Por Cledis Candelaresi
 En el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, colmado de funcionarios nacionales, provinciales y banqueros, Fernando de la Rúa anunció un plan de viviendas sociales y arremetió con la promesa de que permitirá construir �más de 100 mil� casas por año y generará �250 mil puestos de trabajo, a razón de tres por cada unidad�. El programa para levantar hogares para la clase media pauperizada a un costo accesible era, evidentemente, la carta fuerte del día. El mismo en el que se distribuyeron las planillas oficiales que acusan un aumento de la desocupación. Pero mientras los papeles del Indec llegaban a la prensa, el ministro de Economía, José Luis Machinea, y su equipo casi en pleno aplaudía en la Rosada una apuesta oficial presuntamente exitosa: en las últimas horas varios bancos se sumaron al emprendimiento, elevando los fondos disponibles a 2000 millones de pesos.
Un comunicado del Ministerio de Infraestructura actualizó por la tarde el monto comprometido que, según la gacetilla leída por el Presidente, alcanzaría sólo a los 1200 millones que se habían conseguido el miércoles por la noche. También reforzó la promesa presidencial, precisando que �se generarán 350 mil puestos de trabajo�, 100 mil más que los detallados por De la Rúa.
También el vicepresidente Carlos Alvarez, el jefe de gabinete, Rodolfo Terragno, y el ministro de Infraestructura, Nicolás Gallo, entre otros funcionarios, estuvieron en el estrado batiendo palmas cuando se mencionó la presencia en el acto del ex presidente Raúl Alfonsín, y escucharon en silencio la lectura del Acta Compromiso, a cargo del locutor oficial. �El objetivo no sólo es cubrir el déficit habitacional del país sino coadyuvar a la reactivación de la industria de la construcción�, reza el texto que, minutos después, firmaron ministros, banqueros y algunos gobernadores.
La propuesta consiste en crear dos fondos fiduciarios para financiar la construcción de viviendas de alrededor de 70 metros cubiertos, a un costo total no superior a los 25 mil pesos, y a repagar en cuotas que oscilarían entre los 150 y 160 pesos mensuales durante dos décadas. Los destinatarios serán hogares con ingreso total de entre 600 y 1000 pesos.
Infraestructura y el Banco Nación �que manejará tanto el fideicomiso de la construcción como el de la demanda� trabajaron contra reloj para alistar el anuncio. Pero, a pesar de tanto empeño, aún quedan muchos aspectos de la operatoria a definir y con las horas cambia el listado de bancos que aportarían al proyecto. Hasta el martes a la noche, sólo estaban garantizados los 500 millones del Nación, otro tanto del Banco Galicia y 200 del Ciudad de Buenos Aires. Pero en el transcurso del día se acoplaron los provinciales de Río Negro, Chubut y San Juan, junto al Hipotecario, Comafi y Macro.
Eduardo Escasany (Galicia) y Eduardo Elsztain (Hipotecario) también aplaudieron con entusiasmo, posiblemente no simulado para la ocasión. Los bancos recuperarán los créditos que otorguen para la compra de viviendas sociales a la tasa de mercado, es decir, entre el 12 y el 13 por ciento anual, aunque el interés que pagarán los usuarios será de la mitad, ya que la diferencia será cubierta con un subsidio de las provincias.
Otro presunto beneficio para las entidades financieras es que podrán aprovechar parte de su stock disponible para créditos hipotecarios que hoy no pueden colocar por su cuenta en el mercado. Finalmente, tendrán como garantía de repago los recursos del Fonavi (alrededor de 1000 millones de pesos por año) o ejecutarán hipotecas. Una consigna para ser beneficiario de este plan será cumplir con las cuotas, so pena de ser ejecutado con el rigor propio de las instituciones privadas.
Las ejecutoras del plan son las provincias. Cada Instituto Provincial de la Vivienda deberá destinar el 25 por ciento de su presupuesto anual para el plan. Pero ese dinero se emplearía para subsidiar la tasa de interés, es decir, se les transfiere a los bancos que prestan fondos para permitirque el beneficiario pague alrededor del 6 por ciento anual de interés y no el 12.
Ayer rubricaron el Acta Compromiso Chaco, San Juan, Jujuy, Mendoza, Tierra del Fuego, Catamarca, Tucumán y Santiago del Estero. Pero según confiesa el subsecretario de Viviendas, Norberto Pazos, el gran desafío son Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires, gobernadas por el justicialismo.
Responsabilidad compartida
Fondo Fiduciario para la Construcción
 Lo lidera el Banco Nación, que aporta recursos, junto a otras entidades públicas y privadas.
Los institutos provinciales de viviendas (IPV) diseñan barrios en función de la demanda, elevan el proyecto al fondo fiduciario, y organizan las licitaciones.
Los IPV aportarán la infraestructura y los terrenos, que ceden a favor del Fondo.
Las empresas constructoras cobran del Fondo en la medida que vayan extendiendo las certificaciones de su obra.
Fondo Fiduciario para la Compra
Las viviendas terminadas son transferidas a este Fondo, cuyo líder es también el Banco Nación.
El Fondo organizará a través de los IPV un mecanismo de selección de beneficiarios, cuya solvencia será evaluada por los bancos.
El IPV podría respaldar a aquellos usuarios que no califican porque, a juicio de los bancos, no tienen capacidad de repago.
El IPV garantizaría el equivalente al 25 por ciento del valor de cada unidad.
Para darle mayor transparencia a la selección, intervendrán las Organizaciones No Gubernamentales, Fundaciones y Cooperativas.
Garantías para ambos
Toda la operatoria estará respaldada por el flujo de fondos del Fonavi, las hipotecas ya constituidas sobre planes de viviendas ejecutadas y las que realicen sobre las nuevas unidades. |
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