Por Raúl Dellatorre
No hubo sorpresas, aumentó el gas. No se eliminó la indexación
de la tarifa, pero se postergó el próximo ajuste hasta julio
de 2002. Las empresas transportistas y distribuidoras no obtuvieron el ajuste
que pretendían –y les correspondía por contratos–
del 5 por ciento, pero lograron un 3,3 por ciento obligando al Gobierno
a cumplir lo pactado en diciembre. Así, con claroscuros, se cerró
este capítulo de negociaciones entre empresas gasíferas y
la conducción económica. Nadie quedó contento, pero
mucho menos los consumidores, que deberán pagar más caro el
gas consumido durante esta ola de frío polar, y el presidente de
la Nación, Fernando de la Rúa, que apenas 24 horas antes del
acuerdo se jugó a proclamar públicamente su oposición
al aumento.
El acuerdo difundido por el Ministerio de Economía da cuenta de un
ajuste de tarifas a partir de este mes del 3,3 por ciento para consumidores
residenciales y del 1,75 por ciento para industriales. Esos porcentajes
reconocen el ajuste que correspondía aplicar en enero, que en el
caso de los consumos domiciliarios resultaba del 3 por ciento, con un plus
de tres décimas por el diferimiento. El ajuste correspondiente al
primer semestre de este año se acumulará a los que se produzcan
a los cuatro semestres siguientes y se aplicarán en julio de 2002.
Para esa fecha, corresponderá realizar la revisión quinquenal
de tarifas por productividad y rentabilidad de las empresas concesionarias,
lo que hubiera derivado en una rebaja, que ahora se compensará con
los aumentos acumulados por el índice estadounidense hasta esa fecha
más un ajuste adicional compensatorio por el atraso.
El acuerdo ya estaba prácticamente cerrado una semana atrás,
cuando el negociador oficial Pablo Gerchunoff volvió a la mesa con
el reclamo de eliminar, en adelante, la cláusula de indexación.
En realidad, el jefe de asesores del gabinete económico insistía
con el mismo argumento ya expuesto ante los mismos interlocutores en dos
oportunidades: la anterior había sido en mayo, cuando se inició
el round de negociaciones que culminó ayer, pero la primera fue un
año atrás, en las oficinas que José Luis Machinea ocupaba
en avenida Córdoba casi Callao.
Allí, en la sede de la Fundación Argentina para el Desarrollo
con Equidad (FADE), Gerchunoff, secundando al economista referente de la
Alianza, mantuvo una serie de reuniones con distribuidoras gasíferas
y eléctricas. A las primeras les había anunciado que “el
PPI (índice de precios mayoristas industriales de Estados Unidos)
es cosa del pasado”, anticipándoles la intención del
entonces futuro gobierno de eliminar la cláusula de indexación.
La respuesta más airada provino de Eduardo Zapata, gerente comercial
de Metrogás, rechazando el anuncio con el clásico argumento
de la “seguridad jurídica” y el respeto a los contratos.
En mayo de este año, los mismos personajes volvieron a enfrentarse
con los mismos argumentos. Pero el primero ya estaba en el Gobierno, y no
era el único elemento nuevo en la mesa de discusión.
Previo a ello, en diciembre, las empresas habían hecho “un gesto
de buena voluntad” al aceptar postergar por seis meses el ajuste. Cuando
volvieron a encontrarse para discutir la corrección semestral de
tarifas, dos nuevos elementos de peso se incorporaron a la mesa: el índice
estadounidense había saltado más del 6 por ciento en un año,
y la economía argentina transitaba por una infrecuente etapa de deflación.
Varias de las once empresas presentes (dos transportistas y nueve distribuidoras)
comentaron, en las reuniones que mantenían a puertas cerradas en
Adigás (entidad que agrupa a las concesionarias del sector), que
la nueva realidad obligaba a ser más flexibles, a riesgo de quedar
desacreditados frente a la opinión pública. Pero fue Metrogás
la que mantuvo la posición más intransigente.
Gerchunoff insistió, reclamando encontrar una combinación
que permitiera bajar la incidencia del aumento en julio y le pusiera fin
al sistema deindexación. En la primera semana de julio, las gasíferas
lograron articular una posición común: ceder en el primer
punto, pero mantener la defensa de la cláusula indexatoria. Esa fue
la posición que llevaron a la mesa de negociación y que la
conducción económica, en principio, aceptó. Tras un
par de días de tironeos en torno del ajuste adicional resarcitorio
que el Gobierno le reconocería por no aplicar el aumento en los tiempos
previstos por contrato, se acordó firmar el acuerdo el viernes 7.
Ese día, sin embargo, Gerchunoff sorprendió a los empresarios
insistiendo en reclamar la eliminación de la indexación. El
encuentro terminó con quejas a voz en cuello, con la esperanza de
los más apaciguadores de que los countries y los paseos en yate de
fin de semana templaran los ánimos. Pero llovió y llegó
el frío.
El lunes no hubo reunión. El martes se reencontraron y las posiciones
seguían en el mismo lugar que el viernes anterior. El miércoles,
Página/12 publicó la entrevista con Daniel Montamat, secretario
de Energía, quien aseguró que el aumento sería del
5 por ciento y el conflicto, hasta entonces manejado a puertas cerradas,
explotó hacia afuera. El nerviosismo del lado oficial se hizo evidente.
Por orden presidencial, Montamat debió subirse al equipo negociador,
mientras Gerchunoff se bajaba por otra puertas para tomarse “unos días
de vacaciones”. Empezó una ronda de confusas convocatorias a
la prensa para anuncios y/o desmentidas, seguidas de avisos de suspensión
de éstas.
El jueves De la Rúa planteó su desacuerdo con el aumento y
anunciando que pediría “una audiencia pública” para
resolver la cuestión. El nerviosismo alcanzó a las empresas
privadas. Las corridas y consultas ocuparon la atención de los gerentes
principales. En la mesa de negociación, en la sede del Enargás,
se notó la insistencia y necesidad de los funcionarios oficiales
“por obtener algo más”, para mostrar algún éxito
frente a la demanda política. A esa altura, la Alianza, la oposición
y las entidades de usuarios se habían sumado al repudio al aumento
de tarifa.
Pero no hubo más, o muy poco. El acuerdo cerró en términos
parecidos a los ya convenidos una semana atrás, pero con más
heridas recogidas en el camino, un Presidente que ganó puntos con
sus expresiones públicas, pero los perdió en la mesa de negociación
y el tema instalado como un escándalo público. Y el frío,
mientras tanto, batiendo records.
CRITICAS DEL
MINISTRO NICOLAS GALLO A LAS PRIVATIZADAS
“Enriquecimiento sin causa”
“Nos
encontramos ante casos de enriquecimiento sin causa; se produjeron
más ingresos que los previstos” entre las empresas
privatizadas, disparó Nicolás Gallo al opinar sobre
la indexación en las tarifas de los servicios públicos.
“Pero no hubo mala fe”, confraternizó. En sintonía
con lo que piensan Fernando de la Rúa y José Luis
Machinea, el ministro de Infraestructura también se mostró
partidario de cambiar las reglas de juego. “Hay que sincerarse,
sentarse a la mesa, analizar los contratos y no pretender abroquelarse
en una cláusula. Porque si fuera al revés, las empresas
ya estarían reclamando un reacomodamiento del contrato”,
sostuvo. Por su parte, el Defensor del Pueblo de la Nación,
Eduardo Mondino, intimó al ente regulador del gas (Enargás)
a que se abstenga de avalar el aumento tarifario. Y la próxima
semana se presentará ante la Justicia para impedir la indexación
en las facturas de los servicios públicos.
Los funcionarios argumentan que la indexación se convalidó
en momentos en que nadie podía imaginar un proceso deflacionario
de la economía. Por tal motivo, Gallo afirma que las gasíferas
no tienen “mala fe” con su reclamo. Pero dejó
picando una advertencia: “Si la inflación norteamericana
no crecía pero la argentina sí, los privados hubieran
acudido al Estado para pedirle un reacomodamiento del contrato”,
apuntó.
Ante el acuerdo rubricado entre José Luis Machinea y las
empresas, el Defensor del Pueblo de la Nación intimó
al Enargás “a que se abstenga de tomar decisiones
sobre el aumento tarifario”. Y reclamó que la semana
que viene convoque a una audiencia pública. “Las gasíferas
tienen que explicarles a los consumidores cuál es la ecuación
económica que utilizan. No puede ser que a mayor consumo
aumenten los precios. Debería ser al revés”,
razonó Eduardo Mondino en diálogo con Página/12.
Pasado mañana, tanto Machinea como el ente regulador deberán
contestarle al Ombudsman si convocarán a una audiencia
pública.
En forma paralela, el Defensor efectuará una presentación
judicial para evitar el aumento. Según Mondino, la indexación
tarifaria es inconstitucional. “La ley de Convertibilidad
nos fija límites a todos los ciudadanos. Sin embargo, las
empresas argumentan que la indexación figura en los contratos,
a pesar de que ésta quedó prohibida por aquella
norma”, fundamentó el Ombudsman.
La presentación de Mondino no se restringirá al
caso de las gasíferas sino a todas las compañías
de servicios públicos privatizados que ajustan sus tarifas
por factores externos a la economía argentina. Y es por
este motivo que está recopilando un material voluminoso.
“En los últimos años hubo muchas causas en
la Justicia por la cuestión tarifaria. Pero esos reclamos
se limitaban a pedirle a los jueces que se expidan sobre si estaba
bien o mal cobrado determinado servicio. En cambio, yo quiero
que la Corte Suprema se refiera a la cuestión de fondo.
O sea, si es constitucional que las empresas se guíen por
un contrato y no por una ley nacional, que es la misma a la que
se somete el resto de los ciudadanos”, explicó el
funcionario a este diario.
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LEGISLADORES
DE LA ALIANZA PLANTEAN ELIMINAR LA INDEXACION
Proyecto antiajuste a fuego lento
Por
David Cufré
Buena parte de la bancada oficialista
de Diputados está decidida a avanzar con un proyecto de ley para
eliminar el actual sistema de indexación de tarifas de los servicios
públicos. Un grupo de diez legisladores, tanto radicales como frepasistas,
presentó ayer un proyecto en ese sentido, avalado por el presidente
del bloque de la Alianza, Darío Alessandro, y su par del interbloque
radical, Horacio Pernasetti. La acción de los diputados surge como
respuesta al aumento del gas, al que calificaron de “inadmisible”.
Sin embargo, otra parte de la conducción de la bancada, con Jesús
Rodríguez y Raúl Baglini a la cabeza, entiende que debe
dejarse en manos del Poder Ejecutivo la negociación con las privatizadas,
relegando el camino legislativo.
El Congreso ingresará pasado mañana en un período
de receso por dos semanas. Ese tiempo será utilizado por el bloque
oficialista para definir su posición. Hasta ahora, son mayoría
los diputados que pretenden dictar una ley para acabar con la indexación
de tarifas en base a la inflación estadounidense. Pero en la conducción
del bloque las opiniones están divididas. José Luis Machinea,
por su parte, rechaza la idea de una ley, ya que pretende mantener bajo
su órbita el diálogo con las empresas. Su intención
es incorporar en la negociación otras cuestiones, más allá
del tema tarifas, como el adelanto de inversiones para apuntalar la reactivación.
Pero ayer el centro de la escena en el ámbito parlamentario lo
ocupó el grupo de diputados que se opone al aumento del gas y a
la persistencia del actual sistema de indexación. José Antonio
Recio (UCR-presidente de la Comisión de Obras y Servicios Públicos)
y Ricardo Vago (Frepaso) presentaron un proyecto de ley para reemplazar
el régimen de ajustes vigente por otro mecanismo, que deja de lado
la utilización de índices de precios de los Estados Unidos.
Acompañaron la iniciativa los diputados Gustavo Cardesa, María
América González, Graciela Ocaña, Manuel Martínez,
Carlos Raimundi, Alejandro Nieva, Carlos Courel y Guillermo Corfield.
“Al indexar mediante la inflación norteamericana o la Libor
(tasa interbancaria londinense) se genera un enriquecimiento sin causa,
que ataca la competitividad de la Argentina”, aseguró Vago.
Su propuesta es establecer un régimen de ajuste en base a costos
internos, como el de la construcción. Por caso, si éste
índice registra una suba o baja de más de dos por ciento
en un año (nunca más o menos), las tarifas se acomodan en
la misma proporción. Los diputados Alejandro Peyrou y Rubén
Giustiniani, del Frepaso, habían presentado hace tres semanas otro
proyecto, pero éste eliminaba lisa y llanamente cualquier sistema
de indexación. La propuesta fue rechazada por el Ejecutivo, y los
diputados aliancistas prefieren la de Recio-Vago.
Varios legisladores aliancistas manifestaron ayer su disconformidad con
la negociación de Economía y las distribuidoras gasíferas.
“El Estado no puede permitir las presiones de las empresas concesionarias
y debe bregar por el cumplimiento de la ley de Convertibilidad, prohibiendo
el aumento de las tarifas”, enfatizó el diputado Eduardo Macaluse.
“El Gobierno se tiene que poner firme”, reclamó, por
su parte, el senador Leopoldo Moreau. “El Ministerio de Economía
tiene que revisar la decisión (de autorizar el incremento), que
es equivocada”, añadió.
“La indexación de las tarifas del gas es ilegal por partida
doble: por un lado está prohibida por la ley de Convertibilidad;
por otro, contradice el marco regulatorio del gas, que establece un mecanismo
de ajuste en base a los precios de los bienes y servicios de las prestadoras.
Es obvio que reemplazar los precios de la extracción, transporte
y distribución de gas por los precios mayoristas de Estados Unidos
es falsear la ley”, puntualizó el diputado Peyrou. En tanto,
el presidente de la bancada justicialista, Humberto Roggero, subrayó
que “la Argentina no puede ceder a las presiones de las empresas
que han tenido ganancias fabulosas durantemucho tiempo”. Los diputados
peronistas están dispuestos a acompañar el proyecto de ley
de sus pares de la Alianza para eliminar la indexación.
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