oPINION
Por Horacio Verbitsky
Signo de los tiempos

Que un organismo de derechos humanos y una institución financiera internacional hayan puesto coto al avance militar sobre la sociedad argentina es un signo de los tiempos. En especial, pone de relieve la deserción del sistema político, que alentaba la desviación hacia la caja castrense de fondos destinados a asistir a los más desprotegidos, justo cuando los índices de desocupación abierta llegan al 15,4 por ciento y los de subocupación al 14,5 por ciento, lo que equivale a cuatro millones de personas con problemas de empleo. El gobierno atribuyó el incremento de esos indicadores a la reducción de los planes Trabajar por la administración anterior, que también es mencionada en la denuncia del CELS. Sin embargo, no fue el anterior ministro de Defensa Jorge Domínguez, sino el actual Ricardo López Murphy quien prometió a los militares emplear los recursos escasos de la ayuda social para el entrenamiento de reservistas. De ese modo se compensaría la falta de fondos para el pago de los soldados voluntarios que reemplazaron a los conscriptos por la fuerza.
Los proyectos de inversiones en obras públicas que el Banco Mundial financia para asistir a los desocupados deben ejecutarse en condiciones muy precisas, que la presentación del CELS describe en detalle. Una de ellas es que produzcan beneficios directos, mediante la transferencia de recursos a trabajadores pobres y escasamente calificados, pero también indirectos, por la mejora en la infraestructura social y económica de las comunidades carenciadas. Por ello se estableció que los proyectos financiados con esos fondos fueran concebidos y ejecutados por los municipios. Luego de evaluar un grupo testigo de proyectos, el Banco Mundial y el gobierno nacional acordaron fortalecer los sistemas de monitoreo, supervisión y evaluación para maximizar esos beneficios, garantizar la calidad de las obras y adecuarlas a las demandas sociales.
Sin embargo, el gobierno concibió echar mano de ellos para fines espurios. López Murphy pasa por ser un brillante economista, pero su conocimiento de las cuestiones de Defensa comenzó con su designación como ministro, lo cual repite la experiencia de los anteriores gobiernos constitucionales (con la solitaria excepción de Horacio Jaunarena, que antes de asumir había conocido el paño como viceministro de sus virginales antecesores). El Congreso votó hace dos años la ley 24.948, de reestructuración de las Fuerzas Armadas, redactada por el propio Jaunarena, que establecía un incremento del 3 por ciento anual acumulativo durante un lustro �de los recursos presupuestarios destinados a la función Defensa�. Pero el gobierno no incluyó esos fondos en el presupuesto nacional, lo cual constituye una desobediencia a la ley. Para compensar este incumplimiento, López Murphy ofreció al Ejército la disponibilidad de recursos de los planes Trabajar, que de ninguna manera pueden derivarse hacia la Defensa, con lo cual se completaba una cadena de ilegalidades que, como de costumbre, golpea sobre los más débiles. La denuncia del CELS frustró esa reincidencia en los anacrónicos conceptos de la doctrina de la Seguridad Nacional. Si se trata de construir caminos, para eso está el ministerio de Infraestructura; la alfabetización es competencia del de Educación; la vacunación contra enfermedades contagiosas forma parte de las obligaciones del de Salud; para la prevención de las adicciones existe una Secretaría ad hoc en la órbita del Poder Ejecutivo. Las Fuerzas Armadas sólo deben ocuparse de la Defensa.
Lo mismo que el intento de los militares por apoderarse de las causas en las que la justicia investiga el robo de bebés durante la guerra sucia, este episodio compromete la situación del ministro de Defensa, que fue colocado allí con desprecio por la materia específica, de la que todo lo ignora, y con el único propósito de vigilar desde el gabinete nacional la conducta del ministro de Economía. 
Es probable que hasta los militares lo agradecerían si, en vez de un lego que les propone atajos ilegales e inmorales para llegar a fin de mes,alguna vez el ministerio de Defensa cayera en manos de un especialista que se preocupara por asegurarles los fondos que, por derecho propio y con respaldo del Congreso, les pertenecen; que les diera el lugar que les corresponde y les impidiera ocupar el que no es justo ni razonable que ocupen; y que así los ayudara a recuperar algo de la dignidad cuya costumbre han perdido.