Por Claudio Zlotnik
 La desregulación de las telecomunicaciones ingresó en etapa de definiciones. Ayer, todas las empresas del sector �las que ya operan y las que empezarán a hacerlo el próximo 9 de noviembre� desfilaron por el Congreso, y tanto Telefónica como Telecom dejaron sus advertencias aunque no lograron convencer a los legisladores. Esta tarde, ante los diputados y senadores de la Comisión Bicameral expondrá Henoch Aguiar, secretario de Comunicaciones. Página/12 tuvo acceso al dictamen de la Sindicatura General de la Nación, el cual le impone obligaciones a las compañías que ingresan al negocio, que no estaban contempladas en el decreto instructivo de Fernando de la Rúa. La norma, que se conocería dentro de los próximos 15 días, dará marco a la liberalización telefónica.
Las observaciones del titular de la Sigen, Rafael Bielsa, pondrán al Gobierno en un brete. Si bien el jefe de Estado podría desestimarlas, si desatiende las correcciones dejaría un flanco abierto para que Telefónica y Telecom presenten sus quejas. Los siguientes son los principales cambios sugeridos por la Sindicatura.
 Puntualizar las obligaciones, tanto de prestaciones de servicios como de inversiones, que deberán efectuar las nuevas empresas. De lo contrario, �pudiera ser que a poco de andar se presentarán deserciones� que perjudicarían a los usuarios.
Regulación de precios a través de criterios de eficiencia. En caso de que se logre reducir costos podría trasladarse esa merma a las tarifas, con el consiguiente beneficio de los usuarios. En esencia, es una regla similar a la que rige tanto en el mercado eléctrico como en el gasífero.
Establecer penas a las empresas que demoren o interrumpan el servicio. Aquí también Bielsa incorpora una regulación que ya existe para otros sectores, como el eléctrico.
Reclama la intervención del Estado en el fondo fiduciario encargado de distribuir los fondos para subsidiar las regiones menos rentables.
Critica la definición de �Servicio Universal�. Según Bielsa, son tantos los sectores que figuran incluidos allí (jubilados y pensionados, clientes de bajos ingresos, discapacitados, servicios no rentables, altos costos de conexión) que se corre el peligro de que el servicio no pueda ser utilizado por quienes realmente lo necesiten.
Las objeciones al �Servicio Universal� no son propiedad exclusiva de Bielsa. Esta tarde, los legisladores también plantearán sus dudas ante el secretario de Comunicaciones. �Estamos preocupados. Me pregunto si alcanza con el equivalente al uno por ciento de la facturación de las empresas para subsidiar a las regiones menos rentables. Sería imperdonable que la gente con menores recursos no tenga acceso a las telecomunicaciones�, aseveró en diálogo con este diario Pedro del Piero, senador de la Alianza y miembro de la Bicameral.
Una vez que escuchen a Henoch Aguiar, los legisladores también se pronunciarán. Al respecto, el PJ y la Alianza están consensuado emitir un único dictamen. Después, será De la Rúa quien decida si incorpora las sugerencias al decreto instructivo que emitió hace poco más de un mes. La norma definitiva será de enorme importancia para los usuarios. De las características que tenga la apertura en el negocio de las telecomunicaciones dependerá no sólo el precio de los servicios sino además la igualdad de posibilidades que tenga un ciudadano de la Capital con otro que viva en Formosa o Santa Cruz, por ejemplo.
Precisamente, la manera en que el Gobierno debería desregular el mercado sobrevoló toda la reunión de los legisladores con los empresarios. En ese marco, cada uno defendió su posición. Telefónica y Telecom volvieron a oponerse a varios aspectos de la iniciativa oficial. �El proyecto es asimétrico�, sostuvo Carlos Fernández Prida, titular de Telefónica. �Hay desigualdades� respecto de las posibilidades que tendrán las empresas entrantes, en su mayoría estadounidenses, con las de Telefónica y Telecom.�Los nuevos prestadores no tienen obligaciones de cobertura ni de metas de inversión�, aseveró, por su parte, Guido Salerno, vicepresidente de Telecom. Ambos, además, volvieron a plantear que, tal como está, el marco regulatorio podría desencadenar desinversiones por parte de una y otra.
Básicamente, Telefónica y Telecom critican que las compañías que se sumarán al negocio abonarán un �peaje� barato para utilizar las redes ya instaladas por ellas mismas (1,1 centavo por minuto), y no tendrán la obligación de atender a las regiones �no rentables�. No obstante, los lamentos de las telefónicas no tuvieron eco entre los senadores y diputados.
| La renuncia de Villalonga
La junta directiva de Telefónica de España aceptaría hoy la renuncia de su presidente, Juan Villalonga, tras varios meses de una feroz controversia a raíz de una investigación bursátil por supuesto uso de información privilegiada en su beneficio. Villalonga habría sido convencido por los miembros del �núcleo duro� de accionistas de Telefónica, el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria y la Caixa, de dimitir. El presidente del gobierno español, José María Aznar �que lo impulsó para ocupar ese cargo�, le había retirado la confianza semanas atrás al trascender que en enero de 1998 adquirió opciones sobre acciones de su compañía, al mismo tiempo que realizaba negociaciones reservadas para una alianza con la estadounidense MCI-WorldCom, que hubieran valorizado sensiblemente dichos papeles. La operación fracasó, pero Villalonga revendió al cabo de 13 días los títulos con una plusvalía de más de 125 mil dólares. Su puesto sería ocupado por César Alierta, miembro del directorio de Telefónica y copresidente de la controlada Altadis, pero con menos atribuciones a las de su antecesor. |
|
