversará en una reunión en el Ministerio del Interior (ver aparte).
Para colmo, desde el primer mes del año, Interior ha venido liquidando el fondo calculando el presupuesto completo, por lo que el recorte los dejará pedaleando en el aire. Según sus cálculos, tienen recursos para pagar hasta octubre. Ya para noviembre y diciembre se quedarán sin dinero, por lo que los locales partidarios se verán obligados a buscar otras formas de financiamiento o, de lo contrario, deberán cerrar sus puertas hasta que en el primer mes del 2001 vuelvan a recibir su mensualidad. En peor situación todavía quedarán los partidos que contabilizaron que cobrarían algo de lo que les debe el Estado desde la gestión menemista por diferentes rubros. Todo lo adeudado por conceptos tales como diferencia de votos o lo que les corresponde a los partidos nuevos también se pasó para el año próximo. 
�Por demanda de todos los partidos políticos y por precepto constitucional que lo ordena, el Gobierno va a hacer todos los esfuerzos para garantizarles a los partidos lo que manda la Constitución nacional�, aseguró Martucci a Página/12. En realidad, la archiúnica carta que les queda a los funcionarios de Interior es la de acudir a Economía a pedirle que, teniendo en cuenta el aumento de la recaudación impositiva y el superávit record, acepte girar un remanente extra para que los partidos políticos no se vean obligados a cerrar sus locales.


La reforma política

Gobierno y oposición volverán a encontrarse hoy para avanzar en el consenso de un proyecto común de reforma política. La idea que impulsa la Rosada tiene su núcleo en tres puntos: la obligatoriedad de las internas abiertas para todos los partidos, un nuevo criterio para el sostén del Fondo Partidario (al aporte estatal se sumaría el que quieran realizar los privados, las personas físicas o jurídicas que aporten al Fondo se verían beneficiados por desgravaciones impositivas) y un techo para el aporte privado que aporte a determinado candidato. Entre la Alianza y el PJ ya hay consenso para achicar la duración de las campañas electorales, además de instaurar un tope al gasto total que pueda realizar cada partido. La reunión se realizará en la presidencia del bloque de diputados del PJ y participarán el subsecretario de Interior, César Martucci, y los legisladores justicialistas Javier Mouriño, Carlos Soria, Adrián Menem, Cristina Kirchner y Bernardo Quinzio. Sólo en el Senado, existen siete proyectos diferentes de reforma del sistema político.

 

 

Tratan la consulta popular

Tras seis años de demora, el Senado resolvió tratar en su sesión de hoy la reglamentación del sistema de Consulta Popular previsto en la Constitución Nacional. El sistema de la Consulta Popular es uno de los mecanismos de democracia semidirecta que se incorporó, junto con la Iniciativa Popular, durante la convención Constituyente que se realizó en Santa Fe en 1994. La Consulta podrá tener el carácter de vinculante si es convocada por una ley del Congreso, o no vinculante si se realiza mediante un decreto del Poder Ejecutivo. En el primer caso, el Congreso estará obligado al tratamiento de la iniciativa puesta a consideración, y el voto de los ciudadanos será obligatorio. En caso que quien convoque a la Consulta sea el Ejecutivo a través de un decreto, ésta tendrá carácter de no vinculante y el voto de los ciudadanos no será obligatorio. El artículo constitucional establece que el proyecto de ley puesto a consideración mediante la consulta vinculante, deberá iniciarse en la Cámara de Diputados.

 

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