El País de Madrid
Por Luis Matías López
Desde Moscú
 Ayer fue un mal día para los llamados �oligarcas� rusos, quienes, gracias a sus conexiones con el poder, se hicieron con medio país a precio de saldo. Tres de ellos sintieron ayer el acoso de la ley. Agentes de la fiscalía y el Servicio Federal de Seguridad volvieron a registrar la sede del grupo Most y de su buque estrella: la cadena de televisión NTV. Simultáneamente, se abría un proceso penal contra Vaguit Alekpérov, presidente de Lukoil (la primera petrolera del país) por evasión de impuestos. Y, por fin, la fiscalía exigía a Vladimir Potanin, cabeza del grupo Interros, que pagase 143 millones de dólares para compensar al Estado por la pérdida sufrida en la privatización de la mayor productora de níquel del mundo.
Con tanta presión sobre los oligarcas en un solo día, faltaba tiempo ayer para determinar si se trataba de una acción coordinada surgida de la iniciativa de Vladimir Putin con fines políticos, de un exceso de celo de funcionarios que se adelantan a los deseos del líder del Kremlin, o de una actuación independiente de la Justicia que, no por infrecuente a estos niveles, hay que considerar imposible. Los grandes magnates han cortejado el poder durante años, influyendo en decisiones políticas clave y contribuyendo con su dinero y sus medios de información a mantener a Boris Yeltsin en el Kremlin y luego a hacer posible su relevo por Putin. El actual presidente, que defiende un Estado fuerte y la �dictadura de la ley� y está forjando una base de poder propia, prometió antes de su elección que acabaría con los oligarcas como clase que se aprovecha del
Estado. No está claro aún si los problemas de Gusinski, Alekperov y Potanin forman parte del cumplimiento de esa amenaza. Antes de llegar a esa conclusión, habría que ver al más maquiavélico y maniobrero de los oligarcas, Boris Berezovski, en el exilio o entre rejas. O por lo menos, severamente acotado en su poder económico.
Hasta ahora, el único que ha conocido la cárcel ha sido Gusinski (que pasó tres noches en la de Butirka), acusado de estafa en la compra de una compañía de video, aunque la sospecha generalizada es que purga el pecado de desafiar políticamente al Kremlin, y enfrentarlo críticamente en sus actividades periodísticas. Sin embargo, lo que ayer buscaba la policía en sus oficinas eran pruebas de irregularidades en la valoración del grupo y en el trato con uno de sus principales accionistas, Gazprom, la mayor empresa de Rusia, de cuyas arcas ha salido el dinero para pagar algunas deudas del grupo.
En cuanto a Lukoil, la acusación contra Alekperov y el máximo responsable financiero de la empresa apunta a fraude fiscal a gran escala, con supuesta devolución indebida de pagos del IVA por falsas exportaciones de petróleo. Un portavoz de la firma (cuyos beneficios han crecido vertiginosamente en los dos últimos años por la subida del precio del crudo en el mercado internacional) aseguró que, por el contrario, es el Estado el que todavía adeuda a Lukoil más de 80 millones de dólares. Parece un sarcasmo, pero Lukoil fue galardonada el año pasado por el Ministerio de Impuestos con el premio al Contribuyente Honesto.
En cuanto a Vladimir Potanin, paga ahora sus victorias en la privatización de empresas clave que siguió a su paso por el gobierno, donde fue viceprimer ministro con Viktor Chernomirdin. Gracias a una subasta que él mismo diseñó, su grupo se hizo con el 38 por ciento de Norilsk Nickel por una bagatela: 171 millones de dólares. Para dejarlo en paz y retirar la demanda de que se anule esa operación, el fiscal le pide ahora que entregue al Estado lo que considera que debió pagarle de más entonces: otros 143 millones. Según la fiscalía general, el precio inicialfue establecido por el entonces ministro de privatizaciones, Alfred Koj, conchabado con el mismo Potanin, aunque la investigación del caso se encuentre cerrada debido a una amnistía.
Curiosamente, después de la detención de Potanin, Putin se reunió tanto con Alejperov como con Potanin, e intentó tranquilizarlos diciéndoles que no estaba en marcha ni una ofensiva generalizada contra los oligarcas ni un intento de redistribución de la propiedad. Aunque todavía no haya indicios claros, sí existen fuertes sospechas de que de todo este embrollo puedan salir beneficiados otros oligarcas próximos al Kremlin, como Roman Abramovich y Alexandr Bamut. Quien pensase que, con Yeltsin jubilado, se avecinaban tiempos tranquilos en Rusia, se equivocaba de plano.
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