Por Alejandra Dandan
 La tierra de Aldo Rico está en combustión. Página/12 pudo saber que el juez federal Alberto Suares Araujo citará como imputados sospechados de cohecho al secretario de Gobierno, Oscar Zilocchi y al presidente del Concejo Deliberante de San Miguel, Claudio Pérez. Es en el marco de la causa que investiga una red de prostitución donde trabajaban menores. La indagatoria para los funcionarios riquistas fue pedida ayer por los fiscales. En el requerimiento indicaron que �existen pruebas suficientes que demuestran que funcionarios políticos y policiales recibieron sumas de dinero a cambio de dejar de cumplir sus obligaciones�. La citación incluyó además al hermano del intendente de San Fernando, Rubén Amieiro y a dos funcionaros del municipio. El magistrado, que deberá citar también a policías de la Bonaerense, aprobó el pedido de prisión preventiva para Vicente Serio, regente de los locales.
Los prostíbulos regenteados por Vicente Serio estaban habitados por 34 mujeres, siete de ellas menores. Serio quedó detenido acusado de privación ilegal de la libertad y promoción a la prostitución. A esos cargos el hombre que mantenía su base de operaciones frente a la puerta 4 de Campo de Mayo, en San Miguel, sumó otros por cohecho activo y facilitación para el ingreso de ilegales al país, ya que la mayoría de las mujeres eran extranjeras. Bajo esos cargos el juez acaba de ordenar la prisión preventiva en medio de un proceso que parece involucrar en un escándalo político a altos funcionarios de los dos partidos del conurbano.
La mayor cantidad de pruebas que terminaron incluyendo como imputados a los hombres de Rico se recogieron durante el allanamiento a los tres garitos de Vicente Serio. Entre el material secuestrado, se descubrió una libreta con anotaciones. El dueño de negocio registraba prolijamente idas y vueltas de un dinero que le permitía mantener las persianas abiertas. �Allí puso con su letra quién le cobraba, a quién iba el dinero y cuándo se retiraba�, dijo a Página/12 una fuente de la investigación. Entre esos nombres están los de Zilocchi y Pérez. También aparece allí Rubén Amieiro, hermano de Gerardo Osvaldo Amieiro que es el intendente justicialista de San Fernando. Entre los hombres de su equipo que, según los investigadores, recibían dinero recogido del negocio de la noche, figura Omar Aranda, director General de Inspección.
De esas cuentas de Serio, surgieron detalles de pagos. Como vía libre para mantener abierto Imagina, el local levantado sobre la ruta ocho bajo la montura de un café concert, Serio habría entregado 2000 dólares por mes al Ejecutivo de San Miguel. Entre las pruebas se halló además otro documento que supondría el pago de mil pesos para Zilochi. Pero, al parecer, aquellos pagos no eran suficientes.
Estela Paredes, la mujer de Serio, fue citada a declarar durante los primeros días de investigación. Era la encargada administrativa de los boliches. En su testimonio, según aseguraron fuentes judiciales, habló de pagos semanales a la Departamental y la comisaría local. Esos pagos, según pudo saber Página/12 a través de una fuente vinculada al night club, eran de 700 pesos cada semana para la primera repartición; para los bonaerenses locales, la casa habría destinado 1200 pesos por semana, entregados al parecer a la comisaría de donde fue relevado el subcomisario Gustavo Luis Botei como consecuencia del escándalo. Con Botei, en la primera semana de investigaciones, el Ministerio de Seguridad provincial pasó a disponibilidad preventiva a los jefes de las otras comisarías con jurisdicción sobre los otros dos boliches de Serio. Los retirados fueron Ricardo Pablo Pynzynski de la seccional 1 de San Fernando donde estaba El Porteño, y el comisario Néstor Osvaldo Benedetti de José C. Paz, ciudad en la que Serio había levantado Hawai.
La declaración de Estela contribuyó además, para confirmar datos que su marido más tarde se negó a reconocer. Aunque admitió como propia letra einscripciones de su libreta, Serio dijo que los nombres que aparecían allí sólo eran claves. Con esas marcas, explicó, llevaba un control de los funcionarios que se mantenían en sus cargos. Contrario a esta visión, �para la fiscalía las anotaciones responden a pagos�, aseguró una fuente de la causa a este diario. Existen varios datos para sostener esa sospecha, entre otros un video casero hallado entre el material secuestrado. En la grabación, Serio le habla a la cámara sobre cómo y entre quienes circula el dinero entregado como coimas. Una fuente cercana al negocio le contó a este diario que ese video fue hecho un día �de calentura: Vicente estaba enojadísimo porque ya no lo dejaban trabajar�. Para los investigadores, Serio pudo haber filmado esas imágenes quizá para protegerse de hipotéticas presiones.
El recuento de pruebas consideradas por los fiscales para pedir las indagatorias contienen otras sorpresas. Entre los papeles hay constancias de un pago por 20 mil pesos, que sería un aporte para la campaña de la intendencia de José C. Paz.
La suma de evidencias aparecidas desde que una cámara oculta de un canal de televisión consiguió que Serio admitiera relaciones de amistad con Rico y Pérez fueron suficientes hasta aquí para abrir las indagatorias. Los pedidos fueron firmados por el fiscal federal Jorge Sica y el de Cámara Pablo Quiroga. �Existen en la causa elementos suficientes que involucran al menos por cohecho a funcionarios políticos y policiales�, dijo Sica a Página/12. �El dinero entregado por Serio �continuó el fiscal� era intercambiado, al menos, para que los implicados dejasen de hacer algo concerniente a sus funciones.� Para la fiscalía, �surgía con claridad que los tres cafés concert funcionaban como casas de tolerancia�. Aunque los inspectores o quienes debían cumplir el rol de contralor pudieran desconocer que había menores trabajando, no podrían haber pasado por alto la existencia del ejercicio de la prostitución como negocio.
Zilocchi y el resto de los funcionarios sería así indagado por cohecho, figura que ya fue reconocida por el juez cuando indagó a Serio y al resto de los testigos. Con su inacción, el cuerpo político involucrado habría apañado un negocio que infringió la convención de los derechos de la mujer, de rango constitucional, la ley provincial de profilaxis y, algo menor, aquella que penaliza la venta de alcohol a menores. Los descargos a los que deberán someterse los funcionarios de Rico y Airomi podrá liberarlos o no, de la condena de seis años de máxima que prevé la ley por el delito de cohecho.
| CLAVES
 La justicia citará como imputados al secretario de Gobierno de Rico, Oscar Zilocchi, y al presidente del Concejo Deliberante de San Miguel, Claudio Pérez. También serán indagados integrantes de la policía bonaerense.
Para la fiscalía existen pruebas suficientes para imputarlos por cohecho.
El dueño de los locales de prostitución dijo que era amigo de Aldo Rico. Los números de teléfono del intendente de San Miguel están en la agenda secuestrada por los fiscales.
El escándalo involucró además al intendente de San Fernando: su hermano Rubén Amieiro y el director de inspección general del municipio también serán citados como imputados.
Según los documentos secuestrados, Serio pagaba 2000 pesos mensuales al Ejecutivo de San Miguel. Hay otros mil que habría pagado directamente a Zilocchi.
|
| Una agenda con amigos
�Rico es muy amigo mío�, había dicho Vicente Serio ante la cámara oculta de �Telenoche...� Y como todo buen amigo, Aldo Rico tenía su lugar entre las cosas queridas de la casa. Entre los efectos personales de Serio secuestrados durante el allanamiento de sus locales había una agenda y allí figuraban varios números telefónicos del actual intendente de San Miguel.
Cuando se produjeron los allanamientos y detenciones, Rico reaccionó airado. �Ahora me acusan de no hacer de San Miguel un convento�, dijo a la prensa. Y luego pasó a defender la legalidad del negocio: �Por lo que se refiere a San Miguel �dijo�, estos lugares estaban perfectamente habilitados�. Rico recordó ahí no más que la gestión anterior fue la encargada de otorgar las habilitaciones que ahora han hecho florecer a la vera de la ruta ocho, frente a Campo de Mayo, más de una decena de boliches nocturnos. Pero según el intendente, sobre el de Serio había un estricto control de los inspectores de la comuna. Cuando le mencionaron que podía haber chicas �esclavizadas�, se irritó: �No seamos hipócritas -dijo�, en este país hay mucha esclavitud. La Argentina es esclava del FMI�.
Ahora su número apareció en la agenda de Serio. Capaz lo llama. |
| Interpelación
Si el riquismo lo permite, la minoría de la Alianza planteará hoy, en las sesiones extraordinarias del Concejo Deliberante de San Miguel, un pedido de interpelación al intendente Aldo Rico y al secretario de Gobierno, Oscar Zilocchi, para que brinden una respuesta oficial a las denuncias formuladas durante las emisiones del programa �Telenoche Investiga� que salieron al aire el 5 y el 12 de julio. En el proyecto de resolución, impulsado por el concejal de la Alianza Alberto Novo, se plantea que, de corroborarse, las denuncias pondrán de manifiesto �el incumplimiento de los deberes de varios funcionarios públicos�. Al mismo tiempo, la Alianza considera a priori como �poco probable� que la situación �fuera ignorada por el señor intendente�. |
QUIENES SON PEREZ, ZILOCCHI Y AMIEIRO
Perfil de los sospechosos
Por Carlos Rodríguez
Claudio Pérez, actual presidente del Concejo Deliberante de San Miguel, fue uno de los primeros nombres mencionados por Vicente Serio entre los �amigos� que le apañaban el negocio. El segundo fue el del intendente Aldo Rico, quien podría estar representado �como en tantos otros asuntos� por su mano derecha, el abogado carapintada y actual secretario de Gobierno de la comuna de San Miguel, Oscar Zilocchi, también citado a declarar como imputado. Mientras Pérez es un peronista que se arrojó al riquismo en 1997, Zilocchi es uno de los riñones del Modín y viene acompañando a Rico desde las épicas rebeliones carapintadas. Ambos se reúnen seguido en la quinta de Los Fresnos, en Campo de Mayo, donde comparten asados y otras yerbas. De los sospechosos de San Fernando se destaca nítidamente Rubén Amieiro, el hermano del intendente, gran amigo del comisario Ricardo Pablo Pynzynski, el relevado jefe de la seccional primera de ese partido.
Desde 1997, de la mano de Rico, Claudio Pérez fue elegido dos veces concejal. Con un sueldo mensual de 1300 pesos, nadie se explica cómo puede andar en una Ford Ranger que cotiza por encima de los 20.000 pesos y que algunas veces alterna con un Renault Laguna bordó. En ocho años de concejal, además de la vivienda familiar, se compró una casita en la costa. En San Miguel era notoria su vinculación con los dueños de los locales nocturnos clausurados. Y en 1996 un panadero, Manuel Casal, lo denunció por haberle pedido una coima.
A Oscar Zilocchi se lo conoce como el que lleva �todos los asuntos locales, de cabotaje�, del intendente Aldo Rico. Los temas más importantes fuera de los límites comunales los maneja, en nombre de Rico, Salvador �Toto� Lentini, gran amigo del ex gobernador Eduardo Duhalde. En 1998, en un reportaje concedido al diario Tiempos del Mundo, Zilocchi aseguró que Rico era tan criticado en San Miguel porque allí, antes del desembarco carapintada, �la que mandaba era la mafia�. El fiscal y el juez que investigan la prostitución creen que la cosa no ha cambiado mucho.
En San Fernando, los círculos políticos expresaron muy poca sorpresa frente a las sospechas que hay acerca de la participación en el negocio de la noche de Rubén Amieiro, hermano del intendente local, el justicialista Osvaldo Amieiro. �Eran íntimos amigos con el comisario Pynzynski, con quien se lo veía seguido en los bares de la zona, charlando, tomando una cerveza�, relató a este diario un dirigente político de la oposición.
Cuando Pynzynski fue removido del cargo al estallar el escándalo por los prostíbulos, el comentario generalizado fue para señalar un hecho más que anecdótico: �El policía, durante las grandes purgas en la Bonaerense, había sobrevivido sin inconvenientes. Es sabido en las intendencias del conurbano que si el intendente pide que le cambien al jefe de policía local, el cambio viene. Acá está visto que nunca lo solicitaron�.
Los otros dos citados en San Fernando son Rubén Aranda, el titular de la Inspección General y una persona identificada como Antonio Martínez. Hubo alguna confusión porque hay dos personas con el mismo nombre: el segundo de Aranda en Inspección General y el presidente del PJ de San Fernando, que además es el suegro del hermano del intendente. Se presume que el citado es el segundo jefe de la dependencia oficial que se encarga de sancionar ilícitos. Tanto Aranda como Martínez son funcionarios de carrera que vienen manteniendo el cargo desde 1984 en adelante.
|
