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Por Adriana Meyer 
Emilio Alí tiene 24 años, es dirigente barrial y vive en Mar del Plata. El 5 de mayo, día del paro nacional contra la reforma laboral y el modelo económico, encabezó el reclamo de un grupo de desocupados que fueron a pedir comida a un supermercado de esa ciudad. Aunque no hubo denuncia y no se produjo ningún incidente, un fiscal impulsó de oficio una querella en su contra y un juez lo encarceló por extorsión. Según testimonios del expediente, Alí habría amenazado con �saquear el súper� si no recibían los alimentos. La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) denunció que �la prisión que sufre Emilio Alí �detenido en la cárcel de Batán� es un episodio más de la judicialización de la protesta social�. Según la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) hay más de 2500 dirigentes y militantes procesados en todo el país por ese motivo.Aquella día la ciudad amaneció movilizada por el paro convocado por la CGT rebelde de Hugo Moyano. A media mañana, Alí ingresó a Casa Tía de Catamarca y Moreno al frente de medio centenar de desocupados, pidió hablar con el gerente y exigió que les entregaran bolsas con comida. Explicó los motivos de extrema necesidad que los llevaron a hacer el reclamo y tras dos horas de negociaciones logró su objetivo: el grupo se retiró en un micro con los alimentos, sin incidentes. Mientras los empleados organizaban la entrega, Alí les advirtió que quería las bolsas �bien llenas�. Aunque el supermercado no denunció el hecho, el fiscal Alfredo Deleonardis inició la demanda de oficio por �extorsión y coacción�. Consultado por Página/12, describió que �Alí ordenó a las cajeras que dejaran de trabajar, obstruyó las salidas y desplegó sus exigencias: que los empleados fueran enviados a sus casas sin que les descontaran el día y que les dieran a ellos 150 bolsas de comida�. Según Deleonardis, cuando los medios se retiraron del lugar, el dirigente le dijo al gerente del supermercado que, si no les daban lo que pedían, iban a saquear todo. Había quedado en el lugar un cronista que prendió la cámara y le preguntó si era cierto que ésas eran sus intenciones. Según el fiscal, Alí contestó: �Bueno, si lo vamos a saquear, lo haremos prolijamente�. El 6 de junio el juez de garantías Marcelo Riquert ordenó su detención. Las pruebas que hay en su contra son las declaraciones testimoniales de los empleados y el gerente de Casa Tía, además de las notas de televisión y diarios sobre el hecho. Durante la indagatoria Alí se negó a declarar. El magistrado lo procesó por extorsión y le dictó la prisión preventiva. Su abogado, César Sivo, apeló y pidió un cambio en la calificación del delito. En diálogo con Página/12 el letrado opinó que �es una barbaridad hablar de extorsión, como mucho se trataría de un robo simple porque ningún empleado se sintió amenazado físicamente, el grupo de desocupados cantaba mientras Emilio negociaba y no hubo un intervalo de tiempo que caracteriza a la extorsión�. Para Sivo la prioridad es lograr que su defendido salga en libertad. �Esta calificación tiene el objetivo de dejarlo preso como ejemplo para que esto no vuelva a ocurrir porque acá cada vez más gente está pidiendo comida�, afirmó. Y agregó que �el Poder Judicial no debería intervenir en los conflictos sociales�. Los reclamos de alimentos que se multiplicaron en los últimos años generaron que la mayoría de los supermercados de la ciudad entregara alimentos a los habitantes de los barrios más carenciados. Sólo Casa Tía se viene absteniendo de hacerlo. Allegados a Alí creen que alguien le habría sugerido que acudiera a ese supermercado y le ocultó las consecuencias, a sabiendas de lo que ocurriría. El fiscal negó haber estado cerca del lugar de los hechos y resaltó que recién un mes después de los hechos pidió la detención del dirigente. El dirigiente de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) Víctor de Gennaro repudió la detención y el Servicio de Paz y Justicia envió una carta al ministro de Justicia bonaerense, Jorge Casanovas, para expresarle su �preocupación por la situación de Alí, imputado por ejercer su derecho a peticionar por la dignidad humana�. El organismo dirigido por el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel consideró que �la criminalización de la protesta social no es el camino para resolver los graves problemas que atraviesa el país�. Y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos también apeló ante el ministro para pedir la liberación del dirigente. Un centenar de organizaciones de derechos humanos y gremiales, nacionales e internacionales, se movilizaron en el mismo sentido. Además de juntar firmas están saturando de mensajes el correo electrónico del intendente de Mar del Plata, Elio Aprile.
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