La conducción del bloque de diputados de la Alianza se comprometió formalmente con los presos por el ataque al cuartel de La Tablada a tratar el próximo 3 de agosto la ley que les otorgará la posibilidad de revisar sus condenas, tal como lo requiere la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Sin embargo, el autor de la norma en cuestión, Ramón Torres Molina, no es optimista con respecto a esta posibilidad. Sus colegas radicales insisten con incorporar al proyecto un artículo que exprese claramente que los detenidos no podrán hacer uso del beneficio del dos por uno. Agregado que tanto Torres Molina como muchos de sus colegas del Frepaso cuestionan por �inconstitucional�. Por otra parte, el ministro Ricardo Gil Lavedra aún no envió al cuerpo el prometido paper con el que aportaría ideas para salvar este problema. Agosto se aproxima y los detenidos pueden retomar la huelga de hambre si la promesa no se cumple.
�Me resulta difícil ser optimista�, reconoce Torres Molina y cita cosas como el receso invernal, que implicó las ausencias de la inmensa mayoría de los diputados y del famoso aporte que se comprometió a enviar Gil Lavedra, con consideraciones y recomendaciones para sortear el punto que a los radicales les quita el sueño, el beneficio del dos por uno.
�En ningún caso la aplicación de lo establecido en esta ley tendrá por efecto hacer que se compute como prisión preventiva el lapso de condena ya cumplido�, dice el artículo, que el radicalismo, de la mano de Marcelo Stubrin, quiere agregar al proyecto de Torres Molina. Así creen que impedirán que los presos obtengan la libertad. �El artículo es, por donde se lo mire, inconstitucional. Ningún juez puede aplicarlo�, dice Torres Molina. Similar posición mantiene la también diputada Marcela Bordenave: �No se puede legislar para un grupo de personas a las que no se les permitirá hacer uso de un derecho que lo garantiza la ley.� Pero a pesar de ello, la legisladora �a diferencia de su colega frepasista� sostiene que, de todas maneras, �la ley sale o sale� porque �existe la decisión política de darle un corte a este tema. La ley de Torres Molina es la ley del Gobierno. Lo dijo el ministro de Justicia�, aseguró a Página/12.
Pero en la vereda de enfrente, el justicialismo continúa con la tesis del pago del costo político, que significa rechazar los proyectos de ley que presente el oficialismo para obligar al Ejecutivo a tomar el camino rápido: indulto o amnistía. Allegados a la CIDH confiaron que Gil Lavedra les aseguró que �el Gobierno no indultará�. Y ésta es la posición de la mayoría de los diputados radicales que integran el bloque de la Alianza. Por un lado hay quienes insisten en que los militantes del MTP y su acción armada perjudicaron al gobierno de Alfonsín, y por ello deben pagar. Otros, en tanto, creen que una ley que les permita revisar la causa y con la aplicación del beneficio del dos por uno, los detenidos obtendrían la libertad. Situación difícil de soportar porque entienden que, por un lado, �hacia afuera damos una imagen de que los indultamos, los liberamos�. Pero por otra parte, entienden que el PJ aprovechará para recordar el fluido contacto que la conducción del MTP mantenía con importantes funcionarios del gobierno alfonsinista. 

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