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 Ayer comenzó lo que meses atrás parecía imposible: la audiencia en la Corte Suprema de Chile para decidir si Pinochet finalmente es desaforado y puede en consecuencia ser juzgado en el caso de la �Caravana de la Muerte�. La Corte de Apelaciones de Santiago ya había fallado a favor del desafuero por 13 a 9 votos. También en contra de la mayoría de los pronósticos, el primer resultado del primer día de sesión fue un revés para el ex dictador. La defensa estaba empeñada en demostrar la incapacidad de su cliente para afrontar todo tipo de juicio �que es el único eximente contemplado por la legislación chilena�. Pero los 20 jueces de la máxima instancia judicial del país rechazaron ayer la realización de estudios médicos a Pinochet y postergaron esa decisión para el viernes, cuando ya se conozcan los alegatos de ambas partes.Las tres horas y media de sesión (en la que sólo estuvieron presentes los abogados defensores, los querellantes y los jueces de la Corte) sirvieron para que la relatora del máximo tribunal, Gloria Ana Chevesich, leyera un resumen del caso que está bajo la lupa del juez especial Juan Guzmán Tapia y que pone en juego el futuro del ex dictador. Según los abogados querellantes, existe una �sospecha fundada� para establecer la responsabilidad de Pinochet en la ejecución de más de 70 presos políticos a manos de un escuadrón militar en 1973 al delegar explícitamente funciones al ex general, actualmente detenido, Sergio Arellano Stark. Esa �sospecha fundada� ya fue reconocida por la Corte de Apelaciones de Santiago el 5 de junio pasado, que sentenció el desafuero del ex dictador por 13 votos contra nueve y provocó la apelación de la defensa ante el máximo tribunal. Ayer, la reacción del presidente Ricardo Lagos fue como la de entonces: �Todo sigue su curso normal. La Justicia hace lo suyo�. Si bien la Corte Suprema no tiene plazos para anunciar una decisión, el presidente del tribunal, Hernán Alvarez, trazó una línea de procedimiento similar a la de su par al frente de la Corte de Apelaciones de Santiago al adelantar la semana pasada que el fallo saldrá �con rapidez�, entre fin de mes y comienzos de agosto. Los 20 jueces deberán escuchar entre hoy y mañana los alegatos de ambas partes, y en base a esa información podrían ordenar la realización de los exámenes reclamados por la defensa de Pinochet. La estrategia de la �salida humanitaria� funcionó a la perfección en Londres y permitió el regreso del ex dictador a Chile el 3 de marzo pasado. Recién después decidirá la Corte, finalmente, si existen o no pruebas para desaforar a Pinochet como senador (vitalicio). �Tengo la certeza de que la Corte Suprema ratificará el desafuero�, aseguró ayer a la salida de la audiencia Eduardo Contreras, uno de los abogados querellantes que, además, celebró la negativa a la realización inmediata de estudios médicos como un incipiente triunfo. �Creemos que nuestro ordenamiento jurídico no permite de ninguna manera escabullirse a un fallo de desafuero por resoluciones médicas. Creemos que no son los médicos los peritos que van a venir a resolver un caso como el desafuero de Pinochet�, respaldó el abogado Hugo Gutiérrez. En el frente opuesto, los defensores del anciano incapaz, según su versión, de enfrentar a los tribunales, sacaron la conclusión contraria: �No interpretamos como un fracaso la decisión de los máximos tribunales. La Corte Suprema tiene amplias facultades para solicitar posteriormente exámenes médicos�, explicó Ricardo Rivadeneira. Afuera del edificio, la situación también estuvo dividida durante las tres horas de sesión. Seguidores y opositores de Pinochet se reunieron con pancartas y consignas enfrentadas, contenidos por un cordón policial que impedía la entrada a la sede. En el choque de gritos y cantos, el grupo que pareció salir ganando fue el de los antipinochetistas, que tuvieron un motivo extra para celebrar: la séptima sala de la Corte de Apelaciones de Santiago sentenció a cadena perpetua a los ex agentes de la CNI (heredera de la policía política pinochetista DINA), Alvaro Corbalán, Carlos Herrera Jiménez y Armando Cabrera Aguilar por el crimen del carpintero JuanAlegría Mondaca en 1983, a quien habrían asesinado para hacerlo aparecer como culpable de otro crimen, el del sindicalista Tucapel Jiménez.
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