Faltan días para que sea indagada por la acusación de enriquecimiento ilícito, pero otra preocupación ya nubla el horizonte de la polifuncionaria de Menem. El juez Urso le encargó al fiscal Cearras que investigue una denuncia que asegura que María Julia Alsogaray reclamó una coima a IBM para conceder el pago de una deuda millonaria.
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Por Susana Viau María Julia Alsogaray no soñaba, seguramente, que la que llamó �etapa glamorosa de las privatizaciones� fuera a escribir su epílogo en los tribunales de Comodoro Py. Pero de aquellos polvos, estos lodos. Y ahora la Justicia federal ha puesto los ojos en el contenido de una denuncia que se explaya con lujo de detalles sobre la supuesta coima que habría exigido la ingeniera para hacer efectivo el pago de la deuda de 24 millones de dólares que ENTel (entonces intervenida por ella) mantenía con IBM. La denuncia, enviada por fax a miembros del Ministerio Público, recaló en el despacho del juez Jorge Urso, quien delegó la verificación de los hechos descriptos en el fiscal Carlos Cearras. Según el denunciante anónimo, en la tramitación habrían intervenido varios personeros de la ingeniera, aunque el arreglo final se habría logrado gracias a la mediación del estudio Basílico, Fernández Madero, Duggan, asesores externos de la Big Blue. Fuentes ligadas a la otrora empresa del Estado y empleados de larga trayectoria en la transnacional confirmaron a Página/12 varios de los principales tramos del mensaje acusador, y aportaron curiosos detalles acerca de los mecanismos utilizados por la funcionaria para negociar con grupos acreedores en aquella época esplendorosa del glamour. Ni deuda que no se pague Según relataron las fuentes, la historia arranca en el gobierno de Raúl Alfonsín, cuando ENTel, intervenida por José �Pepe� Guerra, resolvió renovar su equipamiento y proceder a una reconfiguración del centro de cómputos (y no de �una central telefónica� como erróneamente dice el texto de la denuncia). La compra de máquinas se concretó en un contrato de 24 millones de dólares y se planteó como una venta financiada en 24 cuotas, con un pago contado y pagarés de vencimiento trimestral. En total, unos seis años. La crisis de la compañía telefónica dio en la línea de flotación del acuerdo cuando apenas se habían descontado un par de documentos y la deuda oscilaba en veinte millones. Los pagos quedaron suspendidos. Con el ascenso al poder de Carlos Menem se decide la privatización de la empresa y los equipos pasaron así a las nuevas concesionarias. En realidad, a Telecom, puesto que Telefónica de España resolvió comprarlos por su cuenta y riesgo. Tanto las fuentes como la denuncia que investiga el fiscal federal coinciden en que, en cambio, los pagarés quedaron como obligación de ENTel residual dado que la deuda �igual que todas las otras grandes cuentas que tenía pendientes� no fue incluida en la licitación y continuaba formando parte de la esfera de la interventora. Esa disección de deudas y bienes puso a los directivos de IBM Argentina en un callejón sin salida: ni querían ni podían embargar. Al fin, el Estado seguía siendo una fuente importante de negocios y las concesionarias, potenciales clientes. �IBM pretendió cobrar un resto de 20 millones �se lee en el fax que investiga el fiscal Cearras�, pero la funcionaria comenzó a dilatar la respuesta a ese reclamo. Al principio lo hizo sutilmente, pero después en forma abierta. Pidió un 25 por ciento de coima, es decir, 5 millones.� Las fuentes consultadas explican el contexto en que se habrían desarrollado las acciones descriptas por el denunciante. Sostienen que las numerosas gestiones de cobro hechas desde la compañía americana fueron inconducentes. Si bien las respuestas de la ingeniera nunca incluyeron el desconocimiento de la deuda o una negativa rotunda, orientaron las tratativas hacia un laberinto legal que incluyó, primero, la verificación de la legitimidad del origen de la deuda; luego, el estudio de cómo impactaba la ley de desagio en el pago de documentos en dólares y, por último, de qué manera preveía ese tipo de pagos la ley de emergencia económica. �IBM sostenía que su deuda no estaba incluida dentro de loestablecido por dicha ley y se trataba, digamos, de un problema de comercio exterior, se habían importado equipos. Era algo así como una deuda externa�, recuerda un alto ejecutivo de �la Corporación�. Entonces, la ingeniera recomenzaba su argumentación explicando que había consultado al respecto al Ministerio de Economía, pero allí se negaban a contestar �lo que ENTel tenía que saber�. El �defecto� de Julita La única manera de desovillar la madeja fue, para IBM, trasladar la cuestión al escenario judicial. Pero la medida tenía sus bemoles: si se presentaban todos los documentos pendientes de pago, la tasa de Justicia para iniciar la acción legal podía llegar a los 800 mil dólares, y sin seguridad de cobro. La solución fue hacer una prueba piloto: presentar sólo uno de los pagarés y acotar el riesgo a unos 35 mil. Para sorpresa del área jurídica, el titular del Juzgado Civil y Comercial Nº 2 dio la razón a IBM. Al enterarse, la ingeniera habría tenido una reacción descontrolada, una explosión de ira que culminó con la promesa de hacer echar al magistrado que �dicen que dijo� con su sentencia ponía en peligro la estabilidad de la Nación. Por su parte, al repasar las supuestas maniobras ilícitas de la ex interventora, el desconocido autor de la denuncia no anduvo por las ramas. �(María Julia) Les propuso el siguiente esquema para disfrazar las coimas �puntualizó�: que IBM le �vendiera� esa acreencia a terceros con un descuento del 25 por ciento. Después, ella desde ENTel pagaba el ciento por ciento y se quedaba con la diferencia. Los enviados de Alsogaray frente a IBM fueron Ricardo Fox (su mano derecha en ENTel) y Jorge Pereyra de Olazábal. El responsable de IBM, por entonces Víctor Savanti (sic), obtuvo el permiso de la casa matriz en Estados Unidos, pero se negó por miedo a ir preso. Sólo estaba dispuesto a vender la deuda a un banco de primer nivel, pero no a quienes indicaba María Julia. Finalmente, IBM contrató al estudio Basílico, Duggan, Fernández Madero. María Julia pagó los 20 millones; pero IBM pagó a esos abogados 5 millones en concepto de �honorarios�. El estudio se encargó de transferirlos.� En su despedida, el denunciante se identifica al pie del escrito como �Un ciudadano que espera justicia�. Si bien las fuentes a las que recurrió este diario no hicieron mención de ninguna proposición formulada directamente por la funcionaria, sí evocaron situaciones y nombres que concuerdan con los suministrados por �el ciudadano� denunciante. Contaron que, paciente, Víctor Savanti (en esos tiempos presidente de IBM Argentina) llevó el peso de la negociación con la dama menemista. �Savanti �reconstruyen�, quizás para distenderse, solía desandar a pie las cuadras que separaban el despacho de María Julia Alsogaray de la sede de IBM. Apenas llegaba, cuentan que sonaba el teléfono y al otro lado de la línea aparecía Ricardo Fox, principal asesor de María Julia. �¿Vieron que es como les dije, que así no se consigue nada? Van a tener que juntar un grupo de financieras�, era más o menos el mensaje. La opción fue sistemáticamente rechazada de plano por Savanti que no estaba dispuesto a avalar con su nombre una jugada de semejante calibre. En eso también hay coincidencia. Y en que, aunque Fox era el emisario más asiduo y contundente, no fue el único mencionado. El nombre de Jorge Pereyra de Olazábal �funcionario del Ministerio de Defensa con Jorge Domínguez� ronda los relatos. �Tomaba distancia, con más delicadeza, y parecía lamentarlo cuando comentaba: �Es que Julita tiene ese defecto�.� �Julita� era, obviamente, su antigua condiscípula. Acerca de la intervención del estudio Basílico, las fuentes explican que, para dar un corte a tanta ida y vuelta, IBM �ya con Ricardo Martorana como presidente� dispuso pasar la gestión a un bufete que la asesoraba habitualmente en materia de comercio exterior: Basílico,Fernández Madero, Duggan. Después, sólo trascendió que la deuda se había cobrado y que los honorarios de los abogados habían sido inusualmente altos, aunque ello nunca mereció observaciones por parte de las auditorías internacionales que aterrizaron para monitorear la operatoria de la empresa a raíz de los escándalos posteriores. El acuerdo suscripto entre Martorana y María Julia se cerró en agosto de 1992 con la entrega por parte de ENTel de 16 millones y medio de dólares. El cobro de la deuda de ENTel aporta un elemento más. El titular del estudio encargado de la gestión, Carlos Basílico, �un astro de la cobranza� para el alto ejecutivo consultado, es el representante en Argentina de varias entidades financieras. Entre ellas el Federal Bank, la offshore por la que pasó el primer millón de dólares de la descomunal coima generada por el entuerto IBM-Banco Nación para quedar alojada en una cuenta que, según sospechan el juez Adolfo Bagnasco y el fiscal Carlos Cearras, podría tener vinculación con la ex secretaria de la Función Pública, Claudia Bello, y su hombre de confianza, Gastón Figueroa Alcorta.
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