Por Eduardo Tagliaferro
 Si dentro de una cárcel puede existir la normalidad, los detenidos por el asalto al cuartel de La Tablada van acercándose a ella. Una semana después de la suspensión de la huelga de hambre que mantuvieron por 46 días y después de los chequeos médicos, dejaron el hospital de Villa Devoto. Ocho de ellos volvieron a la unidad 2 de Ezeiza. Enrique Gorriarán Merlo y Roberto Felicetti, los dos principales dirigentes del MTP, regresaron al pabellón 49 bis de Devoto, donde concedieron una entrevista a Página/12. �Así como llegamos al día 46, no dudaremos en llegar al día 50 o más, si el Gobierno no cumple el compromiso de impulsar el próximo 3 de agosto el tratamiento legislativo de una ley que haga efectiva la segunda instancia judicial y la reparación que recomendó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos�, dice Felicetti.
�¡Don Enrique, tiene visita!�, gritó el guardiacárcel, cuando este diario llegó a la celda de los dos presos más notorios del penal. Luego de media hora de trámite de ingreso, que incluye identificación, requisa y otras burocracias por el estilo, este cronista pudo encontrarse con dos personas muy pálidas cuya fragilidad física se notaba en cada palabra. El mate y un familiar de los presos iban a ser testigos de una entrevista en la que indistintamente Gorriarán y Felicetti darían sus opiniones.
�¿La promesa de los legisladores fue el único argumento que tuvieron en cuenta para suspender la huelga de hambre?
Roberto Felicetti: �Nosotros siempre dijimos que levantaríamos la huelga de hambre si lográbamos la libertad, o bien si había un compromiso serio de que se discuta en el Parlamento una ley que cumpla con la reparación recomendada por la CIDH. Dada la fuerte representatividad de la comisión que vino a visitarnos, más el diálogo que anteriormente habíamos tenido con el premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel y la secretaria de Política Criminal, Patricia Bullrich, en la Casa de Gobierno, fue suficiente. Lo consideramos un compromiso serio.
�¿Hubo algo más que una promesa a futuro?
R.F.: �Tuvimos la palabra de dos ministros del Poder Ejecutivo (Ricardo Gil Lavedra y Federico Storani) que les dijeron a los organismos de derechos humanos y nuestros familiares que expresaban el pensamiento del presidente Fernando de la Rúa. Vinieron autoridades de la Cámara de Diputados, como el vicepresidente primero, Juan Pablo Cafiero, y el titular del bloque radical, Héctor Pernasetti, que trajeron un acta firmada por los jefes de todos los bloques parlamentarios, en la que se comprometieron a tratar un proyecto de ley el 3 de agosto, exista o no despacho de las comisiones respectivas. Si a pesar de esto el Gobierno no cumple su promesa, estaríamos frente a un escándalo.
�¿Qué piensan hacer si el compromiso no se cumple?
Enrique Gorriarán Merlo: �No estamos pidiendo un beneficio que no nos corresponde, ni estamos haciendo una medida de fuerza contra el Gobierno. Simplemente pedimos que se cumpla con las recomendaciones de los organismos internacionales. Si no se cumplieran los compromisos, nos obligarían a una medida en la que no podríamos dar marcha atrás.
�¿Antes de recibir la promesa oficial de tratar una ley reparatoria, habían contemplado la posibilidad de levantar la huelga de hambre?
E.G.M.: �Por la tarde del pasado jueves, cuando supimos que la Cámara de Diputados no había tratado el proyecto de Torres Molinas, analizamos la situación. Teníamos decidido continuar con la huelga. La fuerza que tuvo el posterior gesto del Gobierno nos convenció. No podíamos dudar de la palabra oficial ya que, si no se cumpliera, sería una vergüenza internacional. Si esto ocurre, volveremos a la lucha y no seríamos nosotros sino el Gobierno quien esté en falta. Para ser sinceros, este gobierno parece más respetuoso de los compromisos internacionales y del respeto a la Constitución.
�¿Siempre fueron conscientes de que estaban realizando una medida límite?
E.G.M.: �Desde un primer momento habíamos hablado sobre la posibilidad de un desenlace trágico. Si eso pasaba, hubiéramos estado frente a un crimen más y aunque nosotros íbamos a ser los destinatarios de la crítica, el responsable iba a ser el Gobierno y el sistema democrático.
Gorriarán Merlo, el único de los huelguistas con anemia, se levanta para calentar el agua del mate y, de paso, continuar su lucha con una vieja heladera que intenta descongelar. Aunque en su celda hay un pequeño calefactor y la hornalla sigue encendida, el frío domina el ambiente. Tal vez por eso Gorriarán, conocido como el �pelado�, no se saca su gorra negra de cheviot en ningún momento de la entrevista. Felicetti, confirmando que desde el pasado viernes cuando suspendió la huelga aumentó tres kilos, tiene una voz más potente, más vivaz.
�¿Qué opinan de los dichos de Patricia Bullrich, de que la libertad de los presos de La Tablada no es un tema que le interesa a la gente?
R.F.: �Nuestra libertad es un tema legal y no depende de una opinión, ni de ninguna encuesta. No hay ninguna corriente en la opinión pública que se oponga a que recuperemos la libertad, a pesar de la campaña que en contra nuestra pretendió orquestar Daniel Hadad. Tenemos compañeros que recuperaron la libertad y no sufrieron ningún rechazo.
�No se les escapa que tanto para la actual dirigencia política, como para muchos sectores de la opinión pública, el asalto al cuartel de La Tablada fue un tema al que calificaron como grave.
E.G.M.: �Somos conscientes de eso, claro, y aceptamos las críticas. Pero ésa es una discusión que daremos cuando se resuelva este tema. Sucede que en este país es grave todo lo que pasó. Es grave que haya 30 mil desaparecidos, que se sepa quiénes son los responsables y que éstos anden tranquilamente por la calle. Es grave que se hayan secuestrado cerca de 500 bebes y aún se tengan dudas en cómo llevar adelante las investigaciones. Cómo será de grave lo que sucedió en este país, que hay una comisión internacional de juristas que está evaluando cómo incluir penalidades en las legislaciones existentes cuando el Estado realiza robos de bebés. Es tan grave el robo de chicos que ni siquiera al nazi Adolf Hitler se le ocurrió realizarlo.
�Eso suena a justificación...
E.G.M.: �No, claro que es grave el hecho por el que fuimos juzgados, pero se lo analiza fuera de contexto, como si hubiera ocurrido en París. Se nos acusa de haber pretendido dar un golpe de Estado, mientras que ninguno, en nuestra historia, de quienes dieron esos golpes fue preso. En nuestro caso hay encono político. Hace dos años que tenemos una resolución jurídica favorable (de la CIDH) y no logramos que se cumpla. Con los militares se utilizaron todas las variantes posibles para exculparlos de sus responsabilidades: la ley de obediencia debida y punto final, fue una variante parlamentaria. El Estado impulsó indultos y conmutaciones de penas. Ninguna actitud del Gobierno para con los militares respondió a una cuestión jurídica, sino que fue respuesta a aprietes armados, chantajes o levantamientos militares. En nuestro caso hay una clara discriminación. Permanecer sumisos era perder lo único que tiene un ser humano, la dignidad. Hay un solo error que no cometimos, no perdimos nuestra dignidad.
�¿Por qué motivo piensan qué el próximo 3 de agosto, la discusión sería distinta?
E.G.M.: �Hasta este momento, en la Cámara de Diputados se hizo politiquería con nuestra situación. Cuando Carlos Menem decía que iba a dar un indulto que nos incluyera junto al carapintada (Mohamed) Seineldín, este argumento era utilizado por algunos miembros de la Alianza para oponerse a nuestra libertad. Ahora, coyunturalmente, el peronismo se opone. Ambos buscan que el costo político lo pague el otro.
�¿Insisto, por qué ahora sería distinto?
R.F.: �Porque estas negociaciones son más serias que las que se llevaron adelante con el menemismo. Hasta sectores de la derecha reconocen que hay que cumplir con la ley y con los tratados internacionales. Incluso dentro del peronismo hay muchos diputados que, si no se les exigiera obediencia partidaria y pudieran ejercer su libertad de conciencia, estarían de acuerdo con votar un proyecto de ley que nos otorgue la libertad. A Menem no se le podía creer nada. Después de 10 años de mentiras, en los últimos meses de su mandato pretendió ponernos como prenda de negociación con la Alianza, como si él hubiera estado dispuesto, alguna vez, a tomar una decisión por consenso.
�¿Si hubieran sido indultados con Seineldín, qué habrían hecho?
E.G.M.: �No era nuestro problema. Era el problema de Menem. Nosotros siempre defendimos las resoluciones de la CIDH, que no sólo recomendó reparar las injusticias cometidas judicialmente, sino también investigar los nueve asesinatos a compañeros nuestros, las tres desapariciones, las torturas que casi todos sufrimos, además de dos detenciones ilegales en México.
�Por lo visto son optimistas.
R.F.: �Sí, porque si los compromisos internacionales no se cumplen y si no se modifica la ley, se comenzaría a transitar el camino del dictador peruano Alberto Fujimori. No se olviden que en favor de nuestra situación se pronunció: la CIDH, el Departamento de Estado de EE.UU., el Estado Vaticano, el parlamento mexicano, la Federación Internacional de Abogados, cuatro premios Nobel. No hicimos la huelga contra el Gobierno sino contra el Estado. Si a pesar de todos estos pronunciamientos no se cumplen los compromisos alcanzados, además de ser una vergüenza, no sabremos qué pensar.
�¡Don Enrique se terminó la visita!�, grita el carcelero. Las rejas se van abriendo y, a pesar de la fuerte oscuridad que había en la celda, el sol todavía iluminaba. A metros de distancia, una larga fila de familiares de presos comunes aguardaban por sus documentos.
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