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FUERON ENVIADOS AL HOSPITAL PENITENCIARIO
Suero para los presos del MTP

Su salud se deteriora. Cumplieron cuarenta y cuatro días de ayuno. Esperan que mañana se vote la ley. Pero la sesión puede levantarse.

Un cartel en la Catedral pidiendo libertad a los presos.
Un médico se negó a atender a un ayunante con mareos.


t.gif (862 bytes) Los ocho presos de La Tablada que cumplen su condena en la Unidad 19 de Ezeiza fueron trasladados al hospital penitenciario de Villa Devoto para ser asistidos luego de estar 44 días en huelga de hambre. �Para nosotros es un retroceso en las condiciones de los presos porque están en período de prueba y en vez de mandarlos a un hospital público los llevan a una cárcel de máxima seguridad, donde están muertos de frío, no tienen dónde calentar agua y hasta les sacaron la radio�, manifestó Adrián Wittemberg, vocero de los detenidos del MTP. Algunos huelguistas fueron atendidos con suero porque sufrieron de mareos, vómitos y hasta convulsiones. Los presos esperan que mañana se vote en diputados la ley que permitiría su libertad. Pero es probable que ni siquiera haya sesión. 
Claudio Rodríguez, Carlos Moto y Miguel Aguirre fueron trasladados ayer a la madrugada. �Los llevaron engañados. Les dijeron que iban a ir al hospital de Ezeiza�, se quejó Wittemberg. Al mediodía siguieron el mismo camino Luis Alberto Díaz, Gustavo Mesutti, José Moreyra, Sergio Paz y Claudio Omar Veiga. Además, Enrique Gorriarán Merlo, encarcelado en Devoto junto con Roberto Felicetti, tuvo vómitos y mareos y un médico �de apellido Parrilli� se negó a atenderlo. 
Al mediodía los familiares de los detenidos se reunieron en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos con el subsecretario Juan Carlos López. Ante las quejas por el traslado a Devoto, el funcionario argumentó que los hospitales públicos �no están en condiciones de recibir a un grupo de esta naturaleza ya que habría que vaciar un pabellón entero y apenas dan abasto para atender a la población�. López añadió que los detenidos �no se negaron al traslado� y que �están colaborando abiertamente�. Los familiares también se entrevistaron con monseñor Jorge Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires, a quien le solicitaron que interceda por la situación de los presos. La Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina se sumó ayer al reclamo por el caso La Tablada al manifestar su preocupación por los huelguistas. 
El ministro del Interior, Federico Storani, reiteró ayer que el Congreso debe sancionar una ley que �establezca la doble instancia� procesal para liberar a los presos por el copamiento del regimiento de La Tablada y descartó nuevamente la posibilidad de indultarlos. El proyecto que establece la posibilidad de una revisión en la condena de los miembros del MTP fue elaborado por el frepasista Ramón Torres Molina según las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que estableció que la ley en la que se basó el juicio a los atacantes de La Tablada �de Defensa de la Democracia� es contraria al Pacto de San José de Costa Rica. Esta iniciativa está en condiciones de ser tratada mañana en Diputados. El problema es que algunos legisladores pusieron en duda que se efectúe la sesión y a partir de la semana que viene los diputados se toman un receso de quince días. Por otra parte hoy podría discutirse en la Cámara de Senadores un proyecto de Alberto Rodríguez Sáa, que implicaría la obligación de revisar las condenas objetadas por organismos internacionales de derechos humanos y también beneficiaría a los presos de La Tablada. 
Mientras, los detenidos siguen con la huelga de hambre, que ya lleva 44 días. A pesar que firmaron una declaración negándose a ser alimentados por la fuerza, el Gobierno cuenta con una resolución judicial que permite suministrales comida a los huelguistas en estado crítico, aún contra su voluntad.


Pedido de Daniel Ortega

�Ante la gravedad de la situación que enfrentan los presos argentinos de La Tablada en huelga de hambre, con riesgo de sufrir daños físicos irreversibles y la pérdida de la vida misma, me dirijo a usted, con todo respeto, con el fin de solicitarle la búsqueda de una solución que ponga fin al largo cautiverio de estas compañeras y compañeros�, manifestó el ex presidente nicaragüense Daniel Ortega en una carta al presidente Fernando de la Rúa. �Por tal razón, en circunstancias tan especiales, me permito apelar a su sensibilidad de jefe de Estado y de humanista�, agregó el líder sandinista en el mensaje que se sumó a otros reclamos internacionales por los presos de La Tablada.

 

 

OTROS DOS FALLOS CONTRA EL RECORTE SALARIAL
Amenaza de multa para el Gobierno

A pesar de la �buena onda� que el gobierno de Fernando de la Rúa intenta darle a su gestión de gobierno, ayer recibió un nuevo revés. Esta vez provino de la Justicia, que a través de dos fallos, uno de Capital Federal y otro de Río Grande, Tierra del Fuego, dictó sendas medidas cautelares contra el decreto que rebajó los salarios de los empleados públicos. Pero el dictamen porteño tiene una novedad, ya que impone una multa diaria de 400 pesos a la administración en caso de incumplimiento.
Los fallos se suman a la andanada de rechazos al decreto del Gobierno registrada en diferentes juzgados del país, mientras la administración de Fernando de la Rúa se apresta a apelar los fallos. La medida, en la Capital Federal, fue dispuesta por la titular del Juzgado de Trabajo número 56, Nilda Fullana, quien hizo lugar a una acción de amparo presentada por empleados del Instituto Nacional de Desarrollo e Investigación Pesquero de la ciudad de Mar del Plata, patrocinados por Eduardo Barcesat. Al hacer lugar a la medida, la juez ordenó �al Estado nacional �Ministerio de Economía� que liquide los haberes de los demandantes, absteniéndose de practicar el recorte salarial dispuesto en el decreto 430/2000, hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo, bajo apercibimiento de aplicar un astreinte (multa) de 400 pesos por cada día de incumplimiento�.
Por su parte, la Justicia de Río Grande hizo lugar a una acción de amparo presentada por un grupo de empleados de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) contra el recorte salarial. La medida fue adoptada por la jueza Lilian Herráez, quien le exige al Poder Ejecutivo nacional que �se abstenga� de hacer los descuentos hasta tanto se resuelva la presunta inconstitucionalidad del decreto firmado por De la Rúa.

 

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