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Por Cristian Alarcón 
Fidencio Choque, el último de los quinteros bolivianos asaltado
y torturado por una banda xenófoba en la zona de Escobar, miró
entre los objetos secuestrados por la policía y reconoció
lo suyo: allí estaban su poncho para las heladas y los botines de
fútbol con los colores de Boca, número 35, de uno de sus hijos.
Habían sido secuestrados por la Justicia en la casa de uno de las
ocho personas que fueron detenidas ayer, acusadas de pertenecer a uno de
las grupos de encapuchados que aterrorizan a las familias bolivianas del
norte del Gran Buenos Aires. “Por el momento no hay policías
detenidos –le dijo ayer a Página/12 el fiscal Juan José
Maraggi–. Pero esto no significa que hayamos dejado de lado esa hipótesis.
Estos delincuentes son eslabones anteriores a los cabecillas que seguimos
investigando. Además, estamos ante más de una banda. Ojalá
estuvieran todos presos, pero no es así”. Ayer se hicieron diez allanamientos en diferentes barrios de Pilar, Mercedes, General Rodríguez y Jáuregui. De uno de ellos, tres ladrones se escaparon gracias a los tiros que dispararon los vecinos para advertirles que la policía rodeaba la casa. “Es altísimo el nivel de organización y el despliegue de recursos. Secuestramos armas de alto calibre y en uno de los allanamientos, una de las personas cuando ingresa la policía no sólo tira una silla sino que entra, saca un arma y dispara. Yo diría que son delincuentes relativamente comunes”, sostuvo Maraggi. Ayer, el titular del Inadi, Raúl Zaffaroni, quien ha reiterado su sospecha de que se trata de “miembros o ex miembros de seguridad”, sostuvo que “hay que continuar investigando quiénes son los instigadores y cuáles son los intereses detrás de los ataques”. El ministro del Interior, Federico Storani, felicitó al fiscal y expresó su “satisfacción” ante el avance de la causa. La investigación del fiscal Maraggi comenzó el 23 de mayo, cuando fueron asaltadas tres quintas en Los Cardales, en Escobar. Esa noche, el operativo de la banda fue a lo grande. Algunas de las víctimas se lo contaron a este diario: “Llegaron unos veinte hombres que se fueron repartiendo según la cantidad que éramos nosotros en cada rancho, otros cuidaban en los alrededores que no viniera nadie”, dijo uno de los jefes de familia asaltados. “Ellos nos golpeaban primero y después pelaron un cable que había ahí y lo enchufaron. Entonces nos lo ponían en los pies”, contó un hombre. Se fueron después de tres horas de golpizas y torturas con los bolsillos llenos de ahorros de los quinteros. A los pocos días, la Justicia logró detener a ocho personas por ese caso, entre ellos el cuidador de caballos de carrera Osvaldo Dávila, de 56 años. El asalto a los Choque, ocurrido justo un mes después del de Los Cardales, fue algo más que un robo violento. La mañana del 24 de junio, el fiscal se desayunó con un llamado. “Tené cuidado –le dijeron a un número directo–. Fijate la fecha y la hora”. El anónimo se refería a esa coincidencia que era en sí una burla y una amenaza: los dos hechos fueron un 23 y pocos minutos después de las medianoche. Además, el 22 de junio, la jueza de Garantías María Pía Leiro había dictado el procesamiento para seis de los detenidos por “robo doblemente calificado, privación ilegal de la libertad y torturas”. Ese día quedaron libres, por falta de pruebas, dos personas: Osvaldo Dávila hijo, y Héctor Montiel, un hombre de unos 50 años, que creyó que había zafado para siempre. Error. Ayer fue uno de los detenidos. En su casa apareció la agenda de Fidencio, en cuyo interior había “mapas dibujados a mano alzada en los que estaban marcadas algunas de las quintas”. También había tres celulares y una cuenta de su teléfono fijo de 650 pesos, algo desmesurada para ser la de una casa precaria, que con estos fríos ni siquiera tenía gas. Hasta que la violencia xenófoba entró a la voz de “¡Policía!” a la casa de los Choque, el fiscal Maraggi contaba con pocos recursos para su investigación. Las repercusiones del ataque llegaron al presidente de laNación, Fernando de la Rúa, que pidió que se esclarecieran los hechos. Desde la provincia, la Procuración General de la Suprema Corte designó a un grupo de instructores de la Policía Judicial para trabajar exclusivamente en los casos de torturas a bolivianos. Las causas por robos similares distribuidas en diferentes distritos judiciales del norte del conurbano fueron remitidas a la fiscalía de Maraggi. Por orden del Ministerio del Interior se asignaron recursos y personal para profundizar la pesquisa que ya tenía un rumbo.
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Fidencio
Choque después de que diez encapuchados entraron a su casa.
También, las marcas de una plancha caliente en su pecho, encontrada
ayer en uno de los lugares allanados. A Choque, los asaltantes lo
torturaron atándole los testículos y arrastrándolo
hasta dejarlo inconsciente, en presencia de su hijo de 9 años
y su nieto de 7. La saña con que lo “apretaron” para
que entregara dos mil pesos era la misma usada en unos 50 asaltos
que afectaron a 79 familias en los últimos meses. Hasta este
caso no había habido una sola filtración de datos de
una banda enorme: por lo menos 20 personas la integrarían.
Sin embargo, hace dos semanas llegó a la fiscalía de
Zárate una carta anónima que rompió ese círculo.
En ella había datos que reafirmaban las pistas seguidas por
los investigadores. Fue anexada a un “legajo fiscal”, una
alternativa que permite el Código Procesal Bonaerense, para
avanzar en casos complejos de forma reservada. Ese legajo sólo
es conocido por el fiscal de la causa.