Página/12

Una comisión de funcionarios bolivianos denunció que los robos xenófobos a quinteros de ese origen en Escobar develaron la otra discriminación que sufren cotidianamente los inmigrantes.

Por Cristian Alarcón

Las torturas que padecieron las familias bolivianas asaltadas en la zona de Escobar sacaron a la superficie muchas más marcas de la discriminación que las de la violencia xenófoba de los encapuchados. “Existe una serie de denuncias en la Comisión de Política Social de la Cámara de Diputados de Bolivia sobre los niños indocumentados que son rechazados en las escuelas argentinas y de personas enfermas que enfrentan severas dificultades para ser aceptadas en los hospitales públicos”, le dijo ayer a Página/12 la senadora Ana María Fineo Fernández, miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara alta, desde La Paz. Fineo fue una de las integrantes de una misión oficial que en los últimos días se entrevistó con el titular del Instituto contra la Discriminación Racial y la Xenofobia, Raúl Zaffaroni, y con la Defensora del Pueblo de la ciudad, Alicia Oliveira. “La discriminación al inmigrante es muy grande, no podemos quedarnos con que el único síntoma es lo que pasó en Escobar. Permanentemente intervenimos para frenar el abuso”, señaló la ombudsman.
La indefensión de los extranjeros cuya situación migratoria es irregular y la dureza de la ley Videla –que continúa rigiendo hoy– hacen que los casos denunciados de discriminación en el acceso a salud y a educación de los “ilegales” sea absolutamente mínima. Aun así, tanto la Defensoría del Pueblo porteña, como el INADI y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), han recibido denuncias sobre impedimentos en escuelas y centros de salud. “Estos casos se dan en el marco de la ley de migraciones que establece la obligación de los funcionarios públicos de denunciar la presencia de inmigrantes ilegales –explica Diego Torres, abogado especialista en migración, del CELS–. Esto es un juego perverso en el que ‘si te atiendo, te denuncio’. Cuando además el inmigrante no tiene recursos, la ley es una buena chicana para que se asuste, y no se atienda.”
La situación varía según el lado de la General Paz en el que busque educación o salud un inmigrante. En la ciudad de Buenos Aires, el año pasado fue aprobada la ley 203 propulsada por Zaffaroni, en su rol de legislador porteño, y el radical Cristian Caram. La norma establece que es obligación de las escuelas dependientes del gobierno de la ciudad inscribir a los niños y adolescentes extranjeros aun cuando no tengan documentación argentina. “Hemos tenido que enviar varias notas a la Secretaría de Educación de la ciudad porque existe cierta desidia pública de no informar las nuevas leyes y los directores no conocen los cambios que los obligan a darles el mismo trato a los chicos indocumentados. Hay escuelas donde el asunto funciona discrecionalmente, según la disposición del director”, aseguró Morales a Página/12.
El tema fue planteado la semana pasada cuando una misión oficial de Bolivia, integrada por la senadora Fineo Fernández, el director general de Régimen Consular, René Gallardo Ormachea; el cónsul René Vargas Guzmán, y la diputada Elisa Zuñiga de Zifes, presidenta de la Comisión de Política Social de la cámara baja de Bolivia, se entrevistó con varios funcionarios argentinos. A la comisión llegaron las denuncias recolectadas por las entidades bolivianas en el Gran Buenos Aires y la Capital, que trascendieron luego del escándalo político que provocó en La Paz la serie de ataques con torturas a unas 80 familias de quinteros en la zona de Escobar. “Le agradecimos al INADI el compromiso con la investigación de los asaltos y le planteamos que nuestros compatriotas padecen la vulnerabilidad legal y la discriminación cotidiana en la salud y la educación –contó Fineo Fernández–. Zaffaroni manifestó que la gente suele no acercarse a los hospitales porque saben que pueden ser denunciados si lo hacen.”
Zaffaroni le dijo ayer a Página/12 que existen conversaciones con legisladores bonaerenses para impulsar en territorio de Carlos Ruckauf una ley similar a la que promulgaron los diputados porteños para proteger a los niños extranjeros de la discriminación en la inscripción en lasescuelas. El INADI organiza, además, con el patrocinio de la Defensoría de la Ciudad, Defensoría del Pueblo de la Nación, el Alto Comité de Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR) y el Ministerio de Relaciones Exteriores un Seminario sobre la Ley de Migraciones, “cuyas conclusiones apuntarán a promover una decisión política para la reforma de la ley”. Fueron convocados la Dirección de Migraciones, los cónsules de los países limítrofes, los diputados que han trabajado en el tema, las iglesias y las colectividades “para ver cómo asesorar a la gente y sacarla de la indefensión”. “Queremos que no tengan que pasar por los gestores que prometen allanarles un camino tortuoso que impone la actual legislación. Cada vez me convenzo más de que detrás de la burocracia se esconde una mafia”, sostuvo.
“Necesitamos políticas claras porque sucede que las leyes se actúan, no basta con tenerlas”, opinó Oliveira. La ombudsman se refirió a casos en que se continúa interpretando que rige la ley inmigratoria y se les niega el ingreso, cuando es inconstitucional. “No han resuelto aún cómo hacer con los chicos para darles los certificados de escolaridad cuando no tienen documentos y hemos enfrentado casos graves como el de una chica paraguaya que debía ser operada en el Hospital Argerich y se negaban a hacerlo –dijo la Defensora del Pueblo–. Sabemos que la discriminación es compleja. Al abogado que se ocupó del tema una autoridad del hospital le dijo: ‘Tengan cuidado con las recomendaciones que hacen porque por ocupar camas con paraguayas se quedan sin atención los argentinos’.”