Por Alejandra Dandan
 San Miguel acaba de levantar sus propias barricadas. Ayer el Concejo Deliberante rechazó el pedido de interpelación para Aldo Rico y dos funcionarios implicados en la causa que investiga la red de prostitución. Aunque las dos terceras partes del Concejo lo desconoció, el juez federal Alberto Suárez Araujo citará a su secretario de Gobierno, Oscar Zilocchi, y a Claudio Pérez, presidente del honorable recinto. Tal como adelantó Página/12, los funcionarios serán convocados por la Justicia como imputados, sospechados de cohecho, en la causa que investiga el negocio de prostitución de Vicente Serio, desde ayer con prisión preventiva.
El dueño de los tres prostíbulos allanados en el conurbano quedó detenido con prisión preventiva bajo cuatro cargos. Su extenso expediente incluye acusaciones de cohecho, introducción de menores ilegales al país, instigación a la prostitución y privación ilegítima de la libertad. Con Vicente Serio fueron confirmadas las prisiones de los dos encargados de los locales nocturnos de San Fernando y José C. Paz. Los otros dos empleados de Serio en Imagina �el local de San Miguel� fueron liberados. Bajo la estructura montada por Serio con la fachada de café concerts, la Justicia descubrió el funcionamiento de prostíbulos, habitados por 34 mujeres, siete de ellas menores. La mayoría eran extranjeras, muchas paraguayas. Para mantener las persianas de su negocio abierto, el hombre habría contado con protección policial y política.
Entre los sospechados están Zilocchi y Pérez. Serio había admitido frente a la cámara oculta de un programa de televisión que Pérez y Rico eran sus amigos. El juez citará ahora a Zilocchi para que dé cuenta de los 2000 dólares que, según las pruebas incorporadas a la causa, recogía mensualmente del prostíbulo. También deberá hacerlo Claudio Pérez y, además el hermano del intendente de San Fernando, Rubén Amieiro, y el director de inspección general de ese distrito, Omar Aranda.
Esa citación y la investigación hecha por los fiscales federales Jorge Sica y Pablo Quiroga han caldeado los humores del interior bonaerense. Ayer, Osvaldo Amieiro, el jefe comunal de San Fernando, procuró evitar ser salpicado. �El intendente �dijo a través de una gacetilla de prensa� no es responsable ni de las amistades ni de la vida personal de los familiares o funcionarios municipales.� En esa línea ordenó, sigue el comunicado, sumario interno y puso a disposición de la Justicia la información necesaria.
En San Miguel, en tanto, se huelen aires de rebelión. El oficialismo cerró filas sobre el jefe mayor. �Aunque en el recinto informamos la resolución de la Justicia publicada por el diario, los riquistas dijeron que era una operación de prensa�, dijo a este diario el concejal Alberto Novo, de la Alianza. Bajo ese argumento rechazaron la interpelación a Rico y sus hombres mezclados en la causa. Pero otra fue la actitud fuera del recinto. Página/12 pudo saber que Serio y su gente recibieron llamados alterados desde el cuerpo político y de efectivos de la bonaerense.
Entre las pruebas recogidas en los allanamientos se descubrió una libreta de Serio con nombres y datos vinculados a pagos de coimas. Hasta ahora, durante la indagatoria, el hombre había dicho que eran claves. Esa estrategia fue revertida después de la incorporación de Víctor Stinfale como nuevo abogado. Serio modificó la declaración. Dijo que los datos y nombres respondían a una contabilidad paralela con la que rendía cuentas del negocio a un socio paraguayo. �Con esos nombres, evitaba mostrarle la ganancia real al socio�, dijo Stinfale a este diario.
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