Por Victoria Ginzberg
 �El tema es de fácil resolución. Las causas por robo de bebés han quedado en la justicia civil. La Convención sobre Desaparición Forzada de Personas excluye expresamente la competencia militar para este tipo de hechos y esta norma tiene jerarquía constitucional.� La contundente definición pertenece al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ricardo Gil Lavedra, para quien no quedan dudas de que el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (CO NSUFA) no tiene nada que hacer en las causas por apropiación de menores durante la dictadura. Sobre la actuación del Consejo, un órgano que depende del Poder Ejecutivo, el ministro aseguró que no es de su �competencia�.
Gil Lavedra no es el único miembro del Gobierno que respondió ayer con energía ante la posibilidad de que los militares se salgan con la suya y obstruyan o archiven las causas sobre la sustracción de hijos de desaparecidos. �Soy un convencido de que tiene que trabajar la justicia ordinaria. La causa del robo de niños debe seguir hasta esclarecer todos los hechos. No se puede tolerar que en la Argentina se cierre el capítulo del robo de bebés. Es un hecho absolutamente injustificable�, manifestó el vicepresidente Carlos �Chacho� Alvarez.
El otro referente importante del Frepaso, la ministra de Desarrollo Social, Graciela Fernández Meijide, aseguró que �la gente no sólo tiene derecho a la verdad sino que debe cumplirse con la Justicia. Ese delito quedó afuera de la impunidad que garantizaron leyes e indultos anteriores. Este tema tiene que ser resuelto en las justicia civil�. La ministra -igual que los otros integrantes del Gobierno� evitó, en declaraciones radiales, criticar a su par de Defensa, Ricardo López Murphy, cuyo secretario de Asuntos Militares, Angel Tello, reivindicó por escrito al Consejo Supremo como un �tribunal de la Nación, derivado de la ley�.
�Si la respuesta es de tan fácil resolución que el ministro de Justicia puede opinar sin sentir que afecta la independencia judicial ya que hay una �norma constitucional� que excluye del tema a los tribunales militares, ¿la Corte no debería haber rechazado de plano el planteo del CONSUFA? �preguntó Página/12 a Gil Lavedra.
�Hay que sustanciar la contienda. Los dos tribunales quieren ser competentes y por eso va a decidir la Corte. Hay muchos antecedentes, historia de planteos de competencia entre tribunales civiles y militares. Ahora hay que seguir el paso que marca la ley, pero el fondo es muy claro. No tengo más información que la periodística, pero no creo que lo que esté pasando sea algo raro, aunque debe dirimirse�como lo expuse� de modo que la causa siga en la justicia civil.
�¿El Consejo Supremo no es un tribunal administrativo que depende del Poder Ejecutivo?
�Sí. Es un tribunal administrativo pero opera con independencia funcional. De todas maneras creo que hay otras razones por las que no corresponde la actuación del Consejo: porque estaría sospechada la garantía de imparcialidad ya que se trata de delitos imputados a ex miembros de las fuerzas.
�Si depende del Poder Ejecutivo y está tan claro que la causa de robo de bebés es competencia de la justicia civil ¿el Gobierno no podría haber dado instrucciones...?
�Eso corresponde al ámbito de Defensa. Pero el tribunal opera con independencia funcional. Se podría haber dado instrucciones al fiscal, pero no se hizo.
�¿Fue un error no haber instruido al fiscal para que no reclamara la competencia del Consejo?
�No... Bueno. Eso no me lo tiene que preguntar a mí. No es un tema de mi área.
�Es un tema de Justicia y Derechos Humanos
�Por eso yo digo que tiene que estar en la justicia civil.
�¿Cuál es su posición sobre el conflicto que se presentó con los Juicios por la Verdad sobre el destino de los desaparecidos?
�Los juicios se están ventilando en el ámbito judicial en varios lugares del país, pero al no estar regulados han dado lugar a diferentes planteos que deben resolverse en el ámbito de los tribunales.
�¿No le parece llamativo que la Corte se haya pronunciado en tan poco tiempo sobre estos temas, justo en el momento en que los militares quieren imponer la idea de una mesa de diálogo?
�Las mesas de diálogo tienen que ser caminos complementarios en la búsqueda de la verdad. No tienen que suprimir las otras vías.
�¿La de la Justicia?
�Claro. Pero la vía de la Justicia representa dificultades...Si se puede o no citar a los militares como testigos, si se los puede obligar a declarar contra sí mismos.
�Repito una pregunta anterior: ¿Le parece llamativa la conducta de la Corte?
�Tendríamos que ver en las fechas en las que se fueron sucediendo estas alternativas.
�Bueno, como los pedidos sobre expedientes en casos sobre desaparecidos se dan juntos y sobre la feria y está rondando el tema de la mesa de diálogo...
�Comparto la apreciación, pero habría que saber cómo sucedieron las cosas.
LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS ANTE LA CIDH
Alerta por la presión militar
Por V. G.
Los organismos de derechos humanos denunciarán ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA el peligro que corren las investigaciones judiciales vinculadas con los desaparecidos a causa de la �fuerte presión de los militares� y �la falta de voluntad política del gobierno para frenar esa presión�. Al final de la gestión menemista el Estado argentino se comprometió ante dicha comisión a �garantizar el derecho a la verdad� sobre los crímenes de la última dictadura militar. Invocando el incumplimiento de esa obligación, las agrupaciones reclamarán que se pida al Poder Ejecutivo que �dé instrucciones precisas a los funcionarios militares para que respeten dicho compromiso internacional�.
�El Estado argentino, mediante el actuar de diversos funcionarios (Consejo Supremo de Fuerzas Armadas, militares de alto rango, jueces de la Sala IV de la Cámara de Casación Penal, jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación) y la omisión de los funcionarios políticos competentes ha puesto en serio peligro la posibilidad de avanzar en las causas en las que se investiga el destino de los desaparecidos y en las que se persigue penalmente a los autores del plan sistemático de apropiación de menores durante la última dictadura militar�, dice el escrito que presentarán hoy Martín Abregú y María José Guembe, del Centro de Estudios Legales y Sociales, en representación de la madre de Plaza de Mayo Carmen Lapacó y todos los organismos de derechos humanos.
El acuerdo entre el Estado argentino y la Comisión Interamericana (CIDH) en noviembre de 1999 se firmó a raíz de la denuncia que hicieron los organismos cuando la Corte Suprema le negó a Lapacó el derecho de conocer el destino de su hija desaparecida. El gobierno menemista decidió pactar una �solución amistosa� en el caso y reconoció �y declaró imprescriptible� el derecho a la verdad. Además, entre otras medidas, se comprometió a gestionar las normas necesarias para que las cámaras federales de todo el país tengan competencia exclusiva en los casos de averiguación del destino de los desaparecidos. En la misma resolución, el Gobierno aclaró que las causas por apropiación de menores y sustitución de identidad seguirían en los juzgados federales de primera instancia, donde se encontraban en trámite.
Las agrupaciones de derechos humanos entienden que la intervención de la Cámara de Casación en el Juicio por la Verdad de Bahía Blanca y de la Corte Suprema en esa misma causa y en el caso de robo de bebés, �responde a una estrategia delineada por los militares y respaldada por el gobierno argentino de sustraer las investigaciones de lo ocurrido durante la última dictadura de la órbita de la Justicia federal, a pesar del compromiso expreso asumido por el Estado ante esta Comisión� y así lo explicitan en la presentación que dirigirán a Jorge Taiana, secretario de la CIDH.
�La intervención de los tribunales militares viola la garantía del juez imparcial e independiente�, argumentan los organismos y recuerdan que en otras oportunidades la Comisión Interamericana ya expresó sus críticas hacia la Justicia castrense. En el escrito se menciona también que desde el Ministerio de Defensa se otorgó rango de �tribunal de la Nación derivado de la ley� al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas y que el secretario general del Ejército, Eduardo Alfonso, se movilizó en diversas oportunidades a distintos puntos del país para expresar la solidaridad del arma a los militares detenidos en los juicios por el derecho a la verdad.
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