Por Raúl Kollmann
El sexto aniversario del atentado contra la AMIA dejó su estela. El Gobierno está satisfecho con el recibimiento al presidente Fernando de la Rúa en el acto, pero también quedó más que preocupado porque debe dar respuesta a los reclamos de los familiares y a una parte de la dirigencia de la comunidad judía. Por de pronto, ayer De la Rúa convocó de urgencia al ministro de Justicia, Ricardo Gil Lavedra, para que realice un informe público sobre lo hecho en estos meses de gobierno y, además, en la intimidad se barajaron rápidos movimientos que muestren actividad en la investigación. Aunque no se difundió, se resolvió que el gabinete tome las riendas del control de la pesquisa y que se aceleren algunas movidas de importancia: traer al país cuanto antes al testigo.clave Wilson Dos Santos; conseguir que Uruguay levante el secreto bancario y responda sobre los fondos que habría tenido el ex comisario Juan José Ribelli en ese país, hacer un gigantesco relevamiento de las entradas y salidas que hubo en la Triple Frontera en los meses anteriores y posteriores al atentado y realizar una masiva investigación sobre el armador de autos Carlos Telleldín y el ex comisario Ribelli para encontrar nuevas pruebas que sirvan para el juicio oral.
En la sorpresiva conferencia de prensa realizada por Gil Lavedra en la Casa Rosada, el ministro se negó a hablar de �falta de voluntad política� del gobierno de Menem, pero sostuvo que �el cuerpo central de la causa ha estado largamente paralizado�. Al mismo tiempo, quiso dejar en claro que el Gobierno �está cumpliendo con el pagaré -.una figura utilizada por Familiares para señalar el compromiso electoral de De la Rúa-. y, de paso anunció que los familiares también serán convocados para controlar la investigación.
Todos los que rodean al Presidente coinciden en que De la Rúa quedó muy preocupado por los actos del sexto aniversario. Percibió con inquietud que por ahora los reclamos más duros van dirigidos a Carlos Menem y su administración, pero indefectiblemente los cañones pueden girar y empezar a apuntar al actual gobierno. En privado, De la Rúa sostiene que la herencia recibida en este terreno, como en otros, es desastrosa, fundamentalmente porque la pesquisa fracasó y las pruebas recogidas son de una debilidad asombrosa. O sea que, además, percibe las dificultades de enderezar las cosas. La inquietud se tradujo ayer por la tarde en una reunión con Gil Lavedra �el ministro del Interior Federico Storani, que también se ocupa del caso AMIA viajó a Brasil� en la que De la Rúa le dio instrucciones de acelerar la investigación.
Las medidas puestas en marcha son las siguientes:
La investigación está en manos de la llamada Task Force, que lideran los fiscales e integran la Policía Federal, la Gendarmería, la Prefectura, la SIDE y el Servicio Penitenciario. Este grupo especial viene moviéndose con cierta lentitud y la impresión es que carece de liderazgo. El Presidente quiere que un integrante del gabinete juegue un papel protagónico para mostrar una fuerte conducción e impedir las tradicionales guerras entre las fuerzas de seguridad.
Habrá una invitación formal a los familiares para que se sumen a una especie de control sobre la Task Force. Esto se realizaría a través de reuniones periódicas.
El Presidente quiere resultados inmediatos respecto de Wilson Dos Santos, el hombre que se presentó, quince días antes del atentado, en los consulados de Argentina, Brasil e Israel en Milán para advertir que podía producirse un ataque en Buenos Aires. Dos Santos está preso en Suiza y hubo una reunión reservada la semana pasada con el embajador de Brasil en la Argentina para pedirle que colabore de una vez por todas. Hay fuertes sospechas de que Dos Santos trabajaba para los servicios de inteligenciade su país y el embajador se comprometió a dar una respuesta concreta sobre lo que sabe el testigo-clave. Dos Santos sería traído a la Argentina para declarar en una causa lateral, pero se busca la forma de que lo interrogue el juez Galeano.
Se resolvió poner en marcha una gigantesca investigación sobre las fichas existentes en Migraciones de todas las personas que entraron y salieron del país por la Triple Frontera en la época del atentado. El menemista Hugo Franco, anterior titular de Migraciones, siempre dijo que esa tarea es imposible. El Gobierno tiene la determinación de hacerla y verificar si alguno de los nombres que aparecen en la causa han tenido un paso por la frontera en esa época.
En el mayor de los secretos, la Task Force está buscando nuevos elementos para incriminar a Telleldín y Ribelli. Algunos sostienen que la pesquisa abarca todo: relaciones, cuentas, propiedades, vehículos, teléfonos.
En la Casa de Gobierno quieren que en los próximos meses se hagan públicas en forma permanente las novedades de la pesquisa. El Gobierno dirá en todo momento que �la causa estuvo paralizada� y que �ya pasaron seis años y es difícil�. El mensaje será �no podemos garantizar resultados, pero fíjense que estamos trabajando�.
De la Rúa aspira a asistir otra vez el año que viene al séptimo aniversario del atentado, pero no quiere correr el riesgo de que los silbidos vayan contra él.
opinion
Por Andrés Delich * |
Acuerdo político y social por la educación
El Ministerio de Educación ha propuesto en el Consejo Federal de Cultura y Educación una agenda de temas y de orientaciones que deberían constituir el núcleo de un nuevo pacto federal. Estas orientaciones suponen cambios de distintos niveles y magnitudes que en su conjunto buscan garantizar una educación de calidad al servicio de todos. En ese sentido, es prioritario desarrollar acciones que rompan con el círculo vicioso entre la pobreza y los aprendizajes escolares que, en las palabras de Rosa María Torres -crudamente iluminadoras�, consiste en que �el alumno pobre tiene una familia pobre que acepta una educación pobre en una escuela pobre servida por docentes mal pagados y que logra (previsiblemente) resultados escolares pobres que son atribuidos a la pobreza de los pobres�. En esta dirección, hemos elaborado un conjunto de orientaciones para fortalecer a los chicos de las escuelas más necesitadas.
En otro orden, el ministerio ha propuesto la reforma de algunos aspectos sustantivos de la escuela media, que es uno de los niveles de mayor fracaso y menor calidad del sistema educativo. Dicha reforma tiene como núcleos el paso del sistema de horas al de cargos y la reorganización de los currículos para evitar la excesiva cantidad de asignaturas por año. También es imprescindible el diseño de una nueva carrera docente que complemente la antigüedad con la capacitación, que facilite la actualización y que contribuya a la profesionalización de los docentes.
El proyecto comprende, además, otros aspectos de gran importancia: la mejor asignación de recursos de acuerdo con criterios de equidad, el fomento de las capacidades de formulación y de gestión de proyectos institucionales de las escuelas, el fortalecimiento de la capacidad de dirección de los sistemas educativos provinciales y el establecimiento de mecanismos permanentes y consensuados de evaluación de la calidad y de formación y capacitación docente. Estas cuestiones suponen un compromiso serio y verificable de la Nación y de las provincias para aumentar el presupuesto educativo.
Por otra parte, el Gobierno ha puesto en marcha el portal educ.ar, que permitirá que el conjunto de las escuelas del país acceda a contenidos de alta calidad y pertinencia educativas. Mejorar la oferta de contenidos educativos y posibilitar el acceso de todos los chicos, los docentes y los alumnos a esos contenidos es un objetivo fundamental para democratizar el conocimiento a través de todos los medios disponibles.
En todos los casos, se trata de propuestas de mediano plazo, que requieren un importante esfuerzo económico y una gran cuota de voluntad política y capacidad técnica. Su éxito, entonces, depende de la posibilidad de articular un acuerdo político y social que involucre al conjunto de los actores educativos. La experiencia del Pacto Federal Educativo, firmado en 1994, nos muestra que un proyecto sin metas realistas, con un compromiso débil de las provincias, sin una discusión parlamentaria y sin la participación de los organismos representativos de los docentes tiene pocas oportunidades de éxito. Confiamos en que nuestra propuesta será un punto de partida útil y valioso.
* Secretario de Educación de la Nación. |
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