Por Cledis Candelaresi
 El Ministerio de Infraestructura decidió ayer someter a audiencia pública un anteproyecto de marco postal cuyo texto satisface en gran medida las aspiraciones del Grupo Macri, concesionario del Correo Argentino. La primera satisfacción para Macri es la iniciativa en sí misma, ya que su espíritu es limitar la competencia que tendrá la firma privatizada, hoy encarnada por 240 empresas que proliferaron gracias a la desregulación instrumentada por Domingo Cavallo. Pero el proyecto avalado por Nicolás Gallo es ambiguo en un punto central: habla de la �autoridad de aplicación�, sin precisar qué organismo público tendrá la crucial tarea de juzgar al propio Correo hasta a las pequeñas mensajerías, pasando por las privadas de fuste como OCA o Andreani.
Posiblemente esa imprecisión no sea producto de un descuido sino más bien de la intención de postergar una definición urticante. Gallo prefiere que el poder regulatorio esté reservado a la Comisión Nacional de Comunicaciones, capitaneada por el alfonsinista Aníbal Forno. Mientras que su secretario de Comunicaciones, Henoch Aguiar, anhela reservar para sí la potestad de autorizar o no el ingreso de nuevas empresas al negocio. Para alejar sospechas de favoritismos hacia cualquier grupo empresario, el ministerio previó que la audiencia pública se haga con la participación de la Oficina Anticorrupción. Sus reparos son comprensibles si se piensa que la sola mención a un marco postal puso en pie de guerra a legisladores y empresarios chicos, que vieron el riesgo de que muchas firmas fueran borradas para provecho del Correo Argentino y unas pocas grandes.
Entre otros cuantiosos reclamos que el Grupo Macri viene planteando al Gobierno se encuentra su exigencia de que restrinja la incorporación al mercado de competidores, con el argumento de que muchos de ellos gozan de la ventaja de trabajar íntegramente en negro. Lo cierto es que hoy una empresa que requiera autorización puede prestar el servicio oblando un canon de 5000 pesos anuales, cualquiera sea su tamaño.
Para dicha de Macri, Gallo avala la creación de cuatro categorías diferentes de prestadores �de máxima calificación, internacional, de servicios generales y mensajerías�, que pagarán desde 2 millones a sólo 1000 pesos anuales según su status, aunque, en todos los casos, para empezar a operar las empresas tendrán que depositar una garantía que duplica esa contribución. Con esto, el ministro especuló que la cantidad de competidores postales podría bajar de 240 a 60.
Lo que el Gobierno no impondría son condiciones patrimoniales y económicas para ingresar al negocio. Sin embargo, los aspirantes deberían probar que cuentan con los medios personales y materiales para prestar el servicio en cuestión. Evaluar estas condiciones y otorgar los permisos de entre tres y diez años será competencia de la autoridad de aplicación.
El anteproyecto de Infraestructura depara otras alegrías a Macri. Reconoce al Correo oficial la exclusividad de la filatelia, es decir de emitir sellos postales. También le concedería el privilegio de cursar la �comunicación fehaciente� (por ejemplo, cartas documento), otra franja que tiene en disputa con las grandes prestadoras, como Oca y Ocasa, pertenecientes al Exxel Group. Aunque Macri podría �delegar� esa prerrogativa en otros.
El Correo Argentino tiene la �máxima calificación� como prestador y cuando concurse por un contrato podrá exigirles a sus contrincantes un certificado de su habilitación, como si tuviese status de regulador.
De broche, el anteproyecto habilita �los acuerdos de complementación� entre empresas, al tiempo que censura la venta o cesión de acciones que implique resignar el control de la empresa, pero sólo si esto ocurre �sin informar a la autoridad de aplicación�. Es decir que si el contrato de concesión del Correo no lo prohibiera expresamente, Macri estaría habilitado para aliarse a otra firma, tal como aspira hacerlo con Oca.
En el medio de tantas mieles, alguna contrariedad. Correo Argentino no conseguiría la exclusividad de la correspondencia pública, como pretende.Y tendría una razón adicional para preocuparse por su actual mora en el pago del canon: el artículo 55 del anteproyecto que impulsa Gallo prevé como causal de revocación del permiso para operar la falta de pago de esa contribución.
BRASIL AFIRMA QUE CHILE SERA SOCIO PLENO DEL MERCOSUR
La familia regional se va agrandando
Por Claudio Scaletta
La presencia del presidente de Chile, Ricardo Lagos, en Brasil sirvió de disparador para que el canciller anfitrión, Luiz Felipe Lampreia, desmienta las versiones que esta semana, desde su misma cartera, indicaron que la incorporación al Mercosur del país trasandino sería �para las calendas griegas�, expresión de los antiguos romanos para indicar el tiempo que nunca llega, pues los griegos no poseían calendas. Lampreia optó por subir la apuesta y anunció que antes que su país abandone, en diciembre de este año, la presidencia pro tempore de la Unión Aduanera, Chile sería miembro pleno. En tanto, el presidente Fernando Henrique Cardoso reforzó la afirmación de su canciller y declaró que pedirá a los miembros del Mercosur un estudio para la rápida reducción de aranceles.
La cuestión arancelaria es, precisamente, la que más resquemores presenta. En declaraciones efectuadas a Página/12, el vicecanciller Horacio Chighizola, tras mostrar su beneplácito con las declaraciones de Lampreia, relativizó las dificultades para la integración. Hacer hincapié en la cuestión arancelaria �es una simplificación�, sostuvo. No sólo porque �la integración es muchas otras cosas�, sino porque los números muestran que las diferencias, aunque existen, no son tantas. Para justificar su afirmación el vicecanciller indicó los números de un reciente estudio de su cartera según el cual el �arancel efectivo implícito� (el que surge de la comparación entre el total recaudado por derechos de importación sobre el valor total de las exportaciones) es, en el caso de Chile, del 7,1 por ciento contra un promedio en los cuatro países del Mercosur, del 10,5 por ciento. Chighizola también explicó que, muchas veces, se comparan los niveles arancelarios extremos, �se recuerda el 35 por ciento del sector automotor, olvidando que Chile también tiene fuertes protecciones en sectores como el agropecuario�. En este punto cabe recordar que cuando se firmó el acuerdo que permitió el ingreso del país trasandino como miembro asociado, se aceptó no tocar sus aranceles agropecuarios por 18 años.
Con independencia de la siempre invocada nueva voluntad política, la sensación que Chile dejó en la reciente Cumbre de Presidentes de junio, es la paradoja de que un solo país con intenciones de ingresar como miembro pleno se muestre inflexible frente a un bloque de cuatro. Tras décadas de una estrategia de desarrollo fundada en la producción primaria Chile comprende que su modelo está agotado y que su ingreso al Mercosur posibilitaría acelerar la transformación de su estructura productiva. Pero su Cancillería sabe también que, más allá de la importancia política, en el plano económico y en el mediano plazo, no serían muchos los cambios que traería ser miembro pleno frente a su actual status de asociado.
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