Mesa de Diálogo a la uruguaya

Esta semana se inaugurará en Uruguay la Comisión para la Paz, que recogerá datos sobre el destino de los desaparecidos.
El presidente Jorge Batlle iluminado por el sol de la bandera uruguaya.

 En un caso parecido al de la Mesa de Diálogo chilena, pero en un contexto un tanto distinto, el presidente uruguayo, Jorge Batlle, pondrá en marcha esta semana la llamada Comisión para la Paz, cuya misión principal será recoger información sobre los detenidos-desaparecidos durante la última dictadura militar (1973-1985). Batlle dijo que, aunque no existe ninguna certeza de que se puedan esclarecer las circunstancias de las desapariciones forzadas de personas ni la identidad de los responsables de este delito, sí se pueden devolver los restos a los familiares. Así, Batlle completa una política sobre el tema iniciada ni bien asumió el cargo en marzo y que tuvo como primer hecho haber respondido a las demandas de información del poeta Juan Gelman respecto del destino de su nieta, desaparecida en Montevideo. 
La Comisión para la Paz estará integrada por el arzobispo de Montevideo, Nicolás Cotugno, que la presidiría, el sacerdote jesuita y dirigente del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), Luis Pérez Aguirre, el ex jerarca del Consejo Directivo Central de la Enseñanza y dirigente político José Claudio Williman y seguramente el veterano dirigente sindical José D�Elía. La participación de D�Elía está a consideración de la central obrera, Plenario Intersindical de Trabajadores (Pitcnt) que, con algunas reservas, seguramente la aprobará hoy.
Esta comisión todavía no tiene resuelto qué estrategia de trabajo seguirá ni tampoco está claro el plazo que dispondrá para reunir la información respecto del tema de los desaparecidos. En el caso de la Mesa de Diálogo chilena, este plazo es de seis meses con posibilidad de ampliarlo, aunque dicha prórroga debe ser aprobada por el Congreso. 
Al igual que en la Mesa de Diálogo, existe el compromiso gubernamental del anonimato de las fuentes. A cambio de que proporcionen información sobre cómo y dónde están los restos de los desaparecidos de la dictadura militar (1973-1985), Batlle dio garantías de que los datos serán confidenciales, evitando de esa forma exponer a los informantes a un eventual juicio. De todos modos, tanto en Uruguay como en Chile, un estallido de juicios se hace más difícil que en nuestro país. En Chile existe una Ley de Amnistía dictada por el régimen militar de Augusto Pinochet en 1978. En Uruguay, dicha amnistía fue incluso ratificada por plebiscito popular en plena democracia.
Desde que asumió, Batlle ha tenido varios problemas con las Fuerzas Armadas. Su intención de solucionar el tema de los desaparecidos fue vista por muchos militares como un enjuiciamiento de lo actuado por la dictadura. Algunos llegaron a insinuar que �la izquierda tarde o temprano volverá y habrá que actuar de nuevo�, como dijo en su momento el jefe del Estado Mayor, general Manuel Fernández, que fue separado inmediatamente de su cargo. Otros uniformados exigieron que otros actores políticos, como los ex dirigentes de los movimientos guerrilleros, hicieran también un mea culpa. Por ahora, esa tormenta está contenida.

Las paces por separado En las negociaciones del gobierno colombiano con las guerrillas, finalmente le tocó el turno al Ejército de Liberación Nacional (ELN, guevarista, la segunda del país). Hoy y mañana las dos partes se reunirán en la ciudad suiza de Ginebra. El proceso gobierno-ELN se suspendió hace poco más de un año, cuando el presidente Andrés Pastrana se negó a retirar la fuerza pública de la región de Bolívar. El ELN, que quiere una zona desmilitarizada precisamente allí, optó por responder con una exitosa ola de secuestros masivos que a su vez llevaron al mandatario a retirarle el carácter político. Hace cerca de un mes, Pastrana consideró que la liberación progresiva de varios secuestrados era �un gesto de buena voluntad�, por lo que decidió restituirle ese status.

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