EMBARGO POR 23 MILLONES DE PESOS AL ESTADO ARGENTINO
Traficó, huyó y lo indemnizaron

La Justicia de Panamá dispuso que la Argentina le debe pagar al traficante de armas Diego Palleros por una frustrada venta.

Por E. T.
 Sobre llovido mojado. El gobierno argentino perdió la última instancia de un juicio realizado en Panamá, por el que deberá pagarle al traficante de armas Diego Palleros, actualmente prófugo en Sudáfrica, una indemnización de 23 millones de dólares por una frustrada venta, en 1983, de tanques a Irán. Hasta que el pago se haga efectivo, el Superior Tribunal de Panamá embargó todos los bienes del Estado argentino en la República Centroamericana. La Cancillería “sugirió” a las embajadas en el extranjero y a las fuerzas armadas no aterrizar ni navegar por territorio panameño, por el riesgo de que se haga efectivo el embargo que pesa sobre todo tipo de bienes, cuentas y créditos públicos.
Veinticinco días antes de que la dictadura militar le entregará el gobierno a Raúl Alfonsín, la empresa Agrometal Internacional Corporate, de la que Palleros es representante, firmó un contrato con el Ministerio de Defensa para proveer de 60 tanques fabricados por la empresa estatal TAMSE al gobierno de Irán. El gobierno radical dejó sin efecto la operación, aunque posteriormente firmó 10 decretos que autorizaron ventas de armamento a Irán.
“Según consta en un expediente recopilado por la Procuración General del Tesoro, la operación no se concretó porque posteriormente Irán recibió enforma directa del Ministerio de Defensa argentino ofertas más ventajosas que las que contenía el contrato con Palleros”, consignó ayer la agencia de noticias DyN.
Palleros, que tenía domicilio en Panamá, inició su reclamo judicial en 1986 y, luego de haber tenido fallos favorables en instancias anteriores, el 23 de febrero de este año el superior tribunal panameño emitió su fallo final. En él, además de reconocer la indemnización de 23 millones en favor del ex teniente coronel, representante de otras dos empresas –Hayton Trade y Debrol– involucradas entre 1991 y 1995 en la venta de 6500 toneladas de armamento argentino a Croacia y Ecuador, embargó los bienes del Estado argentino.
El hecho de que Palleros hubiera iniciado en 1986 acciones legales contra el Estado no fue un obstáculo para que años más tarde los responsables de la Dirección de Fabricaciones Militares siguieran negociando con él las operaciones que motivaron el procesamiento de los ex ministros Erman González, Oscar Camilión y el ex jefe del Ejército general Martín Balza.
En 1990, el Ministerio de Defensa emitió la resolución 910, por la que el Estado se hacía solidario con la empresa TAMSE, actualmente en liquidación. Después de catorce años de iniciado el reclamo judicial de Palleros, en Panamá, el gobierno argentino se ve en la paradoja de indemnizar a un traficante, sospechado de perjudicar al Estado en una maniobra ilegal, cuyo perjuicio económico aún no fue mensurado.
“Atento sentencia de Corte Suprema de Panamá, traba embargo de muebles e inmuebles del Estado Argentino, se sugiere proponer ruta alternativa”, dice el esqueleto de un texto enviado por la Cancillería cada vez que recibe un pedido de permiso de vuelo, aterrizaje o navegación por parte de un organismo oficial.
La gravedad de la medida llevó al Gobierno a dirigir una nota de protesta al gobierno panameño, a la vez que convocó a la embajadora de ese país, Mercedes Alfaro de López, para buscar una solución diplomática, que al menos deje en suspenso el embargo. Pese a estas dificultades, fuentes de la Cancillería descartaron que el caso fuera a ampliarse y pudiera afectar el viaje que en noviembre próximo debe realizar Fernando de la Rúa para participar de la Cumbre Iberoamericana.

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