Página/12

LA CORTE SUPREMA TRABO EL JUICIO POR LA VERDAD EN BAHIA BLANCA
A veces la justicia no es suprema

La Corte Suprema de Justicia les dio ayer un motivo de alegría a los militares: le ordenó a la Cámara Federal de Bahía Blanca que remita el expediente del Juicio por la Verdad a la Cámara de Casación Penal. El objetivo es que en esa instancia se resuelva la queja de los uniformados que cuestionan el proceso porque consideran que se los obliga a declarar contra sí mismos. Casi en simultáneo, la Cámara de Casación dispuso la libertad del suboficial Santiago Cruciani, el torturador del centro clandestino “La Escuelita” de Bahía Blanca, detenido por negarse a prestar testimonio. La cámara bahiense decidió contraatacar de inmediato y anoche –según comprobó Página/12– planteó un conflicto de competencia ante la Corte Suprema y exigió que se restituya la prisión de Cruciani. Esa resolución opacó el júbilo que había invadido el Edifico Libertador.
Desde fines del año pasado, el Ejército empezó a plantear su “inquietud” por el desfile de militares citados para dar testimonio en los juicios abiertos en distintas cámaras federales para conocer el destino de los detenidos-desaparecidos. Amparados en el evidente guiño del Ministerio de Defensa, los uniformados se ocuparon de empezar a delinear una estrategia defensiva común. El teniente coronel Julián Oscar Corres, quien había sido detenido en Bahía Blanca, planteó ante Casación que “mientras se nos cita como testigos, después se pretende que nos autoincriminemos, lo cual es violatorio del artículo 18 de la Constitución”. La sala IV de Casación, integrada por Amelia Berraz de Vidal, Ana María Capolupo de Durañona y Vedia y Gustavo Hornos pidió entonces la totalidad del expediente a Bahía Blanca. El tribunal porteño apeló a la Corte Suprema porque dicen que la Cámara bahiense lo desconoce como tribunal de alzada y no le entregó toda la documentación requerida.
En una acordada extraordinaria, los seis ministros de la Corte Suprema presentes el jueves, Julio Nazareno, Eduardo Moliné O’Connor, Augusto Belluscio, Carlos Fayt, Antonio Boggiano y Adolfo Vázquez ordenaron a la Cámara de Bahía Blanca que cumpla con el requerimiento de Casación. A escasas veinticuatro horas de iniciarse la feria judicial, quedó en evidencia la intencionalidad política del pronunciamiento en un detalle de procedimiento: Nazareno, el presidente del cuerpo, le ordenó al secretario general de la Corte, Cristian Abritta, que adelantara por fax la resolución teniendo en cuenta que por la vía habitual de la bolsa de la Policía Federal recién llegaría el lunes.
Allegados a la Cámara de Casación repetían ayer que hasta ahora no hay ningún pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión que se empezará a analizar cuando reciban el expediente porque “esto es inédito”. En el Ejército, en cambio, mostraban su beneplácito por la resolución de la Corte. “Ahora van a tener que establecer un criterio único para tratarnos. No puede ser que en Córdoba, por ejemplo, se detenga a los oficiales y suboficiales que se niegan a declarar por 48 horas, fundándose en el Código Penal, mientras en Bahía Blanca a Cruciani se lo encarceló por tiempo indefinido usando como respaldo el Código de Justicia Militar”, detallaban los hombres cercanos al jefe del Ejército, Ricardo Brinzoni, quien ya confesó sin medias tintas que “los juicios por la Verdad no son el mecanismo más feliz” y envió al secretario general de la fuerza, Eduardo Alfonso a brindar su apoyo a los detenidos.
El fiscal de la Cámara Federal de Bahía Blanca, Hugo Cañón, consideró que “el jefe del Ejército, en lugar de aconsejar a sus hombres a declarar lo que sepa, lo cual no implica autoincriminarse, avala la decisión de no hablar –una insolencia ante la Justicia– y manda al general Alfonso. Como dijo el presidente de la Cámara de Bahía Blanca, Augusto Fernández, es como si frente a la detención del ex juez Francisco Trovato, el titular de la Corte hubiera ido a visitarlo a la cárcel. Eso sería un escándalo pero lo hace el Ejército y no pasa nada. Practican un espíritu de cuerpo al revés, en lugar de sacar a los elementos que contaminan, encubren a losque cometen delitos”. Cañón anticipó a Página/12 que pedirá ante la Cámara la continuidad del Juicio por la Verdad más allá de la decisión que se plantee en torno al envío o no del expediente a Casación, tal como dispuso la Corte Suprema.
El director ejecutivo del centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Martín Abregú, señaló que “Lo particularmente grave es que se repita lo que ya hizo el gobierno radical de Raúl Alfonsín: sostener que iba a dejar el tema militar en manos de la justicia y por otro lado operar sobre los tribunales para obtener decisiones judiciales que tranquilicen a las Fuerzas Armadas. Todo esto no puede ocurrir sin la orden expresa o tácita del gobierno. Evidentemente, acá no se trata de que la Corte intervenga para decidir en calidad de qué se cita a los militares sino que interviene para solicitar un expediente completo que sólo se explica para detener el avance del juicio. En otras palabras satisfacer el deseo de los militares”.
Con la tradición de haber sido el único tribunal que planteó la inconstitucionalidad de la Ley de Obediencia Debida y los indultos, los camaristas de Bahía Blanca se apresuraron a defender su competencia. Con la firma de Ricardo Planes, Angel Argañaraz, Luis Cotten y Haydee Fernández resolvieron plantear el conflicto de competencia ante la Corte Suprema. Fundamentaron el escrito en la obra La Casación Penal publicada por Fernando de la Rúa en 1994, a la sazón el presidente de la Nación y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Al plantear que la Cámara de Casación no tiene jurisdicción en la investigación abierta para conocer el destino de los detenidos-desaparecidos, el tribunal bahiense está obligando a la Corte Suprema a pronunciarse sobre la competencia. Se habilita así otra instancia que dejaría en suspenso la participación de la sala IV de Casación en el expediente hasta tanto falle el máximo tribunal.
La airada respuesta de los camaristas bahienses desmiente en sus fundamentos que se hayan negado a remitirle las “fotocopias de las piezas procesales de las causas requeridas necesarias para poder resolver el recurso” y aclara que “la Corte Suprema de Justicia sin pronunciarse sobre la competencia y el fondo del asunto”, ordenó la remisión de todos los originales “lo que esta Cámara Federal dispuso de inmediato”.
La orden de liberación de Cruciani dispuesta por la Cámara de Casación también fue severamente cuestionada por Bahía Blanca y exigieron que continúe en prisión. Defendido por el abogado Jorge Suter, ex juez en Bahía Blanca durante la última dictadura militar, al torturador Cruciani sólo le interesó la nota que recibió el director del Hospital Militar de Mendoza que ordenó su liberación.
Los quince días de feria judicial serán el escenario donde los militares se ocuparán de seguir ejerciendo su desenfadado poder de lobby ante jueces y funcionarios. Mientras tanto, la verdad sigue entrampada.

PIDEN ESCRACHE INSTITUCIONAL
“Persona no grata”

Por Mónica Gutiérrez
Desde Córdoba
El primer detenido por falso testimonio en las causas por la verdad histórica en Córdoba podría ser declarado “persona no grata” en su ciudad de residencia si prospera el pedido que el diputado nacional Atilio Tazzioli realizó personalmente a las autoridades de Cosquín.
Se trata del ex cabo Miguel Angel Pérez, asesino confeso del estudiante de periodismo Raúl Bauducco, preso durante 1976 en la Penitenciaría 1 a disposición del Tercer Cuerpo de Ejército, quien declaró a fines de abril ante la jueza federal Cristina Garzón de Lascano.
Ante la magistrada, Pérez admitió haber disparado en la cabeza de Bauducco aunque no quiso reconocer con nombre y apellido al oficial que le había dado la orden. Dejó a salvo la figura de Bauducco al revertir la versión oficial sobre su muerte: el detenido nunca había intentado resistirse ni arrebatarle el arma por el contrario, estaba casi inconsciente y había sido cruelmente torturado.
Esgrimió en su defensa que “desconocía que el arma estaba cargada”, razón por la que estuvo a punto de ser procesado por falso testimonio. Con todo, Pérez está a salvo gracias a la ley de Obediencia Debida.
A partir de esa declaración los vecinos de Cosquín, lugar donde reside, comenzaron a enterarse del pasado del ex cabo, quien paseaba su figura pequeña y cabizbaja trabajando como fotógrafo y productor televisivo.
Ayer Tazzioli se llegó hasta la Municipalidad de Cosquín donde fue recibido por el intendente Carlos Bustos. El diputado le solicitó por escrito que declare “persona no grata” al cabo Pérez y que la comuna le retire el aporte económico que en forma de pauta publicitaria le brinda a su productora de televisión. En su solicitud, Tazzioli recuerda los testimonios de personal y de ex detenidos que dan cuenta del “sadismo que exhibía Pérez.
Hace tres meses, Pérez estuvo detenido durante 48 horas en la alcaidía de Tribunales Federales por orden de Garzón de Lascano, pero la acusación de falso testimonio fue desestimada por el fiscal Carlos Torres. Volvió a la libertad, pero no a su vida de antes: desde entonces, vecinos y comerciantes de la ciudad serrana ya saben de quién se trata.