Página/12

Una comisión de expertos recomienda que en primer lugar pasen los juzgados de familia de la Nación a la Ciudad. Luego será el turno de los correccionales y parte de los comerciales.
Se privilegió el criterio de trasladar los fueros que ofrecen menor resistencia al cambio. Muchos jueces se oponen porque se resisten a perder los beneficios jubilatorios.

El traspaso de la justicia nacional a la Ciudad de Buenos Aires no se hará en bloque sino en forma gradual, y los primeros que estarán en condiciones de cambiar de jurisdicción serán los tribunales de familia, mientras que los juzgados correccionales y parte de la justicia comercial podrían seguir sus pasos. Esa es la conclusión a la que llegó la comisión técnica bipartita que, con representantes del Ministerio de Justicia de la Nación y de la Subsecretaría de Justicia del Gobierno porteño, emitirá su dictamen en los próximos días. Según lo acordado, el traspaso será acompañado con las correspondientes partidas presupuestarias.
El traspaso judicial �que se va a efectivizar recién en el 2001� será acompañado por la creación en el ámbito porteño de la Justicia Vecinal, �un fuero que se va a ocupar de los pequeños conflictos cotidianos�, adelantó a Página/12 el subsecretario de Justicia de la Ciudad, Hugo Germano.
La comisión bipartita, que trabaja desde el 6 de junio y tiene 90 días de plazo para emitir su dictamen, está integrada por dos representantes de la Nación y dos de la Ciudad de Buenos Aires, y es coordinada por el ex diputado José Caferata Nores, profesor de Derecho Procesal en la Universidad Nacional de Córdoba, que participó como consultor de la Agencia Interamericana de Desarrollo en las reformas judiciales de El Salvador, Guatemala, Paraguay y Venezuela.
La comisión analizó los tres escenarios posibles. El traspaso total fue descartado de plano pues, por su magnitud, se consideró �absolutamente inaplicable�. También se rechazó la posibilidad de que la Ciudad cree �desde cero� todas las competencias, donde se iniciarían las causas nuevas, mientras que los juzgados nacionales agoten las causas actuales, a la manera de un fuero residual. Esta posibilidad implicaría un gasto inútil de recursos, concluyeron los expertos.
Finalmente, la comisión consideró que el traspaso gradual puede implementarse con mayor facilidad. ¿Por dónde empezar entonces esta mudanza en cuotas? El criterio que se privilegió fue el traslado de los fueros donde los jueces ofrecen menor resistencia al cambio de jurisdicción. Según las fuentes consultadas por este diario, los jueces de familia verían con simpatía el traspaso. También podría incluirse a la justicia correccional (que interviene en los casos de accidentes de tránsito, entre otros) y los juicios ejecutivos de la justicia comercial (aquellos que tienen que ver con ejecuciones de cheques, pagarés o documentos).
Desde que se habla del traspaso, muchos jueces han manifestado su oposición, por tres razones:

Una cuestión de cartel: para los jueces, pasar a depender de la Ciudad es como si los descendieran de categoría, a jueces de provincia.

No quieren perder los beneficios jubilatorios: la Constitución porteña prohíbe los regímenes jubilatorios especiales, como el que tienen los magistrados nacionales.

También quieren conservar su obra social.
Para resolver estas dificultades, la comisión imaginó la opción de suscribir un convenio por el cual la Nación prestaría el servicio de Justicia a la Ciudad. Esa opción �que sí está prevista por la Constitución� permitiría a los jueces mantener las prerrogativas jubilatorias y la obra social. �Mantendrían el trato de jueces nacionales pero con competencia local: dependerían presupuestariamente de la Nación pero estarían bajo la órbita del Consejo de la Magistratura porteña�, explicó Carlos Balbín, subsecretario de Justicia y Asuntos Legislativos de la Nación, a Página/12.
En principio, el aspecto salarial no sería un problema para el traspaso: �Los haberes en la Ciudad son un 20 por ciento superiores a los de la Nación�, aseguró Germano. En cambio, otro de los obstáculos que deben afrontar las autoridades encargadas del traspaso es la vigencia de la denominada Ley Cafiero, que establece que los servicios judiciales y policiales que la Nación presta en la Ciudad de Buenos Aires seguirán �por su carácter de Capital de la República� dependiendo del ámbito nacional. Esta dificultad podría ser salvada, también, mediante el recurso del convenio entre la Nación y la Ciudad, hasta la imprescindible reforma legislativa de la Ley Cafiero, que debe ser consensuada con la oposición.
En cuanto al financiamiento, el gobierno nacional �ya tomó la decisión de realizar el traspaso con las correspondientes partidas, como marca la Constitución�, enfatizó Balbín. Aunque, como siempre, el Ministerio de Economía es el que debe dar la última palabra.
Aunque las decisiones están prácticamente tomadas, el camino no será fácil: una vez que la comisión técnica termine su trabajo, debe afrontarse la negociación con los jueces, por un lado, y con la oposición, por otro. Por eso, el traspaso gradual �estiman los operadores� obrará como una suerte de �experiencia piloto�, que permita convencer a los magistrados más refractarios a la mudanza.