Por Cledis Candelaresi
 Las informaciones contradictorias y parciales que enmarcan la virtual asociación del grupo Macri con el Exxel Group para explotar el Correo Argentino honran el espíritu poco cristalino que caracterizó al mercado postal en los últimos años. Ayer dos directores ejecutivos, uno del actual concesionario y otro del potencial nuevo socio, confirmaron por carta a los gremios su voluntad de asociarse. No hubo sorpresa, ya que los sindicatos hace no menos de un par de meses descuentan como un hecho esa vinculación. De lo que muchos no tenían noticia hasta ayer es que, con membrete del Poder Ejecutivo, circula más de una versión de marco postal, futura ley que, con más o menos vigor, limitará la competencia de la empresa que formalmente aún lidera Sideco Americana.
Uno y otro tema quedaron plasmados en la misiva que firmaron Jorge Irigoin, del Correo Argentino, y Carlos Marozzi, director Ejecutivo de OCA. �Afirmamos nuestra decisión de avanzar en los estudios que permitan concretar un reglamento operativo que consolide una leal y auténtica competencia�, reza el séptimo párrafo del texto, en alusión al anteproyecto de marco regulatorio que el Gobierno prevé sancionar.
La sola intención de imponer nuevas reglas para que las empresas puedan operar en el mercado lleva agua al molino del Correo Argentino S.A., ya que la intención es restringir el acceso al negocio postal imponiendo cánones más altos que los que hoy pagan las empresas postales y fijando garantías que hoy no se reclaman. Pero las diferencias de criterio que existen en el seno del gobierno acerca de quién debe quedar excluido o no de la actividad, se expresó en más de una versión del proyecto para reglarla.
El jueves pasado, el ministro de Infraestructura, Nicolás Gallo, difundió la propuesta que el gobierno sometería a consideración de una audiencia pública. Según esta versión, las firmas competidoras del Correo Argentino deberían pagar un canon creciente según su envergadura (ahora sólo se les reclama 5000 pesos al año a cualquiera). Pero no se les impone en forma directa ningún requisito patrimonial ni económico, sino que deja al arbitrio de la futura autoridad de aplicación decidir quién está en condiciones o no de explotar el negocio.
Justamente, lo que en 1995 llamó la atención sobre las empresas postales del grupo Yabrán fue un proyecto de marco postal que pretendía imponer condiciones tan elevadas para explotar la actividad, que el negocio hubiera quedado reservado a ese conjunto de prestadoras. En este sentido, la versión Gallo es mucho más moderada.
Sin embargo, los ánimos parlamentarios volvieron a encresparse ahora, gracias a otro proyecto de ley, también impreso en papel membretado como el de Infraestructura. En función de esta versión, levantaron sus críticas los diputados Franco Caviglia y Alberto Natale, entre otros, para objetar las enormes exigencias de patrimonio y cantidad de empleados (no menos de 2000) que pretendían imponerse a las operadoras postales. �Con esto, desaparecerán la mayoría de las 240 empresas actuales�, reprocharon.
Al margen de esta eventual poda de competidores, el proyecto �muy debatido en los despachos parlamentarios, pero del que ninguna dependencia oficial se hizo cargo� otorgaría al Correo privatizado una prerrogativa espectacular, que viola lisa y llanamente el pliego de condiciones. Este impone garantizar la universalidad del servicio y la obligación de abrir una oficina en cada conglomerado de más de 400 habitantes. Pero el artículo 29 de aquel texto le permitiría al concesionario tercerizar el servicio y cerrar oficinas a voluntad.
Esta propuesta también puso en pie de guerra a los trabajadores del sector, preocupados por la pérdida de puestos de trabajo. La mengua provendría tanto del cierre de firmas pequeñas como de la posible razzia que estaría por llevarse a cabo en el correo oficial. Los gremios aseguran que un trabajo realizado por una consultora del Correo Alemán, que asesora técnicamente a OCA, aconseja la expulsión de 5000 empleados, adicionales alos 7000 que se fueron desde que Macri tomó la concesión. Tan drástica decisión sería ejecutada por la nueva sociedad del Exxel y el grupo Macri, de la que ellos hace rato tienen noticias.
| Los gremios ya lo sabían
Hace poco más de un mes, un funcionario de la secretaría de Comunicaciones reunió a tres directivos de los principales gremios del sector para testear su opinión sobre la posible incorporación de un nuevo socio al Correo Argentino. La consulta fue interpretada como una confirmación de lo que muchos empleados del Correo ya habían registrado: que en las oficinas jerarquizadas de la empresa, habían comenzado a instalarse nuevas personas, presuntamente ligadas a OCA. La suma de datos inspiró días atrás cuatro cartas documento que Aatrac, Foecop, y Fejeproc enviaron al presidente, Fernando de la Rúa, al vice Carlos Chacho Alvarez y a los ministros de Infraestructura y Economía, Nicolás Gallo y José Luis Machinea. �Resulta indisimulado que se habría llegado a un entendimiento empresario, por el cual, niveles gerenciales del grupo Exxel estarían operando el Correo Argentino�, arrancan los gremios que, a renglón seguido, advierten sobre los efectos nocivos que tendría la incorporación al grupo adjudicatario de su principal competidora. |
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