Por Carlos Rodríguez
 "No puede pasar ningún arma." Suboficiales del Servicio
Penitenciario Federal (SPF) plantearon como inexplicable que un grupo de
seis presos, cuatro de los cuales lograron fugarse de la cárcel de Devoto
el 26 de junio de 1998, hayan contado ese día con una pistola calibre 22
--otros testigos dijeron que era una 9 milímetros-- con la que ingresaron
a la sala del penal donde habitualmente se reúnen con los abogados,
superando la rigurosa requisa reglamentaria a la que deberían haber sido
sometidos. En el juicio oral por el escape surgieron otras dudas sobre la
actuación del SPF: los presos esperaron horas a sus letrados cuando el
plazo máximo de tolerancia es de diez minutos; serrucharon uno de los
barrotes de la sala-celda sin que los guardias escucharan ruido alguno y
luego superaron cuatro puertas con guardias armados disparando un solo
tiro. No sorprendió a nadie que salieran presentando credenciales de
abogados, aunque uno de ellos vistiera un uniforme del SPF y otro un
atuendo propio de los presos. En la audiencia que
comenzó ayer son juzgados Julio Pacheco y Gabriel Chiavasco, que lograron
escapar, y también Sixto Albarenque y Fabián Junco, capturados antes de
trasponer la última puerta. Los otros dos que fugaron fueron Maximiliano
Noguera, que a comienzos de año apareció ahorcado en su celda de la cárcel
de Caseros, y Daniel Cabrera, que fue detenido en la localidad bonaerense
de Sierra de los Padres hace poco más de un mes y no llegó a tiempo para
ser incluido en el actual proceso.
Pacheco, vinculado con la banda de Luis "El Gordo" Valor,
es el mismo que --según reveló este diario en abril-- había sido
trasladado de Caseros a Devoto dos meses antes de la fuga, tras una
negociación personal con el ex titular del SPF, Alfredo Ayala, removido
este año de la función luego de que se revelara que personal a su cargo
permitía la salida ilegal de presos para robar. La causa cobró
trascendencia por las amenazas de muerte que sufrieron los jueces Alberto
Baños y Wilma López.
La fuga comenzó a gestarse a las 18 del viernes 26 de junio de
1998, cuando los seis presos de Devoto, por pedidos al SPF de supuestos
abogados cuyos apellidos no corresponden a los verdaderos defensores de
los imputados, fueron llevados a la sala-auditorio, en el subsuelo del
penal de Devoto. Los dejaron en un salón oval que tiene gruesos barrotes
en las ventanas. Juan Carlos Siccotosto, quien en realidad trabajaba como
fotógrafo del SPF, era el único que estaba de guardia en el área.
Confirmó que los detenidos estuvieron en el lugar entre las 18 y
las 19.10, sin que aparecieran los supuestos abogados, cuando "el
tiempo máximo de espera es de diez minutos". Sin que Siccotosto se
enterara, los seis presos serrucharon uno de los barrotes, lo doblaron,
salieron por allí y luego redujeron al guardia-fotógrafo. Lo desnudaron,
le sacaron el uniforme y Pacheco se mimetizó con sus centinelas.
Otras perlas fueron aportadas por Reynaldo Lallana, Pedro Cardozo,
José Leguizamón, Haroldo Linares, Manuel Merep y Dalmiro Lafuente, del
SPF:
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Tres de los presos fueron a la cita con sus abogados vestidos de traje y
corbata, para mimetizarse con ellos, sin despertar sospecha alguna.
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Tenían una pistola (oficialmente es calibre 22 pero podría haber sido
una 9 milímetros) y pasaron la requisa previa al ingreso al locutorio.
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Les quitaron las credenciales a otros abogados y salieron con ellas,
aunque Pacheco iba vestido con uniforme del SPF y otro preso vestía ropas
típicas que usan los detenidos cuando colaboran con los carceleros.
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Hubieran salido de la cárcel sin trabas, por la entrada principal de la
calle Bermúdez, si Pacheco no hubiese sido reconocido por Linares, quien
estaba franco de servicio y fue al lugar por casualidad.
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Un plomo calibre 22, que habría herido a Merep en la mano, fue hallado
junto a la puerta de salida, pero el impacto no dejó huellas ni en el
piso ni en ninguna de las paredes.
El
abogado de Pacheco, Ernesto Vissio, sorprendió ayer cuando pidió
"la pena de muerte" para su representado. Aunque la solicitud
sería abstracta porque la pena capital no existe en el país, la movida
de Vissio tiene por finalidad "dejar en claro que Pacheco no tiene
posibilidad de reinserción social porque el SPF lo tiene aislado. Y en
esas condiciones es preferible morir".
EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA CITO A VILLAFUERTE
El caso Ramallo en estudio
El juez federal de San Nicolás Carlos Villafuerte Ruzo fue citado por el Consejo de la Magistratura para que explique su desempeño durante la �masacre de Ramallo�, el frustrado asalto al Banco Nación de esa ciudad en el que la policía mató a tiros a dos rehenes y un delincuente el 17 de setiembre de 1999. La fecha en la que el juez deberá aclarar las dudas de los magistrados se fijó para el próximo 15 de agosto. El acusado podrá optar por no presentarse �según establece el artículo 7 del reglamento interno del Consejo�, pero como la audiencia puede derivar en la decisión de no continuar con el juicio político, a Villafuerte Ruzo le sobran motivos para concurrir.
El Consejo investiga el presunto mal desempeño de sus funciones en el intento de asalto al banco de Ramallo. Villafuerte Ruzo estaba presente cuando los asaltantes intentaron escapar usando como escudos humanos al gerente Carlos Chávez y su esposa Flora Lacave y al contador Carlos Santillán. A la lluvia de balas disparadas por los grupos Halcón y Geo que los recibió sólo sobrevivió la señora. Desde ese momento se ha intentado dilucidar quién dio la orden de fuego. El magistrado adujo que todo policía sabía cuándo disparar, por lo que no era necesaria una orden precisa de un juez para hacerlo.
El único delincuente que salió ileso, Martín Saldaña, murió sospechosamente ahorcado en la comisaría 2ª de Ramallo en el mismo día. Inicialmente fueron procesados el jefe de la Departamental y el de la DDI de San Nicolás, Adolfo Biardo y Omar Isaías, por mal desempeño de sus funciones. Los peritajes a las armas y los proyectiles secuestrados, algunas fuera de tiempo, determinaron que el sargento Ramón Leiva, el suboficial principal Oscar Parodi y el cabo Carlos Aravena fueran imputados por homicidio simple, los dos primeros, y por homicidio en grado de tentativa el último.
Días después, el abogado Juan Pandis pidió al Consejo de la Magistratura que abriera el procedimiento de remoción y, preventivamente, ordenara la suspensión de Villafuerte Ruzo. El juez, además, tiene otro pedido de juicio político por mal desempeño en la causa que investigó la muerte de Carlos Menem junior.
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