Por David Cufré
 Un grupo de los empresarios más poderosos del país le llevaron sus reclamos a Fernando de la Rúa. Fue ayer, durante una reunión en Olivos con los miembros de la Fundación Invertir. El planteo de los hombres de negocios, que por primera vez lo expusieron directamente a De la Rúa, se refirió al conflicto que compañías de primera línea mantienen con varios gobiernos provinciales y municipales por cuestiones impositivas. El tema ocupó la mayor parte de la reunión, que se suponía tendría por objeto un aspecto más protocolar: el análisis del Programa de Trabajo para la Promoción de Inversiones elaborado por la FI. Sin embargo, los empresarios respondieron al pedido del Presidente de aumentar sus inversiones en economías regionales con sus propias quejas. �El Gobierno nos pide que invirtamos en el interior del país, pero su voracidad fiscal termina ahuyentando los proyectos�, enfatizó en diálogo con Página/12 el director general de Disco, Eduardo Orteu.
El reclamo de los empresarios es que los gobiernos provinciales aumentan impuestos para cubrir sus urgencias fiscales. No fue casual que los ejecutivos expusieran el tema a De la Rúa horas antes de su encuentro con los gobernadores. Su intención fue que el Presidente incluyera esta cuestión en la agenda.
Oscar Vicente, número dos de Pérez Companc, fue el primero en arrojar el tema sobre la mesa. Le dijo a De la Rúa que el gobierno nacional debe intervenir en esta disputa, y propuso que se cree la figura de un mediador para resolver los conflictos. �El Gobierno debe tener un �activador oficial� de los proyectos de inversión grandes, porque muchas veces cuando los emprendimientos comienzan a andar, las provincias, que necesitan ingresos, crean cánones y tasas por derecho de paso, producción o impacto ambiental� que terminan desalentando las inversiones, puntualizó Vicente.
Carlos Fernández Prida, presidente de Telefónica; Orteu, de Disco, y otros influyentes empresarios tomaron la posta y expusieron sus propios casos. Uno de los más conflictivos, que involucra a empresas petroleras y gasíferas, derivó en una demanda de la compañía estadounidense Enron ante un tribunal internacional. La demanda es por 500 millones de dólares. Si bien el conflicto de la compañía es con Neuquén, la demanda recayó en el gobierno nacional por haber firmado un tratado de garantía de inversiones extranjeras. Pérez Companc está en conflicto con Neuquén por la misma causa: la pretensión de la provincia de cobrar el impuesto a los sellos en operaciones entre ausentes, de acuerdo con una nueva interpretación de la aplicabilidad de ese gravamen.
Los empresarios suelen recorrer despachos de funcionarios de segunda línea de distintos ministerios buscando una solución a sus problemas con las provincias. Machinea se reunió hace dos meses con los presidentes de las compañías petroleras para tratar de zanjar la disputa con Neuquén y otros distritos por el tema Sellos. Orteu explicó a Página/12 la posición empresaria: �Muchas provincias y municipios tienen problemas fiscales, y la manera en que intentan resolverlos es cobrándoles nuevos impuestos o aumentarles los existentes a las grandes compañías. Por ejemplo, en nuestro sector se ha producido un aumento de tasas municipales de higiene y seguridad ambiental�, dijo el director de Disco.
En otros casos, las provincias o municipalidades pretenden cobrar impuestos por el tendido de cables de las telefónicas. El tema genera gran preocupación entre los empresarios, quienes ayer aprovecharon para exponerlo directamente a De la Rúa. El secretario de Programación Económica, Miguel Bein, le dijo a este diario que comparte la idea de instaurar la figura del mediador, a fin de resolver los conflictos entre las provincias y el sector privado.
DENUNCIA EN LA OA POR AEROLINEAS
Dromi, Cavallo & Cía.
La diputada aliancista y secretaria general del gremio de Aeronavegantes, Alicia Castro, presentó ante la Oficina Anticorrupción una denuncia para que se investigue a miembros del anterior gobierno por el cobro de una supuesta coima al momento de la privatización de Aerolíneas Argentinas. La legisladora reiteró también sus acusaciones contra los directivos españoles por el vaciamiento de la compañía.
A la hora de citar a los responsables, Castro señaló a los ex ministros de Carlos Menem, Roberto Dromi y Domingo Cavallo. Pero las culpas también alcanzan a �los más pequeños y oscuros� funcionarios que, por acción u omisión, contribuyeron �al vaciamiento y al deterioro administrativo de nuestra compañía�.
Sobre el presunto pago de una coima al momento de la privatización, la diputada señaló que incluso �consta en los mismos balances�, bajo el rubro �costos asociados�. Pero lo más grave fue que �este pecado original fue el que muchas veces motivó que se fueran tapando los descalabros del grupo� y también �las sucesivas renegociaciones que permitieron que se haga cualquier cosa�.
Castro también consideró que el conflicto entre los trabajadores de Aerolíneas Argentinas y la empresa no debe ser resuelto en el ámbito del Ministerio de Trabajo, pues �el problema de la empresa no es laboral sino societario y patrimonial�.
Aunque la legisladora se mostró escéptica sobre la transformación de pasivos en capital por 208 millones de pesos, decidida en la asamblea de accionistas del pasado lunes, consideró que el Gobierno debe aprovechar la postergación hasta septiembre para presionar a su par �español como lo ha estado haciendo, al máximo nivel, de Estado a Estado�.
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