El vicepresidente Carlos Alvarez dijo que era intolerable que se cerrara la investigación del robo de bebés y que la Justicia debía continuar su trabajo hasta esclarecer el último de los hechos. Graciela Fernández Meijide afirmó que la sociedad tenía derecho a la verdad y que debía respetarse a la Justicia. Ricardo Gil Lavedra recordó que la Convención Interamericana sobre Desaparición de Personas, de rango constitucional, excluye la competencia de un tribunal militar, que no sería imparcial. 
Estas son las primeras voces que desde el Poder Ejecutivo se oponen a la renacida prepotencia castrense. Antes, sólo legisladores como Juan Pablo Cafiero, Elisa Carrió o los socialistas de Alfredo Bravo habían rechazado la pretensión castrense de abortar todas las causas. 
En cambio, Ricardo López Murphy avala la solidaridad institucional del Ejército con los militares que se niegan a colaborar con la Justicia y mantiene en actividad a los torturadores identificados en los juicios. Según otro diario, Federico Storani, también apoyó el respaldo del Ejército a los detenidos, aduciendo que no se les imputaba ningún delito, lo cual no es cierto. Ante una consulta, negó haber dicho tal cosa y anunció que emitiría una rectificación formal. Hasta ahora no lo hizo. En cambio, la intendencia de Bahía Blanca (que responde a su línea política) interrumpió su apoyo a los juicios por la verdad. Fernando De la Rúa escribió en su libro �La Casación Penal� que los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la guerra sucia militar contra la sociedad argentina debían ser juzgados por las Cámaras Federales, y ese es el mismo compromiso que el Estado nacional asumió ante la OEA. Pero ahora su gobierno propicia que la Cámara de Casación se apodere de esos expedientes y alienta la mesa del maquillaje reconciliatorio impulsada por el Ejército. Aunque sigue pregonando la independencia de la Justicia, el presidente ya le tomó el gusto a la comodidad de un supremo tribunal genuflexo que ponga musica jurídica a la letra política de su gobierno. Los tres se están pareciendo al ex presidente Raúl Alfonsín más de lo que les gustaría admitir.
Gil Lavedra fue uno de los jueces que condenaron a Videla, Massera & Cía. y resistieron las presiones de Alfonsín para que la Justicia estableciera el punto final y la obediencia debida. Graciela, madre de un adolescente detenido-desaparecido, fue el pilar de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y la secretaria principal de la Conadep. Alvarez preside un partido que siempre denunció los crímenes de la dictadura. Por eso era tan deprimente el silencio que guardaban y reconforta que lo hayan roto. Tales gestos, de fidelidad a sí mismos y a la historia que los condujo a donde están, enriquecen la construcción democrática y amigan a los políticos con la sociedad, que en forma abrumadora se pronuncia por la verdad y la Justicia y en contra de la impunidad.

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