Por Victoria Ginzberg
 �Preocupación.� Fue la palabra elegida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA para dirigirse al Gobierno ante el peligro que corren los juicios en los que se investiga lo ocurrido con los desaparecidos y el plan para apropiarse de sus hijos. En una comunicación que también deberán leer con atención los ministros de la Corte Suprema de Justicia, la CIDH le recordó al Estado argentino sus compromisos internacionales y pidió que en un plazo de treinta días le envíe �información detallada� para evaluar el conflicto planteado por los movimientos del máximo tribunal de la Nación. En un llamado de alerta hacia funcionarios ejecutivos y judiciales, el organismo internacional dejó claro que �los tribunales militares no ofrecen garantías de imparcialidad e independencia� para investigar los crímenes de la dictadura.
�La Comisión insta a su ilustrado gobierno a emplear todas las medidas a su alcance para garantizar el debido cumplimiento del Acuerdo y de las obligaciones internacionales que ha asumido respecto a la protección de los derechos humanos de las personas sujetas a su jurisdicción�, manifestó en una carta fechada ayer el secretario ejecutivo del organismo, Jorge Taiana. El acuerdo que mencionó la CIDH es el firmado entre el Estado y Carmen Aguiar de Lapacó como �solución amistosa� a la denuncia que hicieron los organismos de derechos humanos cuando la Corte Suprema le negó a Lapacó el derecho de conocer el destino de su hija Alejandra, desaparecida el 17 de marzo de 1977.
En noviembre del año pasado, el gobierno menemista decidió reconocer �y declarar imprescriptible� el derecho a la verdad. Entre otras medidas, se comprometió a gestionar las normas necesarias para que las cámaras federales de todo el país tuvieran competencia exclusiva en los casos de averiguación del destino de los desaparecidos. En la misma resolución, se aclaró que las causas por apropiación de menores y sustitución de identidad seguirían en los juzgados federales de primera instancia.
La semana pasada ocho agrupaciones de derechos humanos se dirigieron a la Comisión Interamericana para informar que �el Estado argentino, mediante el actuar de diversos funcionarios (Consejo Supremo de Fuerzas Armadas, militares de alto rango, jueces de la Sala IV de la Cámara de Casación Penal, jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación) y la omisión de los funcionarios políticos competentes ha puesto en serio peligro la posibilidad de avanzar en las causas en las que se investiga el destino de los desaparecidos y en las que se persiguen penalmente a los autores del plan sistemático de apropiación de menores durante la última dictadura militar�.
La inquietud de los organismos de derechos humanos, compartida por la Comisión Interamericana, que respondió en menos de diez días, se debió a dos casi simultáneas acciones de la Corte Suprema: una en el Juicio por la Verdad de la Cámara Federal de Bahía Blanca y otra en la investigación del plan de apropiación de los hijos de desaparecidos que lleva adelante el juez federal Adolfo Bagnasco.
En la primera, el máximo tribunal de la Nación ordenó a la Cámara Federal de Bahía Blanca que enviara a la Cámara de Casación Penal todo el expediente �formado por más de quince mil hojas� en el que se investigan los crímenes de la última dictadura en jurisdicción del Quinto Cuerpo del Ejército. Casación debía resolver un incidente separado planteado por el coronel Julián Oscar Corres y la solicitud de todos los originales alertó a la Cámara bahiense, que interpretó que había una maniobra para quitarle la causa y planteó un conflicto de competencia. Finalmente, la intervención de la Corte fue equivalente a las pretensiones de los militares, que esperan que el tribunal supremo �ordene� los Juicios por la Verdad que se están realizando en todo el país.
En el caso de la causa por el robo de bebés, la Corte solicitó �y paralizó� el expediente para decidir si el Consejo Supremo de las FuerzasArmadas es competente para juzgar a los militares responsables del robo de bebés durante la dictadura. �La Comisión ha expresado de manera reiterada que el uso del fuero militar para investigar graves violaciones a los derechos humanos y juzgar a los responsables no ofrece garantías de independencia e imparcialidad y no satisface la obligación del Estado de brindar la debida protección judicial a las personas sujetas a su jurisdicción�, expuso la CIDH en el mensaje enviado ayer al Gobierno.
En medio de los movimientos de la Corte, el jefe del Ejército, Ricardo Brinzoni, impulsó una �mesa de diálogo� entre represores y familiares de las víctimas del terrorismo de Estado. Esta propuesta fue rechazada de plano por los organismos de derechos humanos ya que, aunque se presenta como �complementaria� a la vía judicial, aspira a convertirse en un nuevo punto final a los juicios sobre desaparecidos.
Según un funcionario del Gobierno, el pedido de informes de la comisión, obligará a los ministerios involucrados �Justicia y Defensa al menos� a expresar su posición sobre estos temas. �El ministro de Justicia, Ricardo Gil Lavedra, ya dijo que el tema de robo de bebés es simple. Que la Convención sobre Desaparición Forzada de Personas inhibe que el fuero militar intervenga en el tema. Ese es el pensamiento del Poder Ejecutivo. Y es de suponer que la Corte va a fallar en ese sentido�, manifestó la subsecretaria de Derechos Humanos, Diana Conti. Sobre las causas en las que se investiga el destino de los desaparecidos, la funcionaria aseguró que �se va a respetar a la Justicia�.
Luego de las críticas nacionales e internacionales que recibió la Corte al negarle a Lapacó el derecho a saber qué había ocurrido con su hija, el Tribunal falló a favor de la familia de Benito Urteaga, que pidió conocer el destino del líder del ERP. Pero en esa ocasión, los ministros apoyaron un pedido de habeas data, acción que se tramita por un tribunal de primera instancia en el fuero civil. Según el acuerdo firmado por el Estado argentino, las investigaciones sobre desaparecidos deben realizarse en las Cámaras Federales, es decir como causas penales, aunque no puedan condenar a los responsables.
Después de que la CIDH reciba la información que solicitó, podría ordenar ciertas �medidas cautelares�, que fueron pedidas por los organismos de derechos humanos. Si el Gobierno incumple el compromiso contraído a fines de la gestión menemista, las agrupaciones retomarán las acciones y pedirán nuevas sanciones contra el Estado en organismos internacionales.
| Claves
 La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se dirigió al Gobierno para expresar su �preocupación� sobre los cuestionamientos de competencia realizados por la Corte Suprema en las causas sobre derecho a la verdad y por apropiaciones de menores durante la dictadura.
La CIDH recordó que el Gobierno se comprometió a que las Cámaras Federales investiguen lo ocurrido con los desaparecidos.
En relación al robo de bebés manifestó que los tribunales militares �no ofrecen garantías de independencia e imparcialidad�.
El organismo de la OEA otorgó al Gobierno un plazo de 30 días para que le informe la situación de las causas relacionadas con los desaparecidos.
Los planteos de la Comisión surgen a raíz de una presentación de los organismos de derechos humanos hecha después de que la Corte Suprema interviniera en el Juicio por la Verdad de Bahía Blanca y en el que se investiga el plan para apropiarse de los hijos de desaparecidos.
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| Israel toma partido
Por R. K.
El Parlamento de Israel resolvió constituir una comisión que investigará la cuestión de los desaparecidos en la Argentina. Al frente de esa comisión quedan nada menos que el director general del Ministerio de Justicia, Shlomo Gur, y el director general de la Cancillería, Eitan Bentzur. El objetivo será determinar qué pasó con los integrantes de familias judías que fueron secuestrados durante el Proceso y establecer el lugar en el que fueron enterrados. Paralelamente, la idea es darles una sepultura judía.
Para todas las personas que tengan información sobre desaparecidos judíos, el Parlamento puso en funcionamiento varios teléfonos. Los que puedan brindar datos en castellano pueden llamar en Jerusalén al 0097222530-3558 para hablar con el especialista de la Cancillería, Alex Ben Tvi; en hebreo con Yael Pressman 009722-6466686, o bien por correo electrónico a [email protected]
Otro de los objetivos de la Comisión será tomar contacto con las familias que perdieron alguno de sus miembros y ofrecerles formas de apoyo, aunque no se especifica exactamente qué tipo de respaldo se dará.
De la resolución adoptada por el Parlamento no surge ninguna iniciativa en el terreno político. Es decir, no se hará un planteo ante el gobierno argentino y tampoco en la Justicia, al estilo de lo realizado por Francia, España, Suecia y Alemania. Un grupo de familiares de desaparecidos judíos, junto al periodista Herman Schiller, había hecho distintas gestiones para conseguir que Israel tuviera algún tipo de gesto referido a la cuestión de los desaparecidos. El año pasado, también la AMIA resolvió crear una Comisión de Derechos Humanos, justamente para reclamar que los desaparecidos puedan tener una sepultura judía. La Comisión creada puede ser el puntapié inicial en un tema en el que los sucesivos
gobiernos de Israel no quisieron meterse. |
MARCHA EN JUJUY Y ESCRACHE EN BUENOS AIRES
Para recordar el �apagón�
El 27 de julio de 1976 policías y militares en vehículos con el logo del Ingenio Ledesma secuestraron en Libertador General San Martín y Calilegua, dos pueblos jujeños que están a más de cien kilómetros de San Salvador, a centenares de obreros, docentes y activistas gremiales, políticos y estudiantiles. Hoy, representantes de organismos de derechos humanos de todo el país recorrerán los diez kilómetros que separan Calilegua de Libertador General San Martín para recordar el hecho. En Buenos Aires, la agrupación HIJOS convoca a un escrache a la dueña actual del ingenio, Nelly Arrieta de Blaquier en el Museo de Bellas Artes.
Hace 24 años Libertador General San Martín se quedó a oscuras. Las luces de todo el pueblo �el generador estaba adentro de la fábrica� se apagaron para dejar actuar a los represores. De las cientos de personas que fueron secuestradas, 32 aún continúan desaparecidas.
Olga Márquez de Arédez marcha sola todos los jueves en la plaza del pueblo donde su marido, el intendente, fue secuestrado esa noche y continúa desaparecido. Después de 24 años, algunas Madres murieron y otras están enfermas. Pero un jueves por año, Arédez camina en compañía de gente de todo el país. �La novedad es que personas de este pueblo y de esta provincia nos empiezan a acompañar. Antes no se animaban, nos calificaban de subversivas, de terroristas y de extremistas�, manifestó la mujer.
En Buenos Aires los miembros de HIJOS, acompañados por otras agrupaciones de derechos humanos, políticas y estudiantiles escracharán a Blaquier, quien dirige la Asociación Amigos del Museo de Bellas Artes y organiza la �Feria del Sol�. �Los milicos operaron según listas entregadas por los jerarcas del ingenio propiedad de la familia Blaquier. Este no es un problema lejano, la Gendarmería aún tiene su cuartel en tierras del ingenio y en el �97 reprimió con ferocidad a los desocupados, echados a la calle por la �modernización� del ingenio, que cortaban la ruta pacíficamente reclamando trabajo�, manifestó HIJOS en un comunicado. La cita es hoy, a las 17, en Las Heras y Pueyrredón.
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opinion
Por Horacio Verbitsky |
| No hay futuro
El general Ricardo Brinzoni confesó ayer que, bajo su conducción, el Ejército no tiene futuro. En la operación de prensa más chapucera que se recuerde en muchos años, Brinzoni formuló declaraciones autoderrotistas a los diarios Clarín y La Voz del Interior. Bajo la forma de un reportaje, monologó su impotencia para salir del laberinto en el que se introdujo por propia voluntad y ante la mirada obtusa del gobierno nacional.
Sin pudor dijo que no era posible pensar en el diseño de un Ejército a futuro sin una solución a los problemas del pasado, eufemismo que usó para referirse a las consecuencias de la guerra sucia militar contra la sociedad argentina. �Es una de nuestras principales preocupaciones�, agregó.
Que el pronunciamiento sobre un tema eminentemente político y con aristas judiciales quede a cargo de un simple asesor del ministro de Defensa, que eso es el Jefe de Estado Mayor del Ejército, pone también de relieve la defección del poder político, que deja librados a los militares a su suerte, con el patético resultado previsible, dada su reconocida capacidad para meterse en líos.
Entre los esfuerzos institucionales que el Ejército habría hecho por mejorar su vínculo con la sociedad, Brinzoni mencionó tanto la autocrítica de Martín Balza como las leyes de punto final y de obediencia debida, que atribuyó al ex Jefe de Estado Mayor Héctor Ríos Ereñú. Notable primicia: hasta ahora se creía que eran obra del ex presidente Raúl Alfonsín. La mención a Ríos Ereñú no es en absoluto casual: Brinzoni propone al Ejército un salto atrás de casi quince años y, en vez de colocar su mente en un limpio futuro dedicado a la Defensa hunde sus botines en la ciénaga del pasado, que terminará por tragárselo, como a todos quienes acudieron en socorro de los asesinos de entonces iluminados por la doctrina de la Seguridad Nacional.
Brinzoni dijo muy suelto de cuerpo que los juicios �no han conducido a nada, a ningún logro�. Aparte de temeraria, porque invade un terreno que está vedado a un subalterno, esta afirmación es falsa:
En Córdoba el juicio permitió esclarecer en detalle el alevoso asesinato del detenido Raúl Bauducco en la Unidad Penitenciaria 1.
En Bahía Blanca, ya ha servido para confirmar por boca castrense el funcionamiento de un campo clandestino de concentración, en el que se torturaba a los prisioneros secuestrados.
En La Plata llevó a la identificación de lugares antes desconocidos donde fueron atormentadas personas desaparecidas.
Brinzoni también dijo que, a diferencia de Balza, él tuvo un oficial detenido en cuanto asumió, el 13 de diciembre. Es otra falsedad. Ese día declaró como testigo el teniente coronel Julián Corres, alias Laucha, el oficial que admitió haber prestado custodia exterior al campo, �La Escuelita�. Sólo fue denunciado por falso testimonio, ya que algunos de sus dichos contradijeron los de las víctimas. Nada de lo que dijo podrá usarse nunca en su contra porque lo beneficiaron las leyes de impunidad. Lo que Brinzoni debería haber hecho es pasarlo a retiro en cuanto fue reconocido por sus víctimas, porque así lo recomendó a la Argentina el comité de derechos humanos de Naciones Unidas. Lejos de ello, lo mantuvo en actividad. El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ricardo Gil Lavedra, quien había aconsejado ese camino al presidente, no volvió a decir esta boca es mía. Una vez más, un gobierno radical cede la palabra a quienes sólo deberían escuchar en silencio. Así le volverá a ir. Quien renuncie a conducir a los militares, que se prepare para las consecuencias.
Horas después de difundidas las declaraciones de Brinzoni, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, en respuesta a una denuncia elaborada por el CELS y respaldada por todos los organismos nacionales de derechos humanos, comunicó su preocupación al gobierno nacional por laposible sustracción de las Cámaras Federales de los juicios por la verdad y por la eventual transferencia a la justicia militar de las causas por el robo de bebés. Esto permite imaginar el tipo de conflicto internacional que aguarda a la Argentina si no hay un rápido reencausamiento del rumbo perdido.
La deserción del sistema político llegó a tal extremo que el único civil vinculado al poder que se pronunció fue el vocero de Alfonsín, Federico Polak. En un artículo sibilino publicado en La Nación, con citas de tratadistas importantes del derecho humanitario, Polak desahució la disparatada �mesa de la reconciliación� de Brinzoni y reveló lo que se espera de la Corte Suprema de Justicia, de la que el gobierno intenta servirse con tanto descaro como el menemismo. �Un fallo institucional� de la Corte debería indicar �la metodología adecuada� para la continuación de los juicios por la verdad, �sin que implique persecución penal�. Esa sentencia provocaría �el dictado de una ley que determine la competencia de los genéricamente denominados tribunales civiles, con protección e inmunidad de testigos. Muchos quieren hablar, pero temen. Temor justificado, pues se está utilizando una práctica paradojal de cercenamiento de derechos elementales a antiguos represores�. Exactamente lo mismo declaró la subsecretaria Diana Conti, insospechable de pensamiento propio, en un reportaje al diario Río Negro el 13 de enero, y en declaraciones a varios diarios en abril. El fiscal general de Bahía Blanca, Hugo Cañón, dijo entonces a este diario que �tuve conocimiento directo de gestiones oficiales al más alto nivel, para �unificar criterios�, para evitar que cada fiscal o cada cámara o juzgado actúe independientemente. Se pretendía �uniformarnos�, si era necesario -incluso� con intervención de la Cámara de Casación o de la Corte Suprema de Justicia de la Nación�. Esa sigue siendo la jugada.
El ministro de Defensa finge demencia y el único que opina, a través de su vocero, es Alfonsín, cuyos pasos en esta materia quiere seguir por alguna misteriosa razón el presidente Fernando De la Rúa. El año pasado Polak fue propuesto para la Subsecretaría de Derechos Humanos y vetado por todos los organismos de sector. Ha sido imputado y sometido a proceso por el juez Tomás Bravo, en la causa por la quiebra fraudulenta del Racing Club, �en virtud de haber integrado prima facie la comisión fiscalizadora�. La imputación por la cual se libró orden de detención en su contra, que fue levantada cuando se presentó, prestó declaración y fue excarcelado bajo caución real de 10.000 pesos, fue de administración fraudulenta en concurso real con quiebra fraudulenta. Pidió su sobreseimiento y el juez no se la concedió. Esa decisión quedará para el momento de la elevación a juicio.
Sin duda, con esta conducción y con tales voceros, para el Ejército no hay futuro. |
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