Por Santiago Rodríguez
 �Mi hombre de confianza es Feletti, oferten ustedes y después vemos�, dijo Aníbal Ibarra cuando le sugirieron que la designación del presidente del Banco Ciudad debía constituir �una señal de confianza al establishment�. Ninguno de los nombres que le propusieron hasta el momento cubre sus expectativas del modo en que lo hace Roberto Feletti, aunque Roque Maccarone �impulsado por Fernando de la Rúa� aparece como una alternativa posible, salvo porque no ha manifestado mayor interés por regresar a la actividad pública.
La presidencia del Ciudad es la vacante más importante de las que a Ibarra le quedan aún por cubrir. El futuro jefe de Gobierno se mantiene firme en su idea de que Feletti es la persona indicada para ese cargo, aunque está atento también a los mensajes de los máximos referentes de la Alianza.
�Debe ser alguien que goce de la confianza del establishment�, es la opinión que le transmitieron De la Rúa y Carlos �Chacho� Alvarez. El vicepresidente, incluso, se había reunido la semana pasada con Javier González Fraga y Martín Redrado para conocer la opinión de ambos sobre la marcha de la economía y después los puso como ejemplo del �tipo de hombre� que habría que designar al frente del Ciudad.
Maccarone, en cambio, apareció del lado de la Casa Rosada: el ministro de Economía, José Luis Machinea, se lo mencionó a Alvarez, quien trasladó su nombre a Ibarra.
González Fraga fue descartado por Ibarra, aunque a su vez hizo saber a quienes lo tantearon que no le seducía la idea de conducir el Ciudad. A Redrado, en cambio, no le disgusta el cargo, pero el futuro jefe de Gobierno considera que podría serle de mayor utilidad en algún otro lugar. �Lo ve con capacidad de gestión y nos acercaría a un sector del electorado que no votó a la Alianza. Podría hacerse cargo de algún programa especial de gobierno�, explicó a Página/12 un colaborador de Ibarra.
Maccarone es una posibilidad. �Se opuso a la privatización del Nación y entiende que el banco debe ser una herramienta de las políticas públicas y no un instrumento para ganar plata en el mercado financiero�, evaluó uno de los aliancistas con los que Ibarra habla del tema. �Reúne las mejores características: es del establishmet y nunca fue objeto de cuestionamientos como los que sí tuvieron González Fraga y Redrado�, agregó otro dirigente.
El problema con el ex presidente del Río y el Nación es que un operador de Machinea lo sondeó y no encontró la mejor respuesta: le habló de sus 67 años, de lo bien que le sentaba su actual cargo de asesor en el Banco de Galicia y de sus ganas de jubilarse sin regresar a la actividad pública.
Los hombres de la Alianza que consideran que sería bueno dar una buena señal al establishment no descartan encontrar un nuevo candidato que satisfaga las expectativas del futuro jefe de Gobierno. Ibarra, de todos modos, sigue creyendo que Feletti es el hombre indicado y su idea es dejarlo como vicepresidente del banco, aun en el caso de que resuelva nombrar otro titular.
Aunque un sector vinculado con Alvarez considera conveniente que Feletti secunde a Miguel Pesce en la Secretaría de Hacienda, su presencia en el Ciudad es percibida por Ibarra como una garantía de lo que pretende del banco: que deje de otorgar créditos sólo a aquellos que ofrecen plena garantía de pago y empiece a conceder préstamos con fines productivos, para convertirse así en uno de los motores del desarrollo económico porteño.
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opinion
Por Jesús Rodríguez (*) |
| Reserva con descontrol, mala combinación
Un film de la década del �70, I como Icaro, muestra en el asesinato de John Kennedy un caso extremo de cómo actúan las fuerzas que se escudan en el secreto de Estado. Entonces la guerra fría �justificaba� la intromisión de los servicios de seguridad en las cuestiones internas de un país con una larga trayectoria democrática.
Terminado el conflicto Este-Oeste, los gastos en seguridad e inteligencia se han direccionado, entre otros objetivos, hacia la lucha contra el narcotráfico y el lavado de dinero. Y una forma de que las acciones que se amparan en la hermética �razón de Estado� sean controladas por la ciudadanía es que sus representantes (los legisladores) tomemos la responsabilidad de aprobar y controlar el financiamiento de dichas actividades. La eliminación de la opacidad de los actos de gobierno es un mandato popular que el gobierno de la Alianza ha interpretado y recogido como un compromiso ante sus electores. En esa ruta los llamados �gastos reservados� están bajo la mira de la opinión pública y por eso el bloque UCR-Frepaso presentó un proyecto de ley para lograr un replanteo general del control de los gastos reservados, secretos, confidenciales o clasificados desde el punto de vista jurídico, funcional y orgánico.
La ley 18.302 promulgada por el gobierno de facto del general Juan Carlos Onganía da el marco para que los fondos reservados sean distribuidos entre los servicios de seguridad, inteligencia y de defensa. En los albores del gobierno de Raúl Alfonsín, la limitación de los �gastos reservados� figuraba dentro de las prioridades. El motivo era que los organismos de seguridad e inteligencia, dominados aún por estructuras mentales autoritarias, contaban con partidas importantes para realizar �operaciones�.
Para revertir esta situación, en 1984 se aprobó en la ley de presupuesto 23.110, el artículo 35 en el cual se acotaba el uso de los créditos para gastos reservados a la Secretaría General de la Presidencia y a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).
De esta manera, el artículo 37 derogaba las leyes secretas que daban partidas a los siguientes organismos: Secretaría de Planificación; Ministerio del Interior; Policía Federal; Ministerio de Relaciones Exteriores; Ministerio de Defensa; Estado Mayor Conjunto; Servicio Penitenciario Federal; Dirección Nacional de Gendarmería y a los Estados Mayores del Ejército y la Fuerza Aérea.
Durante los �90 los �gastos reservados� volvieron a salirse de madre. Ministros (de Economía e Interior), secretarios (Lucha contra el narcotráfico) y la Comisión Nacional de Energía Atómica dispusieron por obra y gracia del Poder Ejecutivo de distintas partidas que no fueron aprobadas por el Congreso.
Es cierto que las motivaciones originarias se habían diluido. Pero no es menos cierto que la discrecionalidad del poder político alimentó las sospechas y propició el descrédito de la actividad política en los tiempos de Menem.
Cambiar esa situación hoy es aún más urgente por el reclamo popular de austeridad en la optimización del gasto de cada centavo del erario público. Más aún: la legitimidad del uso de los gastos reservados está directamente relacionada con la credibilidad de la dirigencia política.
El proyecto de la Alianza propone la creación de sendas comisiones de Tratamiento y Control de Gastos Reservados en el Senado y en Diputados. Las mismas tendrán la facultad de supervisar y controlar los gastos mencionados, exigiendo la rendición exhaustiva de cuentas a cada organismo que sea autorizado a disponer de dichas partidas presupuestarias.
Las comisiones deberán elaborar un informe mensual al Poder Ejecutivo Nacional. Uno público y otro reservado, atento a que existen cuestiones de seguridad en las que la información tiene naturaleza secreta. Justamente, para preservar este tipo de información, los miembros de las comisiones legislativas incurrirán en falta grave si la divulgarán. Se invita a las provincias a sancionar leyes con espíritu semejante para unificar criterios y finalmente, y aquí reside el replanteo general taxativo, se anulará toda ley secreta o norma que verse sobre gastos reservados y que se opone a este proyecto.
Con esta iniciativa, el Poder Legislativo recuperará prestigio, las arcas públicas ahorro, los servicios de seguridad eficiencia operativa y la ciudadanía un mejor control sobre esta controvertida cuestión.
(*) Diputado nacional, UCR-Alianza. |
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