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 Daniel Montamat confirmó ayer el adelanto exclusivo de Página/12 acerca de que las tarifas del gas aumentarán en los próximos días para los consumos domiciliarios e industriales. Según el secretario de Energía, tal como lo había afirmando ante este diario, esos ajustes serían del 5 por ciento para los usuarios residenciales y del 3,7 por ciento para los industriales. Esa revelación inquietó a José Luis Machinea. Por ese motivo, anoche el ministro intentó compensar esa �mala noticia�, y reconociendo que habrá un aumento, informó que después de esa suba se congelará la tarifa. Para crear expectativas, Machinea dijo que seguirá discutiendo la magnitud del ajuste con las gasíferas durante las próximas 48 horas. Para las empresas, según comentaron a Página/12, poco hay para discutir sobre el aumento previsto del gas. El titular del Palacio de Hacienda aseguró que después de ese mal trago las tarifas no se tocarán hasta el 2002.Lo único realmente firme es que, efectivamente, el gas se encarecerá en este frío invierno. Para Economía aún no está dicha la última palabra respecto a cuánto ascenderá el ajuste. Por lo pronto, en Energía sostienen que Montamant sólo cumple su papel de técnico, sin injerencia en la negociación tarifaria, tarea que siempre ha estado en manos del jefe de asesores de Economía, Pablo Gerchunoff. Hace cuarenta y cinco días Economía intenta persuadir a las empresas de que no apliquen dos de los tres últimos incrementos semestrales que les corresponde por contrato, en función del índice de precios mayoristas de los Estados Unidos. Las empresas se avendrían a posponer dos años los ajustes futuros, pero no están de acuerdo con resignar los que hasta ahora les corresponden según las reglas de la privatización. �¿Cuánto correspondería hoy de incremento, de acuerdo con la ley?�, se preguntó Machinea. �Por un lado, tenemos una acumulado del 3,8 por ciento que debería haberse aplicado en enero, y que hubo acuerdo para posponerlo, a lo que debe sumarse 3 por ciento que es lo que las empresas no cobraron en estos últimos seis meses, además del 2,4 por ciento correspondiente a la indexación prevista para julio�, se respondió. Esto supone un total del 9,2 por ciento, aunque �ése no es el impacto real sobre el consumidor�, dijo. �El impacto real sobre el consumidor es de alrededor del 6,0 por ciento�, precisó. La pretensión del Gobierno es que se tome en cuenta solamente el incremento acumulado que debía pagarse en enero, del 3,8 por ciento, dejando de lado el resto. Según las gasíferas, el punto de la discordia está en cómo serían compensadas por mantener fijas las tarifas por los próximos dos años, luego de aplicar el ajuste en discusión. Según fuentes empresariales, el viernes estuvieron a punto de sellar un acuerdo con el Gobierno, frustrado por la magnitud de la �tasa resarcitoria�. Se trata de una compensación por resignar esos aumentos. Pablo Gerchunoff, jefe de asesores y encargado de llevar adelante las negociaciones, planteó no reconocer a las distribuidora esa tasa. Y ese punto es crucial, ya que la jugada de Economía consiste en morigerar el efecto de un incremento del gas en un momento de alto consumo, con la promesa de que no habrá más subas en el próximo bienio. �Estoy un poco fastidiado con las empresas�, se quejó anoche Machinea, para quien las concesionarias �no quieren bajarse de nada�. La suerte de esta negociación, por ahora empantanada, podría definirse en las próximas 48 horas, lapso en el cual el titular del Palacio de Hacienda promete cerrar trato. Si esto no fuera posible, Machinea sabe que las empresas siempre tienen el resguardo de las leyes vigentes, que les permiten indexar sus tarifas según los precios norteamericanos. �Tenemos una ley desgraciada�, se lamentó Machinea, desnudando el brete en el que está el Gobierno. Economía no quiere resignar su objetivo de lograr una baja en las tarifas. Pero tampoco puede inducir compulsivamente ese retroceso sin el riesgo de �vulnerar la seguridad jurídica�. �Tenemosuna ley votada por el Congreso que nos obliga a negociar con las distribuidoras y nos impide tomar cualquier medida unilateral�, aseguró el ministro. Para Montamat, la mejor manera de cortar la indexación es mediante una ley que específicamente disponga que los precios de los servicios se independizan de los índices previstos en los contratos de concesión. Pero Economía avanzó en una negociación directa con cada concesionario para conseguir ese mismo objetivo. �El eje de nuestra discusión ante las empresas es que es un despropósito mantener la indexación en una economía en deflación�, aseguró Machinea.
SE LANZO EL PLAN FEDERAL DE TRANSPORTE DE ENERGIA
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