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NICOLAS GALLO CUESTIONO EL ACUERDO SIDECO-EXXEL POR EL CORREO
�Aprobar la fusión sería un error�

El ministro señaló que la compra del Correo por el dueño de OCA �implica una situación de monopolio� que obligaría al Estado a �fijar los precios� del servicio postal. El marco regulatorio limita a otros competidores. Más de un proyecto del Ejecutivo en puja.

Nicolás Gallo, ministro de Infraestructura y Vivienda. No se calló su oposición al acuerdo Macri-Exxel.


t.gif (862 bytes) Nicolás Gallo, ministro de Infraestructura y Vivienda, consideró que sería �un error aprobar la fusión� del Correo Argentino y OCA, los dos principales prestadores del servicio postal en el país. Sideco Americana (grupo Macri) y Exxel Group, dueño de OCA, presentaron ante las autoridades un convenio de compraventa del paquete mayoritario del Correo en favor del segundo, sujeto a aprobación oficial. �La fusión implica una situación de monopolio o cuasimonopolio� en el mercado postal, advirtió Gallo, quien subrayó que �si la operación fuera autorizada, cosa que yo no comparto, la actividad debería estar plenamente regulada como monopolio, es decir con precios fijados por el Estado�. 
El preconvenio suscripto entre Sideco e International Mail Corp. (del Exxel) establece la transferencia de la primera a la segunda del 69,23 por ciento de las acciones de Correo Argentino. Como parte de la operación, el grupo Macri recibiría una participación accionaria en International Mail, que es además controlante de OCA. Según Exxel y Sideco, la unión del Correo y OCA le daría una participación del 35 por ciento en el mercado global de correspondencia, pero más de un 60 por ciento en servicios postales básicos, el 58 por ciento en servicios internacionales y el 96 por ciento en clearing y �bolsines�. 
Gallo consideró que �tal vez en otras actividades postales, como podría ser la de encomiendas, la situación sería diferente, porque allí existe más competencia ya que se trata de un sector rentable que atrajo a más empresas�, pero sostuvo que, �en todo caso, habría que discernir entre una u otra actividad�, sugiriendo una regulación más estricta en las franjas de mercado que operasen en condiciones monopólicas. �Cada uno puede opinar como le parece �refirió el ministro�, y hasta se puede aceptar que sea un monopolio como existe en otros lados, pero en tal caso deberá regularse, y hay que ver si ello es lo que le conviene a la economía argentina.�
Jorge Aguado, director de Relaciones Institucionales de Sideco, y Fernando Lascano, director de Asuntos Públicos de Exxel, sostuvieron en cambio que la suma de las participaciones de ambas empresas no las coloca en posición monopólica. �Las distintas franjas del mercado postal no pueden considerarse en forma aislada�, sostuvo Aguado. Lascano, en tanto, señaló que �el público en general puede focalizar el tema en el servicio postal básico, que ni siquiera es el primero en nivel de facturación; una opinión experta no va a cuestionar esta fusión desde ese punto de vista�. De todos modos, Aguado advirtió que �no hay ninguna posibilidad de avanzar con esto sin que la operación sea aprobada por Defensa de la Competencia y por el concedente del Correo, que es el Estado Nacional�. 
La operación pasará a consideración de la Secretaría de Comunicaciones, como autoridad de aplicación, y de la Secretaría de Defensa de la Competencia, a cargo de Carlos Winograd. El vicepresidente de la Nación, Carlos Alvarez, sostuvo que el Gobierno será �muy estricto en cuidar la competencia del mercado� en el sector postal. Alvarez señaló que la autorización para que se concrete esta operación �la tiene que definir la Secretaría de Defensa de la Competencia, porque hay que hacer un análisis de cómo queda compuesto el mercado telepostal� con esta fusión.
La concesión del Correo Argentino por treinta años fue adjudicada en agosto de 1997 al consorcio encabezado por Sideco (69,23 por ciento), Banco Galicia (12,5) y CFI (4,27), en tanto que el restante 14 por ciento esta en manos del personal de la empresa, a través de un Programa de Propiedad Participada (PPP). Desde su privatización, el Correo y el Estado Nacional mantuvieron controversias por el no pago en tiempo y forma del canon comprometido en la oferta (de 103 millones de pesos anuales) y deudas de organismo estatales con la empresa postal, por servicios utilizados y no pagados. 

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