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Desafuero
en la cuenta regresiva
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La Corte Suprema chilena se reunió ayer. Y el
fallo sobre el desafuero del senador vitalicio Augusto Pinochet
es inminente.
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Por
Francesc Relea
Desde Santiago
 Chile ha dado
en los últimos tiempos dos pasos que, más allá de
sus resultados concretos, abren un escenario nuevo en la defensa de los
derechos humanos violados sistemáticamente durante 17 años
de dictadura. Los militares se han comprometido ante la sociedad chilena
a entregar la información que obtengan sobre el paradero de los
desaparecidos durante el régimen que presidió Augusto Pinochet.
Y el general y dictador puede ser procesado los próximos días
como autor-inductor de 53 homicidios y 19 casos de desaparición
de personas si la Corte Suprema decide retirarle la inmunidad parlamentaria
bajo la que se ampara por su condición de senador vitalicio. Los
20 jueces de la más alta instancia judicial de su país comienzan
hoy a debatir el futuro judicial de Pinochet después de escuchar,
la semana pasada, los alegatos de los abogados de las dos partes.
Es poco probable que el ex dictador se siente en el banquillo, pero no
sólo la Justicia internacional sino la de su propio país,
que durante años ha estado maniatada o sometida a intensas presiones
de los poderes fácticos, lo ha declarado sospechoso. La Corte de
Apelaciones de Santiago votó a favor del desafuero por estimar
que “los antecedentes reunidos a estas alturas de las indagaciones
hacen procedente por esta Corte la declaración de haber lugar a
la formación de causa en relación con el senador Pinochet”.
El juez Juan Guzmán Tapia instruye nada menos que 147 querellas
criminales contra el general.
La Mesa de Diálogo patrocinada por el gobierno de la concertación,
en la que durante 10 meses se han sentado representantes de las Fuerzas
Armadas y de distintos sectores de la sociedad civil, incluidos algunos
abogados de las víctimas de la dictadura, concluyó el pasado
12 de junio sus trabajos con un llamamiento público a entregar
información sobre el paradero de los desaparecidos a cambio de
mantener en secreto la fuente informante. El comandante en jefe del Ejército,
general Ricardo Izurieta, dijo la semana pasada que todas las unidades
ya han recibido la orden de colaborar para difundir la información
anónima que reciban sobre detenidos desaparecidos. Idénticas
medidas han adoptado los carabineros. La Iglesia Católica y la
masonería han ofrecido garantías a todos aquellos que estén
dispuestos a hablar.
Un sector de los familiares, de los abogados y organizaciones de izquierda
–como el Partido Comunista– considera que el acuerdo de la Mesa
de Diálogo sólo abre la puerta a la impunidad de los responsables
de los crímenes. “Las medidas propuestas no contemplan una
investigación del crimen de desaparición forzada o secuestro
sino sólo un aspecto del mismo: la ubicación o destino del
cuerpo de la víctima. Mucho menos contemplan la individualización
de los responsables y su sanción”, añade el recurso
presentado contra la Mesa de Diálogo.
El general sigue en silencio el recurso contra su desafuero en la Corte
Suprema. Refugiado en su mansión del barrio santiaguino de La Dehesa,
le acompañan sus más íntimos, Lucía Hiriart
y sus hijos, que no hacen declaraciones. Estos días no se ha sentado
en los bancos de la sala del palacio de los tribunales ningún militar
en activo ni ningún dirigente de los partidos de derecha que veneraban
hasta hace cuatro días al jefe supremo de la dictadura. En su casa,
Augusto Pinochet apenas recibe a sus abogados. No andan muy bien los ánimos.
El letrado Ricardo Rivadeneira lamenta no tener una relación estrecha
con su cliente: “He tenido reuniones mínimas. No hay posibilidad
de informarle al general porque no está en condiciones de sostener
un diálogo de lo que sucedió en 1973”.
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