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El
miércoles Rodolfo Daer estuvo en la sede de la Unión
Industrial Argentina y el jueves concurrió Hugo Moyano. Los
industriales del “Grupo Productivo” plantearon entre otras
cosas que se vuelvan a cobrar los aportes patronales a las empresas
de servicios no transables, a los mismos niveles de 1993, y crear
con ese dinero un fondo de empleo. Lo inusual fue que se trata de
un planteo parecido, aunque menos ambicioso, al que impulsa la Central
de Trabajadores Argentinos (CTA) que dirige Víctor de Gennaro.
Cuando lo esencial es invisible a los ojos de los que no quieren
ver, como diría un  Principito
con más calle, se producen estas situaciones discordantes
donde un grupo de importantes empresarios lanza una propuesta que
se emparienta con la de una central combativa de trabajadores. Entre
los mismos empresarios se comenta que el fondo y la idea de cobrar
las cargas sociales a las empresas privatizadas son en realidad
propuestas de máxima en una negociación más
compleja. Pero la iniciativa tiene la virtud de embestir contra
una vaca sagrada de la economía de mercado que es que las
cuentas solamente cierran con el aporte de los que tienen menos.
El fundamento de la propuesta es el alto índice de desempleo,
que algunos ya estiman en el 16 por ciento, y la seguridad de que
no va a disminuir en los próximos meses. Y más allá
del carácter de propuesta de máxima para una negociación,
es posible entrever, ya con matices de seriedad, la convicción
de que la exclusión y el desempleo afectan la calidad de
vida de toda la sociedad y no sólo a los excluidos. Son dos
puntos de partida para pensar una construcción política
distinta desde el Estado.
La idea del Grupo Productivo no pasó de la etapa de difusión
y presentación. Pero el Gobierno tuvo en la semana una demostración
más de cómo funcionan los sistemas de presión.
Cuando quiso impedir el aumento del 6 por ciento en el precio del
gas le llegó la advertencia automática de la calificadora
de riesgo norteamericana Standard and Poor’s. La advertencia
aludía a una posible intervención directa del Gobierno
para “modificar un marco regulatorio establecido legalmente”.
En este caso, la situación es que si el Gobierno intenta
recaudar por un lado, saltan las calificadoras de riesgo. Y si recauda
con ajuste a los trabajadores estatales, la que reacciona es la
Justicia. El ajuste sigue cosechando fallos en contra y por lo menos
dos de ellos, de las dos CGT y otro de la CTA, ya han sido en segunda
instancia. Aunque todavía falta que se expida la Corte, la
pregunta impronunciable es quién tiene más poder,
las calificadoras o la Justicia.
En la lógica del modelo, la pregunta es quién tiene
menos poder. Porque es más fácil sacarle plata al
que está en el borde, desesperado por no quedar afuera. Pero
esta lógica no tiene salida. Una encuestadora privada acaba
de informar que la venta de alimentos de primera necesidad subió
el 5 por ciento en los supermercados en abril–mayo. Lo cual
quiere decir que personas que antes consumían en un nivel
superior, ahora están comprando arroz y fideos. Más
guiso y poca carne.
Hay otros índices que se conocen en forma dispersa que tienen
más la forma de un pedido de auxilio. Como que en Argentina
hay más chicos de entre 15 y 24 años contagiados con
sida que en Brasil, México o Paraguay; o que el país
está atrás de México, Perú, Brasil y
otros países latinoamericanos en el índice de vacunación
infantil.
La gente común no reacciona por las encuestas, que no son
más que la expresión de una realidad cotidiana. Cada
número encierra una historia dramática personal o
cercana. Las políticas neoliberales que inició Menem
producen daños estructurales en la educación, en la
salud, en la seguridad, en una calidad de vida cada vez más
deteriorada.
El Gobierno se apresta a lanzar una campaña de reactivación
de la producción que movilizará siete mil millones
de dólares. La propuesta de la CTA de un seguro de empleo
para cada trabajador cabeza de familia, de 380 pesos mensuales,
más 60 pesos por cada hijo a cada trabajador, requiere 6500
millones de pesos anuales. La central obrera que encabeza De Gennaro
lanzará una marcha por el trabajo el 26 de julio desde Rosario
para arribar el 9 de agosto al Congreso donde entregarán
el millón de firmas que se necesitan para que la propuesta
se discuta en el recinto.
La crisis social llegó a un punto que no acepta demagogia
ni maquillaje y las propuestas para encararla han comenzado a rodar
con fuerza entre organizaciones obreras y empresarias, lo cual expresa
el apoyo de una amplia base social que se da pocas veces en los
procesos políticos.
En el horizonte del Gobierno ya comienzan a aparecer las elecciones
del 2001 con el cielo tormentoso y frío de julio. Y llegaron
de la voz del ex presidente Raúl Alfonsín: “Pueden
llegar a convertirse en las mías de 1987 –reflexionó–
cuando perdimos las legislativas y un poco me quedé pedaleando”.
Es uno de los sumos sacerdotes de esta religión. Los chamanes
peruanos leen el futuro en las vísceras de una llama sacrificada.
Los augurios de Alfonsín parecen provenir más de las
vísceras de los electores sacrificados.
Entre chamanes y truchimanes se escuchó la voz del ex presidente
Carlos Menem, que advirtió sobre el “riesgo de estallidos
de violencia por el profundo desaliento colectivo”. Menem no
aclaró que el desaliento proviene de la dificultad para cambiar
las condiciones que él generó. Y luego la voz de Luis
Patti en el mismo sentido. “No es serio que advierta sobre
estallidos sociales un especialista en reprimirlos”, le respondió
el vicegobernador bonaerense Felipe Solá.
Por ahora el Gobierno no piensa en el 2001 y festeja el record de
recaudación fiscal del mes de junio. Entre impuestazo y ajuste
logró superar las marcas establecidas con el FMI. Es el trofeo
más preciado del presidente Fernando de la Rúa, pero
puede convertirse en el símbolo de una victoria pírrica
porque la sensación térmica comienza a estar por abajo
del cero.
El jueves realizó un paro la Asociación de Trabajadores
del Estado (ATE) enrolada en la CTA, y el viernes lo hizo el Frente
de Gremios Estatales, agrupados en las dos CGT. Los gremios, en
general, aparecen más dispuestos que en los últimos
diez años a la movilización y el reclamo y no sólo
por una cuestión de especulación política,
sino también porque se abrió un espacio que se lo
permite. Priorizar las cuentas macro sobre el conflicto social desgastó
al Gobierno y permitió fisuras en áreas donde la Alianza
también aparece fracturada a poco más de seis meses
de asumir. El impuestazo apenas tuvo disidencias, pero el ajuste
provocó abstenciones y votos en contra entre los legisladores
de la Alianza, y el jueves cuando se discutió un proyecto
de ley por la situación de los presos de La Tablada, las
opiniones aparecieron enfrentadas prácticamente entre Frepaso
y UCR.
Es cierto que la Alianza está conformada por dos fuerzas
que tienen concepciones distintas en muchos aspectos, pero la forma
en que comienzan a jugar las diferencias, al igual que la actitud
de los gremios, constituye un termómetro del clima social.
Se producen así porque se ensancha la brecha entre el Gobierno
y las expectativas de la población, el famoso “desaliento”
que mencionó el gurú criollo del neoliberalismo.
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