Los presos del MTP aceptaron suspender la huelga de hambre
Ahora Diputados tiene la palabra

Por Eduardo Tagliaferro y Felipe Yapur

En una sala amplia, pintada a la cal y donde se acomodaron las diez camas con los detenidos por el asalto al cuartel de La Tablada �que cumplían 46 días de huelga de hambre� se reunió la comitiva integrada por parlamentarios y las subsecretarias de Derechos Humanos, Diana Conti, y de Política Criminal, Patricia Bullrich, en la cárcel de Villa Devoto. El gobierno traía el compromiso de dar preferencia legislativa al tratamiento de la ley que les permitiría revisar su situación jurídica. El gesto fue considerado suficiente para que los detenidos suspendieran la medida de fuerza hasta el próximo 3 de agosto, cuando se reanuden las sesiones legislativas.
Poco después de las 21 llegaron a la cárcel los diputados aliancistas Juan Pablo Cafiero, Horacio Pernasetti, Marcela Bordenave y Cristina Guevara, los representantes de organismos defensores de los derechos humanos y los abogados de los presos, Rodolfo Yanzón y Marta Fernández. Junto con ellos llegó una asesora del senador puntano Alberto Rodríguez Saá, quien también presentó un proyecto en la Cámara alta. La reunión fue corta, apenas duró veinte minutos. Ambas partes llegaron a compromisos: el Gobierno a impulsar en Diputados el tratamiento de la ley, ya sea la de Ramón Torres Molina como sus modificaciones y la del Senado que impulsa Rodríguez Saá, quien por boca de su asesora se comprometió a convocar a una sesión especial.
�Iniciamos una huelga para que se fijen en nosotros�, dijo Enrique Gorriarán Merlo, quien hizo las veces de portavoz de los detenidos. Gorriarán destacó dos hechos que fundamentaron la decisión de levantar la medida de fuerza: el gesto mostrado ayer tanto por el Gobierno como por los representantes del Congreso, y en segundo lugar que la huelga no buscaba perjudicar ni al Gobierno ni al sistema democrático.
El clima de la reunión, según varios de los participantes, fue franco y directo. �Nosotros no prometimos nada que no podamos cumplir�, dijo Cafiero al tiempo que aseguró que los detenidos �entendieron que nuestra respuesta era satisfactoria aunque parcial�, ya que todavía resta que el Congreso vote la ley prometida. 
Conti indicó a Página/12 que �existe el compromiso de lograr la mejor ley posible y de que el Gobierno no la vetará. El levantamiento es una muy buena decisión�.
Para el Gobierno, la decisión de los detenidos fue �una conquista sin condicionamientos� y la interpretaron como �un levantamiento definitivo�. Sin embargo, los abogados de los presos resaltaron a este diario que �la medida de fuerza simplemente se suspendió hasta el próximo 3 de agosto cuando los diputados aprueben la ley reclamada�. 
Un punto que generó más de una discusión en el bloque de diputados de la Alianza fue la interpretación de la regla del dos por uno que le permitiría a la mayoría de los presos, salvo Gorriarán y su mujer Ana María Sívori, recuperar su libertad. Para los familiares de los presos y sus abogados el tema no es preocupante, ya que entienden que es un derecho imposible de negar. Esto coincide con la opinión de varios juristas consultados por este diario, quienes además destacaron lo discutible que es aplicar retroactivamente los efectos de una ley.
Los 46 días de huelga de hambre dejaron profundas huellas en la humanidad de los detenidos. Gorriarán perdió más de 16 kilos, Roberto Felicetti 17, Sívori 16, Sergio Paz 23, Carlos Motto 13, Claudia Acosta (desde el 10 al 13 de julio) 1 kilo, Miguel Angel Aguirre 11, Luis Díaz 10, Gustavo Mesutti 13, José Moreira 15, Claudio Rodríguez 10, Claudio Veiga 9 y Fray Antonio Puigjané (desde el 5 al 13 de julio) medio kilo.
Las huellas que esta huelga dejó en el Gobierno son de menor peso. Aunque el justicialismo pretende lograr que la responsabilidad política recaiga por completo en el Ejecutivo, un punto los une: ninguno quisiera ver libres a los presos. Además, cuando el conflicto amenazaba conjaquearlo logró postergar la resolución, pero ésta es una historia que comenzará a develarse a partir de agosto.

Un nuevo proyecto de ley tras un 
duro debate dentro de la Alianza

Por F. Y.

Hubo reuniones maratónicas y fuertes discusiones, en especial en el interior del bloque de la Alianza. También una tensa reunión entre todos los bloques y el ministro de Justicia, Ricardo Gil Lavedra. En definitiva la Cámara de Diputados selló un trabajoso acuerdo para su próxima sesión, tras las vacaciones de invierno. El 3 de agosto se tratará el proyecto de ley que permitirá revisar las condenas de los presos por el asalto al cuartel de La Tablada. El nuevo texto de la norma, que excluye a los presos del beneficio del �dos por uno�, contará con el aporte del ministro de Justicia quien ayer participó de la reunión de Labor parlamentaria. Ese precario compromiso, en cuya elaboración no participó ningún miembro de la Cámara de Senadores (dominada por el peronismo) bastó para posibilitar que los presos suspendieran su medida de fuerza.
Durante la corta sesión de ayer, los representantes de los bloques de la Alianza y justicialista, Horacio Pernasetti y Miguel Pichetto respectivamente, mocionaron el tratamiento para la primera sesión de agosto de esta polémica norma. Antes de llegar a esa decisión, la Alianza debió sufrir una vez más un largo y accidentado debate interno. El miércoles por la noche los diputados aliancistas se encontraron por primera vez para discutir el proyecto de Ramón Torres Molina. Y como en los últimos encuentros, las opiniones estaban divididas aunque existía, según reconoció una legisladora del Frepaso, �la voluntad de darle un corte a este tema. Votaríamos la ley y así lográbamos que los presos levanten la huelga y cumplíamos con el requerimiento de la CIDH�.
Hablaron casi todos. Los discursos �fundamentalmente de los radicales� planteaban algunas dudas sobre si la norma a debatir permitiría o no a los presos obtener la libertad. Para éstos �según confió un legislador radical� era un tema �prioritario� porque entendían que �el ataque a La Tablada le había hecho mucho daño al gobierno de Raúl Alfonsín�. Al parecer este argumento obligó a algunos correligionarios, como Melchor Cruchaga, a justificar su firma al despacho de mayoría del proyecto de Torres Molina. Este recordó que había consultado previamente con Alfonsín como presidente de la UCR y, como había obtenido el visto bueno, rubricó el dictamen. En cambio, Marcelo Stubrin advirtió que su dictamen en minoría deja expresamente dicho que el tiempo de condena no podía ser considerado como prisión preventiva y por lo tanto los detenidos en Devoto continuarían en sus celdas. En pocas palabras, para los presos de La Tablada no corría el beneficio del �dos por uno�, que significa el cómputo de dos días por cada uno en prisión después de los tres años sin sentencia firme. La posición de Stubrin �que tiene en su historia parlamentaria la responsabilidad de haber realizado en 1984 el discurso argumental de la Ley de Defensa de la Democracia� generó más de un reproche, tanto dentro como fuera del bloque. Por caso, el abogado de los huelguistas, Rodolfo Yansón, dijo que �debería estudiar Derecho�.
El radical bonaerense José Dumon incursionó en la �maquiavélica� estrategia del justicialismo que, con el anuncio anticipado de su rechazo a la norma, �obliga a la Alianza a pagar el costo político de esta amnistía encubierta que resultará la ley si permite la libertad de los detenidos�. A su vez, algunos miembros del Frepaso la emprendieron contra de la propuesta de Stubrin. Estos argumentaron que agregar un artículo que impidiera el beneficio del �dos por uno� a los huelguistas era �lisa y llanamente inconstitucional�. �Sin duda el ataque al cuartel es repudiable desde cualquier punto de vista. Pero esto no es motivo para violar la Constitución al prohibir un beneficio jurídico que le corresponde a cualquier argentino�, argumentó el socialista Jorge Rivas.
Cerca de la medianoche los integrantes del bloque oficialista se retiraron para continuar el jueves por la mañana. Sin duda, el cansancio había hecho mella en algunos y la paciencia era poca. Desde el comienzolos argumentos fueron más duros y menos diplomáticos que la noche anterior ya que incluyeron algunos insultos. Varios radicales arengaron sobre la necesidad de que se incorpore el artículo de Stubrin. Los más efusivos fueron Mario Negri, Juan Carlos Passo, Betriz Leyba de Martí y Sara Picazo. Esos discursos y algunos llamados telefónicos habrían logrado hacer cambiar de idea, por ejemplo, a Cruchaga quien trocó su posición al sostener que �de acuerdo con estudios de importantes juristas, una ley no puede cambiar una sentencia firme en no firme. Sólo la Justicia puede realizarlo a través de un recurso de revisión�. Como las posiciones permanecían enfrentadas y nada hacía prever que se llegaría a un acuerdo, un frepasista mocionó que se votara. Y así lo hicieron. La modificación al proyecto Torres Molina triunfó por 60 a 32. El grupo que ganó estaba conformado en su totalidad por radicales, dejando a la superficie una división partidaria que avizora un nuevo y conflictivo escenario.
Mientras algunos frepasistas analizaban votar en general la modificación realizada a la norma y en contra cuando se traten los artículos en particular, otra reunión se llevaba a cabo: la de Labor parlamentaria, tan conflictiva como la anterior. 
Cuando comenzaron a discutir la inclusión de esta ley en el orden del día, el representante del PJ, Pichetto, recordó que su partido entendía que éste es un tema de Estado y por lo tal no era posible que el Poder Legislativo se haga cargo de una situación tan conflictiva, y lanzó una pregunta que complicó la reunión: �¿El proyecto de Torres Molina es del Ejecutivo?�. Para evitar largas discusiones se decidió convocar al ministro de Justicia. Gil Lavedra llegó poco después. Oficialmente el ministro reconoció que �el Gobierno lo que quiere es cumplir con el requerimiento de la CIDH y, por lo tanto, cualquier norma que cumpla con ello es suficiente�. Los radicales sostienen que Gil Lavedra reconoció que hay �cierta inconstitucionalidad� en el artículo agregado por Stubrin y que por lo tanto �enviará un paper con algunas recomendaciones para que salven los inconvenientes�. Según el PJ, el ministro habría dicho que �el Gobierno no quería tener a los presos en libertad�, pero que era preciso encontrar una norma que cumpliera con los requerimientos internacionales. Estos aprovecharon para reiterar su oposición a votar una ley a menos que viniera con la firma de un ministro. Pero al parecer, el paper prometido fue suficiente como para acordar el tratamiento definitivo de la norma una vez que los diputados regresen de sus vacaciones invernales.

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