Por Martín Granovsky
 �Los dos terminamos en ón, pero lo más importante es el Efecto Garzón�, dijo a Página/12 el abogado chileno de derechos humanos Roberto Garretón. �Así defino el descubrimiento de los jueces chilenos de que, luego de que Baltasar Garzón pidiera la extradición de Pinochet, ellos también podrían hacer justicia.� Garretón integró la Mesa de Diálogo que el Ejército argentino sueña con importar desde Santiago con la ilusión falsa de que importará, también, una garantía de impunidad. Su testimonio fue clave para responder a diez preguntas.
1 ¿Quiénes integran la Mesa de Diálogo en Chile y quién eligió a sus miembros?
En principio, un representante de cada una de las Fuerzas Armadas (Ejército, Marina y Aeronáutica y, además, Carabineros). También varios abogados de derechos humanos, religiosos provenientes del catolicismo y el protestantismo, un dirigente judío de la B�Nai Brith y personalidades científicas y humanísticas irreprochables. Todos fueron elegidos, con consenso, por el ex ministro de Defensa Edmundo Pérez Yoma. En Chile la Iglesia Católica como institución jugó un papel clave en la lucha por los derechos humanos, al revés de su par argentina, cuyos principales obispos santificaron la masacre con el silencio. Pero allí no arbitra las discusiones. Aquí, el Ejército cree que a pesar de su historia la jerarquía católica tiene legitimidad para hacerlo.
2 ¿Para qué se formó la Mesa?
�Personalmente yo pedí que discutiéramos cómo avanzar en la Justicia, pero no hubo consenso y sólo se acordó que la Mesa tendría por fin único y exclusivo facilitar información sobre los restos de los desaparecidos�, contó Garretón.
3 ¿Cómo circulará la información?
Garretón explicó cuál es exactamente el mecanismo acordado para los próximos seis meses. �Un militar, si quiere, puede presentarse ante un cura, ante un general o hacer llegar información que indique dónde enterró cadáveres de secuestrados o vio qué otros oficiales lo hacían. El compromiso asumido por los integrantes de la Mesa de Diálogo es que no podemos revelar la identidad de un informante. Pero el compromiso mayor es pasar la información a la Justicia para que un magistrado la investigue.�
4 ¿La Mesa de Diálogo garantiza impunidad?
De ninguna manera. �Supongamos �dijo Garretón� que el juez encuentra los restos siguiendo una información. Los abogados aportaremos información para determinar de quién serán. A lo mejor llegamos a determinar, digamos, que se trata de los restos de dos abogados del Partido Comunista capturados por un agente de la Central Nacional de Inteligencia que, sabíamos por relatos anteriores, mide casi dos metros de altura. El juez chequea los datos, los comprueba y pide su detención. Pero el agente detenido no tiene por qué ser el mismo que hizo la denuncia.�
5 ¿No hay ningún resquicio por donde un criminal pueda quedar impune?
Existe una chance, pero no tiene que ver con la Mesa de Diálogo sino con las leyes chilenas. Según la Ley de Amnistía que rige en Chile, los responsables de asesinatos cometidos antes del 18 de abril de 1978 no pueden ser castigados. Por eso ante el hallazgo de restos y la individualización de un responsable, el juez deberá discriminar si el crimen se produjo antes o después de esa fecha. Si fue antes, queda amnistiado. Si ocurrió después, no. Garretón dijo a Página/12 que una tercera variante puede ir imponiéndose: �Por el mismo Efecto Garzón, el nuevo Derecho Internacional de los Derechos Humanos está siendo adoptado cada vez por más jueces en Chile, y la nueva jurisprudencia no permite amnistiar crímenes contra la humanidad�.
6 Así planteada, ¿la Mesa de Diálogo es un paso adelante o un paso atrás?
�La Mesa no da un paso adelante hacia la Justicia, pero tampoco un paso atrás�, fue la sintética respuesta de Garretón. �A mí, como abogado de derechos humanos durante toda la dictadura, me duele que los organismos que representan a los familiares de las víctimas digan que la Mesa envía un mensaje social de impunidad, cuando está claro que tuvo un efecto reparatorio porque ayudó a instalar los derechos humanos en la agenda pública y ha servido, por el mismo Efecto Garzón, para que los militares se dieran cuenta de que no podían seguir cerrados diciendo que en Chile hubo una guerra y que actuaron a pedido de la ciudadanía y sin violar los derechos humanos.�
7 ¿El mecanismo se puede exportar de Chile a la Argentina?
Garretón opinó que esa hipótesis sólo podría contemplarse si los militares argentinos �quisieran asegurar que fluya la información sobre los restos de los desaparecidos sin cobrar un precio de impunidad�. Y aprovechó para aclarar una diferencia importante: en Chile los jueces han sido reticentes a procesar militares por desaparición de personas sin haber visto los restos del secuestrado, pero en la Argentina eso ya se hizo en el juicio a los comandantes de 1985. �¿Por qué ustedes 15 años después tendrían que ir para atrás?�, se preguntó el abogado chileno.
8 ¿En la Argentina hay consenso para una Mesa de Diálogo?
Hasta ahora, sólo el Ejército la propone con el silencio estimulante del Ministerio de Defensa, que ha resuelto volver a permitir que los militares hagan política en una regresión de diez años, por tomar el momento en que Martín Balza reprimió el último alzamiento de Mohamed Alí Seineldín. Ningún organismo de derechos humanos aprobó la idea de una Mesa de Diálogo, y tampoco ningún abogado de prestigio ni un miembro de la Comisión Nacional de Desaparición de Personas.
9¿El Gobierno podría acabar con los juicios por la verdad?
No. El Estado argentino firmó un compromiso con la Organización de los Estados Americanos para que las cámaras federales reconstruyan la verdad sobre la represión de la dictadura. Incluso si la Corte obstaculizara esos procesos un juez podría desconocer su autoridad invocando aquel compromiso.
10 ¿El Ejército realmente desea entregar información sobre la suerte de los desaparecidos?
El argumento militar es que sí existe ese deseo, pero que no habrá información sin impunidad. Por eso la propuesta de la Mesa de Diálogo aparece como una coartada para lograr el último objetivo. Si, al contrario, la meta fuese realmente discutir sobre el pasado, cualquier cátedra abierta de la universidad sería un buen ámbito para hacerlo sin interferir con la Justicia.
Por Marcela Bordenave*
Lo que dice el Código Militar
Ante la ofensiva militar para defender corporativamente a los ex oficiales partícipes del terrorismo de Estado conviene recordar lo que dice la ley.
Con gran congoja vemos cómo hoy el Ejército actúa corporativamente en defensa de ex oficiales partícipes del terrorismo de Estado, detenidos por las cámaras federales al negarse a declarar en los juicios de la verdad.
Estos juicios se realizan en concordancia con el rango constitucional que desde el �94 obtuvo la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas, que fueron ratificados por la Corte Suprema de Justicia (caso Lapacó), como también la competencia por parte de las Cámaras Federales. Si bien los represores no son imputables penalmente (leyes de Obediencia Debida y Punto Final) resulta imperativo su participación para dilucidar la verdad respecto del destino final de los desaparecidos. En este punto la herramienta que dispone la Justicia es la detención para que revean su actitud de negarse a declarar o procesarlos en caso de que se considere que han incurrido en falso testimonio.
Pero lo preocupante resultan las actitudes de solidaridad con los detenidos por parte de la plana mayor del Ejército, más precisamente los viajes de su secretario general Eduardo Alfonso, en lo que constituiría una presión o un ejercicio de influencia sobre las decisiones de la Justicia Civil. Si a estas actitudes sumamos la pretensión del Consejo Supremo de apropiarse de las causas por el robo de bebés, y las actividades reivindicativas de las actuaciones militares durante los años de plomo (expulsión del general Balza por hacer una autocrítica institucional) por parte del Círculo Militar creo necesario refrescar la memoria de los uniformados y de algunos funcionarios acerca de algunos artículos del Código de Justicia Militar.
Artículo 654: Será reprimido con la pena establecida en el artículo precedente (destitución, reclusión o prisión hasta seis años), el militar que organizare, constituyere o dirigiere una asociación o entidad que tenga como objetivo, visible u oculto, alcanzar las finalidades especificadas en dicho artículo (el 653: suprimir o cambiar la Constitución nacional, o alguno de los principios básicos consagrados en la misma).
Artículo 703: Todo militar que, valiéndose de la autoridad que inviste, ejerza influencia o haga presión sobre funcionarios, jueces o tribunales para que en los juicios se viole la ley en beneficio o perjuicio de un procesado, será reprimido con suspensión de empleo o con destitución.
Artículo 757: El militar que, pudiendo hacerlo, no preste la cooperación requerida por un juez instructor o tribunal militar u obstruyese sus funciones en las causas que instruyen o de que conocen, será reprimido con sanción disciplinaria o con prisión.
Artículo 260: Cuando un testigo no concurriera a la citación se le hará comparecer por medio de la fuerza pública, y cuando compareciere pero se negare a declarar, se le compelerá por medio de arresto, sin perjuicio de ser procesado por desacato o por desobediencia o insubordinación, si fuere militar.
* Diputada nacional, Alianza.
Por Alicia Oliveira*
El Evangelio según Julián
Protegido por sus antiguos compañeros de institución, cubierta su cabeza con una campera que evocaba una paradigmática capucha, el Turco Julián fue rescatado del baño de un bar en las cercanías de Callao y Rivadavia, donde se había refugiado de la ira de la gente, y luego trasladado al hospital Churruca. La imagen evidencia con patetismo qué sucede en la sociedad argentina, donde las víctimas del terrorismo de Estado se ven obligadas a convivir con sus asesinos, policías de civil golpean brutalmente a los manifestantes que descubren a un torturador y una columna sindical, en este caso de ATE, prosigue su marcha, impasible, sin que sus dirigentes reaccione frente al episodio planteado por la presencia del represor.
¿Quién es el Turco Julián? Una historia ya bastante conocida remite a un itinerario de vida ¿cómo decirlo? coherente; siempre tuvo como norte la destrucción de los demás y, quizá, desde una mirada humanista, también su autodestrucción. Cabe recordar que primero fue suboficial de la Armada, luego integró la patota de la UOM, y hasta tuvo una cierta vocación por el trabajo intelectual al convertirse en promotor de la editorial Oriente, distribuidora de los más difundidos títulos de la literatura nazionalista que circularon en su momento. La dictadura militar de 1976 lo encontró como fervoroso integrante de las patotas que secuestraron y torturaron: desde los tubos de la entonces Coordinación Federal al Atlético I o Garaje Azopardo �el lugar donde hoy tramitamos alegremente nuestros pasaportes� de allí al Atlético, después al Banco, luego al Olimpo, más tarde una incursión por la ESMA, hasta finalizar su abominable periplo en Campo de Mayo. Nadie puede negarle la capacidad de iniciativa de la que da cuenta una terrible anécdota que pocos conocen y que corresponde difundir, sobre todo a tan pocos días del aniversario del atentado a la AMIA y cuando el jefe del Ejército pretende que la Iglesia llame a una mesa de reconciliación para frustrar el ejercicio del derecho a la verdad.
En los días en que cumplía funciones en el Club Atlético, Julián y sus compinches decidieron obtener algún ingreso extra bajo el paraguas del terrorismo de Estado. Para ello secuestraron a un grupo de adolescentes de origen judío y los llevaron al campo para cobrar rescate. Pero como la impunidad les permitía darse al disfrute personal, decidieron montar una representación para un público conformado por el grupo de secuestrados: fabularon que esos chicos judíos eran los responsables de la muerte de Jesús y por ellos los torturaron para que confesaran el asesinato de Cristo.
Aunque los jóvenes se hicieron cargo de la milenaria culpa, sus captores consideraron que esto no era suficiente, decidieron que debían reconciliarse con la sociedad y admitir sus pecados ante un sacerdote con el fin de que éste los absolviera. Para completar la parodia, el Turco y sus secuaces no debieron ir muy lejos ya que varios días antes había sido secuestrado el padre Bustos, también sometido a todo tipo de crueldades.
El terror generó entonces la farsesca simulación de la que fueron obligados protagonistas ese grupo de jóvenes que, tras el pago de rescate, recuperó su libertad, y el sacerdote que permanece aún como desaparecido. Se cumplió así la palabra del Evangelio cuando Jesús les anunció a sus apóstoles los tiempos que sobrevendrían: �En mi nombre seréis crucificados�.
Julián, sus amigos y sus jefes, enceguecidos por su pobre poder hicieron mofa de las más elementales normas morales. Hoy son sacados con capucha como ayer sucedía con sus víctimas, pero no para ser torturados sino para recibir atención en el hospital Churruca. No me explico por qué este siniestro personaje se beneficia con los servicios médicos de ese hospital si, según se informó en su momento, fue dado de baja de la policía. O no es cierto que ya no integra la institución o quizás �lo que veríamos con agrado� ante la falta de hospitales ésta ha resuelto abrir el Churruca a todos los habitantes de la ciudad.
* Defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires |
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